CASO CHEVRON

PRÓLOGO
La primera vez que escuché hablar del juicio de Lago Agrio fue cuando, en 2007, una cadena de televisión de los Estados Unidos hizo mención de Pablo Fajardo, uno de los líderes y abogados del Frente de Defensa de la Amazonía. Para entonces, más allá del interés general que puede haber generado la noticia, nunca imaginé las dimensiones del conflicto legal en el que pronto me vería involucrado como abogado del Estado.

Mucho antes de mi llegada a la Procuraduría General del Estado, y probablemente después de que yo me haya ido de esta institución, Chevron ha litigado y seguirá litigando esta controversia, en sus palabras: “hasta que el infierno se congele”, para evitar hacerse responsable del daño ambiental causado en la Amazonía ecuatoriana por la operación de Texaco, empresa adquirida por Chevron a inicios del presente siglo.

Contar estos hechos desde la óptica del Estado ecuatoriano -que no es parte del juicio ambiental en Lago Agrio- es describir la historia de una controversia sin sentido en la que, forzando el derecho internacional y el Sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado, se ha generado un proceso arbitral amorfo, a través del cual se pretende re litigar con el Estado en jurisdicción internacional, una controversia civil entre partes privadas, en un foro donde la parte interesada no posee voz, y en el que se involucra a un tercero que no es parte, a través de la forzada figura de la denegación de justicia.

El relato de una controversia judicial siempre será un desafío que los abogados podemos volver más complejo. La descripción de esta controversia, que incluye varios procesos en diversas jurisdicciones, es un reto sin precedentes. Sin embargo, luego de ocho años de hablar y escuchar hablar sobre el caso Chevron, no me queda duda sobre la necesidad de que la Procuraduría General del Estado aborde el tema jurídico, sin perder de vista la controversia de fondo, ni el drama humano que subyace detrás de los escenarios legales.

Al asumir este reto, soy consciente de que es imposible contar cada detalle de los procesos legales y que aún si esto fuera posible, sería innecesario distraer la atención del lector entre tecnicismos legales y etapas procesales, pues si bien mucho de su contenido será jurídico, más que plantear un alegato o dar una cátedra de Derecho, lo que se pretende es contar la historia de una estrategia basada en la fragilidad de un sistema de solución de controversias que perdió el camino de la aplicación del Derecho en su afán de servir al capital.

Este blog busca poner a disposición del lector, en forma didáctica y de fácil lectura, la historia del arbitraje de inversiones planteado por Chevron Texaco en contra del Estado ecuatoriano al que, para efectos de identificación, hemos llamado Chevron III. Mediante este arbitraje la transnacional pretende trasladar a Ecuador la responsabilidad por cualquier valor que tuviera que asumir dentro del ‘Juicio de Lago Agrio’.

Por supuesto, para entender la controversia del caso Chevron III, se abordará brevemente las controversias relacionadas, sea que estas se hayan desarrollado paralela, o previamente. Por ejemplo, a modo de antecedente, será necesario conocer lo que ocurrió en el Juicio Aguinda, o en el caso Chevron I, así como los entretelones del Juicio de Lago Agrio, o la Acción RICO, entre otros. Insisto en que estamos frente a un reto, no obstante, hemos capitalizado todo nuestro empeño para poner a su disposición una versión de esta historia que les permita comprender, finalmente, todas las aristas de la descomunal estrategia jurídica de Chevron, y el gran esfuerzo que la defensa del Estado ecuatoriano ha debido desplegar para hacer frente al inmenso poder de la transnacional.

Para abril de 2008, cuando por primera ocasión asumí el cargo de Procurador General del Estado, la controversia por la contaminación que Texaco había causado en Lago Agrio durante su operación en la Amazonía ecuatoriana, ya llevaba más de 15 años. Durante ese lapso se había desarrollado y concluido el llamado ‘Juicio Aguinda’, que es el antecedente de la controversia de Lago Agrio en las Cortes del Distrito Sur de Nueva York, en la que Chevron argumentó que era necesario que la diferencia se tramitara en Ecuador y, por tanto, presentó y defendió al sistema judicial ecuatoriano ante las cortes de los Estados Unidos. En 2002, a pedido de Chevron, la Corte de Apelaciones ratificó la desestimación de la corte de primera instancia de la Demanda de Aguinda sobre la base de la objeción de forum non conveniens. Los esfuerzos de Chevron y Texaco para que el caso no se decida en los Estados Unidos finalizaron y su deseo de que el caso se decidiera en Ecuador, se hizo realidad.

Aunque Chevron pasó casi diez años intentando llevarse la controversia ambiental desde Nueva York al Ecuador, y finalmente lo logró, concluido el ‘juicio Aguinda’, en 2002, e iniciado el ‘Juicio de Lago Agrio’, en 2003, Chevron cambia su discurso y estrategia legal, e inicia un primer arbitraje contra el Estado ecuatoriano ante la Asociación Americana de Arbitraje en Nueva York. Ante este primer intento de vincular al Estado en esta controversia, Ecuador presentó una petición ante una corte de los Estados Unidos y, tras varios años de litigio, en 2007, prevaleció en dicha corte, cerrando este arbitraje. En 2008 la Corte de Apelaciones ratificó la decisión y la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a conocer la petición de Chevron para reconsiderar el rechazo unánime de su demanda por parte de la corte de primera instancia. A esta controversia la hemos identificado como Chevron I; ustedes podrán leer sobre ella en la primera parte de esta publicación.

En septiembre de 2009, en forma prematura, como siempre lo hemos sostenido, Chevron inició su nueva estrategia litigiosa, mediante la presentación de una demanda arbitral, esta vez bajo el amparo del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones (TBI), suscrito entre Ecuador y los Estados Unidos de América, vigente desde 1997. Chevron avanza así en su intención de vincular al Estado ecuatoriano en la controversia, para contar con un seguro ante los posibles resultados del juicio ambiental planteado por los demandantes de Lago Agrio que, en ese momento, seguía sustanciándose sin sentencia. De ahí lo prematuro.

La línea de argumentación de Chevron gira alrededor de una violación de los estándares de protección al inversionista, previstos en el TBI, por el supuesto hecho de que el Ecuador no estaba cumpliendo con su obligación de mantener indemne al inversionista frente a la demanda de Lago Agrio. Al inicio, ese es el marco fáctico o los hechos que generan la demanda. Pero, obviamente, siendo un proceso judicial en trámite, este tiene que seguir en el tiempo, llegar a sentencia y dar lugar a la tramitación de sus recursos, generando cambios en el marco fáctico de la controversia, cada vez que el procedimiento avanza.

Chevron jamás debió plantear el arbitraje cuando el proceso no había concluido, ni siquiera en su primera instancia. El Tribunal nunca debió haber permitido que el arbitraje avance; al hacerlo, permitiría crecer este proceso amorfo y se dejó llevar a un punto en el que se evidenció que los hechos habían variado. Esto fue más claro en noviembre de 2013, cuando la Sala de la Corte Nacional de Justicia, que conocía el recurso de casación de la sentencia planteado por Chevron, dictó su decisión. A partir de ese momento, el Estado ecuatoriano insistió en que el proceso no podía seguir adelante, pidiendo la suspensión de la audiencia de fondo que estaba prevista para enero y febrero de 2014. Y aunque en inicio el Tribunal no quiso hacerlo, finalmente no tuvo otra alternativa y sustituyó la audiencia de fondo por una reunión procesal convocada para el 20 y 21 de enero de 2014.

El punto de quiebre era ya evidente. El Tribunal tuvo entonces la oportunidad de corregir su error y evitar nuevas equivocaciones. Prefirió buscar una salida salomónica y, en una fría y nevada tarde de enero de 2014 (que paralizó a la ciudad de Washington DC), tuvo que presionar lo que llamó coloquialmente el “reset button”, para reconstruir el procedimiento arbitral, como si eso fuera posible. En este punto, fue evidente lo que la defensa del Estado había venido diciendo por más de cuatro años: la demanda fue prematura. El marco fáctico cambió con cada decisión. Frente a esta realidad, el Tribunal reconfiguró el proceso, dando la posibilidad de presentar nuevos memoriales sobre temas ya discutidos y difiriendo la audiencia de fondo para abril y mayo de 2015. De preclusión de etapas procesales ni hablar, por supuesto. Este es un arbitraje internacional de inversiones, donde los árbitros asumen tener todos los poderes.

Pero si la demanda fue prematura y el Tribunal cometió un error al permitir su avance, más grave es haber asumido la competencia de una controversia bajo el TBI, vigente desde 1997, cuando Texaco -predecesora de Chevron-, ya había dejado de invertir en el país en 1992. La forzada teoría de que la inversión supervive por el hecho de que hayan quedado obligaciones pendientes de Texaco con respecto a la remediación ambiental causada durante su operación interpreta, extensivamente, el concepto de inversión y de inversionista en una forma que atropella la lógica jurídica y las razones para que exista el interés de un Estado para suscribir este tipo de acuerdos de inversión, con miras a la generación y crecimiento de nuevas inversiones en el país.

Si para 1992, Texaco había salido del país y dejado de invertir en él su capital, ¿Cuál podría haber sido, en este caso, el interés de Ecuador para poner en vigencia un TBI como mecanismo de promoción de la inversión? ¿Qué aportó al país Texaco o Chevron a partir de 1997? ¡Nada!… sólo controversias. ¿Qué derecho tendría –entonces- a beneficiarse de un tratado de promoción de inversiones? Ninguno, por supuesto.

Desde allí comienza mal de esta aventura jurídica, bajo la elegante etiqueta de un arbitraje internacional de inversiones. Allí se inicia el descalabro de un trámite que, forzando el sistema y el derecho internacional, ha obligado a Ecuador a invertir importantes recursos materiales y humanos en la defensa legal de uno de los procesos litigiosos más complejos de la historia del arbitraje internacional.

El proceso es tan complejo que ha debido dividirse en fases y sub fases que se superponen, mientras el marco fáctico cambia. Es tan perverso, que el caso se va construyendo en la medida en que avanza. Les explico: Normalmente, planteada una demanda y contestada, queda fijada la materia de la controversia. Las partes y el juez saben qué se discute, y los argumentos y pruebas giran alrededor de lo controvertido. Aquí no: El caso, sus hechos y argumentos, se han ido construyendo y modificando mientras avanza el proceso. Los hechos controvertidos eran unos en septiembre de 2009, cuando se planteó la demanda (mientras el juicio de Lago Agrio estaba en primera instancia); fueron otros, cuando en febrero de 2011 se dicta la sentencia; y son otros ahora, dictada la decisión de casación por parte de la Corte Nacional de Justicia. Inclusive, podrían ser distintos cuando se dicte la resolución de la Corte Constitucional frente a la acción extraordinaria de protección planteada por Chevron. Esto, porque cada vez que una Corte decide, puede construir una lógica argumentativa (su motivación) que difiera de la anterior. Entendemos que el sistema puede funcionar sin los rigurosos márgenes de la preclusión que opera en nuestros procesos internos. Pero, ¿puede ser tan laxo y amorfo un proceso arbitral en el sistema de solución de controversias de inversión?, ¿brinda así, seguridad jurídica? Todo indica que no.

Pero les hablaba de las fases del proceso. Efectivamente, el Tribunal inicialmente divide el trámite de la controversia en dos etapas: una, para resolver sobre su jurisdicción y competencia; y otra, para resolver los méritos o discutir el fondo de la controversia. Como podrán leer con más detalle en esta publicación, la etapa de jurisdicción concluye en febrero de 2012 con la lamentable y equivocada decisión que hoy nos tiene litigando. La etapa de fondo, con todas sus complejidades, es dividida inicialmente en dos fases: la primera, para discutir los efectos de los acuerdos de liberación firmados por Texaco y el Estado ecuatoriano, entre 1995 y 1998; y la segunda, para discutir la denegación de justicia planteada por Chevron contra Ecuador. Más adelante, el Tribunal encontrará necesario subdividir la Fase I, creando una Fase Procesal I-B para abordar la naturaleza de las pretensiones incluidas en la demanda de Lago Agrio y determinar si esas demandas fueron “solucionadas” por el Estado como parte de los Acuerdos de Liberación de 1995 y 1998, anteriormente señalados.

La Fase II de la etapa de fondo también se verá modificada al ser necesario que dentro de la discusión de la supuesta denegación de justicia planteada por Chevron contra el Ecuador en relación con el desarrollo y decisión dentro del juicio de Lago Agrio, se incluyan los argumentos sobre la existencia del daño ambiental que Ecuador planteó, porque aun si Chevron prevaleciera en el arbitraje, los principios de derecho internacional prohíben que esta pueda verse beneficiada con una indemnización que no haya tomado en cuenta su responsabilidad real y probada, es decir, el daño ambiental causado por Texaco, que Chevron nunca remedió.

Continúo: La inclusión del argumento del daño ambiental en esta controversia sobre denegación de justicia por parte de la defensa del Estado ecuatoriano no es casual ni arbitraria. Chevron objetó el intento de Ecuador de introducir pruebas del daño ambiental en la Amazonía, aunque el mismo Chevron argumentó en el arbitraje que la supuesta falta de pruebas de daño ambiental debería derivar en la conclusión de que cualquier sentencia en su contra solo se la pudo haber obtenido mediante fraude. Para hacerlo, la Procuraduría incluyó en el equipo de defensa, a un equipo técnico integrado por peritos ambientales de la empresa Louis Berger Group (LBG) que presentó cuatro informes periciales (febrero y diciembre de 2013; noviembre de 2014 y marzo de 2015), junto con nuestros memoriales de fondo, lo que les ha llevado más de tres años de trabajo, así como visitas a la zona impactada. Sus informes nos permitieron concluir que el daño ambiental persiste, que fue causado intencionalmente por Texaco durante su operación y, en consecuencia, que la condena en daños dentro del juicio de Lago Agrio es lógica y está respaldada.

También incorporamos información sobre las estrategias usadas por Chevron en el Juicio de Lago Agrio, para distraer la atención de jueces y peritos de los lugares afectados por la contaminación ambiental.La estrategia incluía la práctica de realizar “pre inspecciones” clandestinas en los lugares donde, posteriormente, se realizarían las inspecciones judiciales, de manera que, tomando muestras en el terreno, los peritos de Chevron pudieran determinar los lugares en dónde tomar las muestras durante las inspecciones judiciales, evitando las áreas de mayor contaminación. De esta manera, esperaba minimizar la prueba de la contaminación en el expediente.

La defensa del Estado obtuvo la prueba de la estrategia de Chevron de la información que conservaban los propios peritos de la petrolera que habían participado en las inspecciones dentro del Juicio de Lago Agrio. Luego de varios años de litigio en Cortes de Justicia norteamericanas, se les ordenó entregarnos sus documentos de trabajo, en los que se obtuvo esta información que, luego, fue aportada como prueba en el arbitraje internacional.

Es evidente entonces que Chevron ha jugado sucio y que no ha actuado con las manos limpias como para pretender construir su teoría sobre denegación de justicia en un supuesto fraude procesal. Chevron no puede alegar fraude bajo el derecho internacional, si no tiene las manos limpias. En esta publicación les explicaremos cómo, dentro del proceso arbitral, Ecuador ha demostrado la doble cara de Chevron.

Se abordará, por ejemplo, la teoría del escritor fantasma de la sentencia, basada en conjeturas y supuestos que la evidencia no respalda.Chevron junta sus teorías y conjeturas, y sobre la base de sus forzadas conclusiones, pretende trasladar la carga de la prueba. Es decir, la petrolera cree que Ecuador está obligado a demostrar que sus conjeturas no son ciertas, cuando la carga de la prueba la obliga a probar su tesis, y no que Ecuador, como demandado, pruebe que no son ciertas.

En la audiencia de tres semanas celebrada en Washington DC, entre abril y mayo de 2015, Chevron presentó una serie de peritos que, a la distancia, viendo documentos escaneados de las copias del expediente de Lago Agrio, pretendían decir si la sentencia de primera instancia fue o no dictada por el Juez Nicolás Zambrano. Esto, cuando las pericias de los discos duros del Juez Zambrano ya habían permitido que el perito de Ecuador, Christopher Racich, llegue a la conclusión de que el único lugar en donde se encontraron partes del proyecto de la sentencia fue, precisamente, en las computadoras del Juez Zambrano. Chevron no ha podido presentar una prueba de que se haya encontrado rastros de la sentencia en ningún otro lugar que no sea en los discos duros de las computadoras del citado juez. No estaban, por cierto, en la computadora del Juez Alberto Guerra, la que ellos comprarían a elevado precio.

Y para completar el espectáculo y su tesis, Chevron llevó a su testigo estrella, el ex-juez Alberto Guerra, el testigo becado por Chevron a quien pagó decenas de miles en efectivo y, probablemente, cientos de miles de dólares en prestaciones económicas. En abril de 2015, durante la primera semana de audiencia, la defensa del Estado le dedicó dos días al contra interrogatorio del ex-juez Alberto Guerra. Dos días entre la indignación y la vergüenza. Dos días preguntándome: ¿cómo es posible que Chevron y su confeso corrupto testigo tengan el descaro de presentarse ante el Tribunal aspirando a ganarse credibilidad? Guerra, quien baila según la música que le pongan, pasó a mejor vida desde que Chevron decidió comprarle su historia y su computadora. A partir de entonces, fue llevado a vivir en los Estados Unidos, bajo el amparo de un sui géneris dizque “programa de protección de testigos de Chevron”, con casa, sueldo, costos legales de temas migratorios, tributarios y más. El Tribunal nunca debió permitir que un testigo, bajo esas condiciones, sea escuchado en este proceso.

El relato del desarrollo de este arbitraje internacional permitirá apreciar al lector, la forma en que una controversia tan compleja ha sido manejada por un Tribunal dentro del arbitraje de inversiones.

Durante los primeros años de este arbitraje, el Tribunal parecía no tener oídos para los pedidos de Ecuador. Tan grande era la preocupación del Estado que, en agosto de 2014, presentamos una petición al Tribunal para que se excuse de continuar conociendo el caso. El Estado señaló lo que consideraba era un patrón de trato desigual por parte del Tribunal, otorgando una atención oportuna a cada solicitud de Chevron, e incluyendo sus reiteradas solicitudes de medidas provisionales extraordinarias, no obstante una falta de acción a lo largo de años con respecto a la solicitud de Ecuador para que el Tribunal ordenara que Chevron cesara su campaña de desprestigio contra el país o su campaña legislativa contra las preferencias arancelarias para las empresas ecuatorianas. El Tribunal no aceptó la petición de excusa que le planteó Ecuador, cuya decisión fue aceptada y ratificada por el Secretario de la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya.

Y si bien, el Tribunal no aceptó la petición de excusa que le planteó el Ecuador, ni el Secretario de la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya aceptó la recusación bajo las reglas CNUDMI, es evidente que Ecuador tenía motivación suficiente para plantear la recusación. El 18 de junio de 2015, el Tribunal dictó una orden procesal (la orden Ómnibus, como la llamó el Tribunal), a través de la cual adoptó decisiones sobre 14 puntos no resueltos a lo largo del proceso, entre ellos se encuentran los que motivaron el pedido de excusa y recusación del Ecuador. ‘Decisiones’, por llamarlas de alguna manera, porque en realidad lo que hace el Tribunal es enlistar los temas no resueltos y decidir que al momento ya no requieren de ninguna decisión. Por supuesto, el paso del tiempo hizo que los hechos sobrepasaran a la actuación de la justicia pues cualquier decisión ya era inoportuna. Y, bajo este mecanismo, se quiere resolver sobre denegación de justicia.

En junio de 2015, luego de tres años de insistencias, el Tribunal, finalmente, vino a Ecuador, a la zona afectada por el daño ambiental que dio lugar a la demanda de Lago Agrio. Los miembros del Tribunal, superando todos los obstáculos que le planteó Chevron a lo largo de los años, entendieron que esto respondía a la estrategia de Chevron de mantenerles entre papeles, lejos de la secuela de sus malas prácticas ambientales pues los abogados de Chevron hablaban de un territorio inseguro y peligroso, incluso para su seguridad personal. Llegaron al absurdo de plantear que, en lugar de la visita, se haga un tour virtual desde un hotel en Guayaquil. Por supuesto ningún temor era fundado y, tanto el Tribunal como los abogados de Chevron, pudieron permanecer por varios días en la Amazonía ecuatoriana, sin el más mínimo incidente de seguridad. En esta visita los miembros del Tribunal tuvieron, por primera vez, luego de casi 6 años de litigio, la oportunidad de tener un contacto directo con los hechos: ver y oler los vestigios del daño ambiental del que habían leído en múltiples alegatos e informes, así como su evidente afectación a la naturaleza, a las fuentes de agua, y al entorno de quienes habitan en el sector. Sin duda, este fue un evento procesal importante, que debe pesar al momento en que los árbitros tomen una decisión.

De forma paralela a la historia del conflicto jurídico, se agrega la de una constante campaña de agresión mediática emprendida por parte de Chevron en contra del Estado ecuatoriano. De esta manera, Chevron no ha dudado en emplear todo el peso de su poder económico para desprestigiar a Ecuador. Y, si bien el gobierno ecuatoriano inicialmente optó por no interferir en la controversia, es obvio que no podía permanecer impávido frente a las agresiones a su sistema judicial y a las autoridades gubernamentales. No obstante, Ecuador siempre ha tenido claro que: uno, es el escenario del proceso; y otro, el de la imagen pública.

La defensa del país, a cargo de la Procuraduría General del Estado, ha actuado en el campo de lo legal y procesal, mientras que el gobierno ha debido hacer frente al escenario mediático alrededor del mundo. Hemos intervenido bajo el entendimiento claro de que el papel de los abogados de la Procuraduría General del Estado es defender a la República del Ecuador, lo que no nos distancia de los intereses de quienes finalmente motivan su existencia: sus ciudadanos. La sustanciación del proceso en sus dos fases iniciales, prácticamente, ha concluido al cierre de esta edición. Todo lo expuesto en esta publicación es parte del proceso. No hay aquí nuevas alegaciones ni evidencias. No se intenta sumar un nuevo alegato al proceso. Los árbitros, con seguridad, ni siquiera lo leerán. En definitiva, más que servir en la estrategia procesal de la defensa del Estado, el objetivo de esta publicación pretende suplir la ausencia de un documento que, recogiendo el trasfondo de la verdadera controversia, presente los hechos y los alegatos que el Ecuador ha planteado dentro del arbitraje de inversiones, reflejando su visión.

Creer que este es solo otro proceso legal que deben conocer los abogados litigantes sería un grave error. Esta es, en realidad, la historia de una lucha que siendo inicialmente planteada por comunidades indígenas del Ecuador, finalmente involucra al Estado. Es la historia de un trabajo jurídico basado no solo en el compromiso profesional, sino también en el compromiso que acerca a la institucionalidad jurídica del Ecuador de hoy, a sus ciudadanos y sus problemas.

La historia del caso Chevron, además, forma parte de la difícil experiencia del Estado ecuatoriano dentro del sistema de solución de controversias de inversión al que hemos venido criticando a lo largo de los últimos años. El Estado ecuatoriano ha tenido que defenderse -aunque en la mayoría de los casos bajo protesta-, dentro de un sistema de arbitraje internacional de inversiones que, amparándose en Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones, negociados y suscritos en forma negligente, han servido para que funcione un mecanismo injusto de aplicación irracional de normas de derecho internacional, con poco respeto para los Estados soberanos, su potestad reguladora y sus sistemas de administración de justicia. En ello, el sistema se ha servido de una élite de árbitros internacionales que, muchas veces atribuyéndose poderes absolutos, han sobrepasado los límites de sus competencias, arrasando con el derecho interno y la soberanía de los Estados, con apariencia de legalidad.

Esta publicación, al igual que la publicación sobre el caso Oxy (2014), cumplen con la responsabilidad de la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador, de difundir casos relevantes para el futuro del Sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado, cuya supervivencia será posible únicamente si logra equilibrar sus decisiones en la aplicación del derecho interno y del derecho internacional, a la luz de reglas claras e interpretaciones justas.

El caso Chevron no ha concluido y tal vez dure varios años más hasta llegar a una decisión final. Se ha considerado, sin embargo, que es el momento oportuno para dar a conocer la posición que el Ecuador ha mantenido a lo largo del proceso, con el expediente probatorio cerrado para las Fases Procesales 1 y 2 y habiendo entregado todos las presentaciones escritas; para hacerlo, se partió de lo ya sostenido en nuestros memoriales y alegatos jurídicos. El relato, a cargo del equipo de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General del Estado, por supuesto, representa el producto del trabajo de un inmenso equipo humano de abogados a lo largo de más de 10 años. Nombrarlos a todos y cada uno de ellos es imposible y correría el riesgo de omitir a más de uno. Mi agradecimiento en nombre del Estado ecuatoriano por su entrega, dedicación y profesionalismo.

Dr. Diego García Carrión
Procurador General del Estado
Quito, septiembre de 2015.
Libro Caso Chevron: Defensa del Ecuador frente al uso indebido del Arbitraje de Inversión