OBJECIONES A LA JURISDICCIÓN

CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY,   Demandantes,

– y –  

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Demandada.

MEMORIAL SOBRE EXCEPCIONES A LA JURISDICCIÓN PRESENTADO POR LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
26 de Julio de 2010
El Ecuador presentó las siguientes objeciones a la jurisdicción:(i)           Este Tribunal carece de competencia ratione materiae y porque el TBI no puede aplicarse retroactivamente.

Una de las bases para la jurisdicción del Tribunal ratione materiae, exigida por el Artículo VI (1) del TBI es la existencia de una conexión entre la diferencia presentada por las Demandantes y una inversión en Ecuador que cumpla con los requerimientos del Artículo I del TBI.

A criterio de Ecuador esto no se cumple en este arbitraje porque han transcurrido veinte años entre el abandono total y voluntario de las inversiones de Chevron-Texaco en el Ecuador y la cristalización de la diferencia que se relaciona con el litigio planteado contra Chevron por los demandantes en Lago Agrio ante las cortes de Ecuador, supuestamente en violación de los Contratos de Transacción y Liberación entre la República del Ecuador y TexPet.

Chevron-Texaco no pueden basarse en la inversión original en el sector de hidrocarburos de Ecuador, a la cual se dio fin en 1992, como la inversión con la cual está conectada la diferencia presentada ante el Tribunal, inversión que además no estuvo cubierta por el TBI que solo entró en vigencia en 1997.

Esta afirmación expone la falacia de la novedosa teoría de las demandantes sobre una inversión a perpetuidad, si el inversionista enfrenta un litigio relacionado con sus responsabilidades legales con respecto a terceros originadas en sus actividades en el Estado receptor de la inversión.

Las Demandantes mantienen que los Contratos de Transacción y Liberación constituyen independientemente una inversión de acuerdo al Artículo I del TBI. Los Contratos de Transacción y Liberación no reúnen los elementos económicos para una inversión cubierta no se suscribieron para los fines de participar en actividades relacionadas con la inversión para generar un beneficio comercial. Si tienen independientemente una forma legal entre las categorías de posibles inversiones enumeradas en el Artículo I(1)(a) del TBI no es suficiente. Las Demandantes dicen que los Contratos de Transacción y Liberación de responsabilidad representan un “reclamo de cumplimiento con valor económico” o un “derecho conferido mediante ley o contrato” contra la República del Ecuador para los fines del Artículo I(1)(a)(iii) y (v) del Tratado. La forma legal de una inversión no puede separarse de las características económicas de una inversión.

(ii)          Las Demandantes han optado por su “decisión irreversible” y tienen impedimento para plantear esta diferencia ante el Tribunal en conformidad con los Artículos VI (2) y (3);

Incluso si este Tribunal determinase que existe una diferencia relativa a inversiones, este Tribunal no tiene competencia porque Chevron-Texaco activaron la disposición del TBI llamada “de la elección irreversible”, cuando o lograron persuadir las cortes de los EUA que aprobaran su solicitud de:

(1)  que la diferencia relativa al medio ambiente se resuelva en una corte ecuatoriana, y;

(2)  que todas las posibles impugnaciones al debido proceso con respecto a la sentencia de una corte ecuatoriana se determinasen en un litigio de ejecución obligatoria extraterritorial.

Esta cláusula de elección irreversible impide que las demandantes sometan esta diferencia a arbitraje internacional. Texaco (integrada más tarde por Chevron) se dedicó, por cerca de una década a convencer a una corte federal de los Estados Unidos para que desestimase el caso Aguinda a favor del litigio medioambiental en Ecuador.

Una vez que logro el traslado del proceso a Ecuador, Chevron pasó siete años litigando activamente el caso. Las demandantes solicitan ahora que este Tribunal decida sobre las mismas cuestiones por las que Chevron lucho para que una corte ecuatoriana, para lo cual simplemente reformulan sus reclamos contractuales como reclamos basados en el TBI.

La disposición de la elección irreversible impide por tanto que una parte plantee ante un tribunal un reclamo que ya ha sido presentado ante una corte del Estado contra el cual exista la diferencia. Según esta cláusula, “[s]i un reclamo contractual ya ha sido sometido a una Corte Nacional… el inversionista tendrá impedimento para volver a litigar posteriormente esa diferencia ante un tribunal en materia de inversiones.

(iii)        La solicitud de las Demandantes exige que este Tribunal resuelva y determine los derechos de entidades que no son Parte en el arbitraje, para lo cual éste carece de competencia.

El Tribunal carece de competencia para resolver sobre una solicitud que exige que determine los derechos legales de una entidad que no es Parte en el arbitraje. Conforme las demandantes admiten, la diferencia en el presente caso exigirá de manera inevitable que el Tribunal determine los derechos de terceros. En su Notificación de Arbitraje, las demandantes dejan en claro que este caso involucra un reclamo planteado por “un grupo de demandantes ecuatorianos y abogados con honorarios contingentes que enjuiciaron a Chevron en el 2003, en las cortes de Ecuador y solicitaron indemnización por daños y otras reparaciones por los efectos negativos que estas alegan fueron ocasionados por las operaciones del Consorcio ”

En realidad, el reclamo central de las demandantes se fundamenta en su argumento de que Chevron no es responsable de ninguno de los efectos negativos medioambientales en cuestión en el litigio en Lago Agrio, y que los demandantes en Lago Agrio no tienen ninguna base jurídica para proseguir los reclamos medioambientales contra Chevron. Si se fallase a favor de la reparación solicitada por las demandantes, los derechos de terceros a la reparación en el litigio en Lago Agrio serán resueltos y concluidos de manera discutible. Este Tribunal debería por tanto abstenerse de ejercer la jurisdicción sobre esta diferencia basada en los principios adoptados por la Corte Internacional de Justicia (“CIJ”) en Monetary Gold.

La República solicita respetuosamente a este Tribunal que:

1.Determine y declare que carece de jurisdicción sobre todos los reclamos planteados por las Demandantes y rechace todos los reclamos, de acuerdo con las Excepciones de la República a la Jurisdicción antes señaladas;

2.Ordene, en cumplimiento del Artículo 40 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, que las Demandantes paguen todas las costas y gastos de este proceso de arbitraje, incluidas las costas y gastos del Tribunal y el costo de la representación legal de la República, más los intereses previos al laudo y posteriores al laudo; y,

3. Conceda cualquier otra reparación adicional que sea apropiada dadas las circunstancias o que por otras consideraciones sea justa y apropiada.