RESPONSABILIDAD: TRACK1A MEMORIAL DE ECUADOR

CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY, Demandantes,

– y –

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Demandada.

 

MEMORIAL DE CONTESTACIÓN SOBRE EL FONDO PRESENTADO POR LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

3 de julio de 2012-

I.   Antecedentes fácticos concernientes a los reclamos ambientales subyacentes y el Contrato de Transacción de 1995. 

A. La inversión de TexPet en Ecuador

 

El 5 de marzo de 1964, la República otorgó los derechos de exploración y producción al consorcio (“el Consorcio”) compuesto por dos subsidiarias ecuatorianas de compañías estadounidenses – TexPet y Gulf – (la “Concesión de 1964”). TexPet y Gulf adquirieron los derechos de exploración y producción en los términos de la Concesión de 1964, que entró en vigencia el 1 de enero de 1965. El Consorcio designó formalmente a TexPet como la “Operadora” del Consorcio mediante un Contrato de Operación Conjunta o “COJ”. En 1967, TexPet perforó el primer pozo como Operadora del Consorcio. En 1972 comenzó la producción de petróleo comercial derivada de la Concesión de1964. El 6 de agosto de 1973, la República suscribió un contrato sustitutivo con TexPet y Gulf (la “Concesión de 1973”) en el cual las partes acordaron terminar la Concesión de 1964 e iniciar una nueva concesión que otorgaba derechos solo para el área donde TexPet y Gulf habían encontrado petróleo. La Concesión de 1973 incluía una opción que permitía a la compañía estatal petrolera, (“CEPE”), adquirir de manos de TexPet y Gulf por una contraprestación justa de mercado la participación en el capital accionario de hasta un 25% en el nuevo Consorcio. Se redujo el plazo del período de explotación de la Concesión de 1964 y estableció el 6 de junio de 1992 como la fecha de terminación de la Concesión de 1973. PetroEcuador, compró una participación del 25% en el capital accionario en el Consorcio, dejando a TexPet y Gulf con una participación individual de 37,5%. El 27 de mayo de 1977, la República, Petroecuador, y Gulf celebraron un acuerdo tripartito según el cual, con fecha de vigencia 31 de diciembre de 1976, Gulf vendió su participación del 37,5% restante en el Consorcio a Petroecuador. Como resultado, desde 1977 en adelante, Petroecuador tenía un 62,5% de la participación en el Consorcio. El 6 de Junio de 1992, cinco años antes de que entrara en vigencia el TBI entre Ecuador y los Estados Unidos, el periodo de vigencia de veinte años de la Concesión de 1973 expiró. En esa misma fecha, TexPet anuncio que liquidaba su inversión y salía definitivamente del país.

 

B. El papel de TexPet como Operadora desde 1965 hasta 1990

 

Texpet llevó a cabo las actividades de exploración física y producción desde 1965 hasta 1990. La República, dependía totalmente de la experiencia y conocimientos de TexPet para determinar e implementar métodos sólidos de perforación, extracción de petróleo, administración de campos petroleros y transporte. En la práctica las autoridades normativas de la República dejaban a la Operadora las decisiones diarias sobre los campos petroleros. Como Operadora, para reducir costes TexPet excavaba fosos rudimentarios sin revestimiento para colocación de residuos cerca de cada pozo y estación de producción. Luego, TexPet vertía todos los productos de desecho generados por la perforación, producción y separación de crudo en esos fosos sin revestimiento. Dado que ninguno de esos fosos estaba recubierto, las substancias químicas tóxicas en estos productos de desecho se filtraban libremente hacia el suelo cercano y circundante a cada foso. Durante la perforación y extracción, TexPet vertió millones de galones de agua de producción – un agua en extremo salada y tóxica contenida en las formaciones petroleras – directamente hacia los bosques y arroyos circundantes. El perito de los Demandantes, John Connor, describió en un vídeo, que los fosos se llenaban de agua cuando llovía – un hecho común en el bosque tropical – y luego el petróleo que flotaba en la parte superior se desbordaba hacia los bosques y arroyos adyacentes. TexPet aprovechó su condición como Operadora y su control sobre las operaciones diarias para limitar el conocimiento de la República sobre los derrames de petróleo. En un memorando interno enviado por el Presidente del Directorio de Texaco, al Gerente Subrogante de TexPet en Ecuador, el Presidente ordenó a sus funcionarios de departamento y de campos que reportase únicamente los casos de derrames mayores, y luego definió un “casos mayor” como “aquél que atraiga la atención de la prensa y/o de las autoridades reguladoras o que a su juicio amerite el reporte”. El memorando seguía con la orden a sus funcionarios de que destruyesen la documentación existente sobre derrames de petróleo en el pasado y que dejasen de llevar registros relacionados con derrames de petróleo. En 1990, una subsidiaria de Petroecuador, Petroamazonas, asumió finalmente la función de Operadora. Después de renunciar a su condición de Operadora, TexPet, continuó prestando servicios como socio en equidad de Petroecuador en el Consorcio durante los dos años restantes de la Concesión de 1973.

 

C. El Litigio Aguinda en 1993

En Noviembre de 1993, se planteó la acción Aguinda en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York en nombre de todos los ciudadanos y residentes de la región del Oriente. Los demandantes “alegaron que entre 1964 y 1992 las actividades de las operaciones petroleras de Texaco contaminaron los bosques y ríos en Ecuador”. Los demandantes en Aguinda alegaron nueve cargos que iban desde la negligencia, alteración del orden público, hasta demandas en derecho internacional al amparo de la Alien Tort Claims Act de los Estados Unidos por destrucción causada al ambiente”. Texaco solicitó la desestimación de la denuncia en Aguinda por varias razones, las cuales incluían forum non conveniens y plantearon que las cortes de Ecuador eran un foro mejor para la solución de estos tipos de reclamos. En 1996, la Corte Distrital admitió la petición de Texaco y desestimó Aguinda por razones de forum non conveniens. Sin embargo, en 1998, el Segundo Circuito Judicial anuló la desestimación y remitió el caso a la corte inferior. Para asegurar una segunda desestimación de Aguinda, Texaco prometió expresamente, tanto en una respuesta verificada a un interrogatorio así como en escritos presentados ante la Corte Distrital, que cumpliría cualquier sentencia ecuatoriana definitiva. Texaco se reservó el derecho a impugnar cualquier sentencia adversa “solo” en los términos de la New York’s Uniform Foreign County Money-Judgments Recognition Act, N.Y. CPLR § 5301, et seq50. La N.Y. CPLR § 5304(a) (1). En consecuencia, mediante esta declaración general y reserva limitada, Texaco conservó su derecho a impugnar la ejecución de cualquier sentencia monetaria ecuatoriana adversa pero solamente por razones del “debido proceso” (y en el contexto de una acción para exigir la ejecución). En agosto del 2002, el Segundo Circuito Judicial ratificó la segunda desestimación. La corte estuvo de acuerdo con Texaco en que la ley ecuatoriana se había desarrollado lo suficiente y que las cortes ecuatorianas eran totalmente apropiadas. Los demandantes en Aguinda volvieron a plantear su acción ambiental menos de un año más tarde, el 7 de mayo del 2003, esta vez en la Corte Superior en Lago Agrio, Ecuador.

 

D. Los Litigios con las Municipalidades

El 12 de Mayo de 1994, representantes de la Municipalidad de la Joya de los Sachas en la región del Oriente entablaron un juicio contra Texpet en Ecuador, en el cual alegaban contaminación del ambiente, solicitaron la descontaminación de las piscinas de crudo y las estaciones de bombeo, así como el pago de una indemnización por el grave daño al ambiente y la salud de todos los ciudadanos.

Dos municipalidades adicionales, Francisco de Orellana y Shushufindi Central, iniciaron procesos similares contra Texpet en Ecuador en Noviembre de 1994. Una cuarta Municipalidad en el Oriente, Lago Agrio, inició una acción contra TexPet en enero de 1995. La República también amenazó con su propio juicio fundamentado en el incumplimiento de Texpet de sus obligaciones estipuladas en la Concesión de 1973. Texaco y Texpet buscaron resolver los litigios gubernamentales a través de transacciones negociadas.

 

E. Las negociaciones y el contrato para liberar de reclamos del Gobierno y de PetroEcuador contra TexPet

1. El Memorando de Entendimiento de 1994

En 1994, la República, TexPet, y Petroecuador suscribieron el Memorando de Entendimiento de 1994 (“MdE de 1994”). El Memorando de Entendimiento (MdE) de 1994 tenía la finalidad de:

 

“Establecer los mecanismos mediante los cuales se debía liberar a TexPet de todos los reclamos que el Ministerio [de Energía y Minas] y PETROECUADOR tuvieren contra TexPet con respecto al efecto adverso en el ambiente causado como consecuencia de las operaciones del ex Consorcio PETROECUADOR-TEXACO.”

 

El “objetivo” del MdE de 1994 cubría solo aquellos reclamos pertenecientes al Ministerio y Petroecuador. La historia de la negociación y los documentos contractuales confirman asimismo que la liberación de responsabilidad tenía la finalidad de cubrir solo aquellos reclamos que mantenían la República y/o Petroecuador – no los que tenían terceros. El MdE de 1994 no incluía ningún indicio de que los reclamos de las Municipalidades, Aguinda o cualquier otro de los posibles reclamos futuros de terceros fueren afectados de alguna manera. La versión final suscrita del MdE de 1994 – que constituye la “historia legislativa” del Contrato de Transacción de 1995 incorporó el Artículo VIII que establecía que:

 

“Las disposiciones de este Memorando de Entendimiento se aplicarán sin perjuicio de los derechos que posiblemente tuvieren terceros por el efecto adverso causado como consecuencia de las operaciones del ex Consorcio PETROECUADOR-TEXACO. “

 

2. El Contrato de Transacción de 1995

 

El 4 de Mayo de 1995, la Republica, Petroecuador y Texpet suscribieron el Contrato de Transacción de 1995. En coherencia con el lenguaje de liberación limitado del MdE de 1994, el Contrato de Transacción de 1995 liberó únicamente “los reclamos del Gobierno y de Petroecuador” contra TexPet. No pretendió incluir en la liberación, ninguno de los reclamos pendientes o posibles por parte de cualquier otra persona o entidad.

Aguinda, que había estado pendiente contra TexPet desde hacía dos años no fue mencionada en ninguna parte del documento como una excepción al lenguaje que limitaba los “otorgantes de liberación” a la República y Petroecuador. La liberación era obviamente unilateral, los beneficiarios de la Liberación recibían una exención inmediata y completa de los reclamos de la Republica y Petroecuador contra aquellas. Texpet aún tenía la responsabilidad contractual de cumplir la remediación después de la transacción y según el contrato se le podía exigir que cumpliese dicha obligación, pero la Liberación en el artículo 5.1 en los términos del Contrato de Transacción de 1995 no dependía del cumplimiento de Texpet de sus obligaciones de remediación. Es decir, todos sabían que el Contrato de Transacción de 1995 no contenía una liberación de los reclamos de los demandantes en Aguinda, así como tampoco un convenio de Exención de Responsabilidad o de indemnización por parte de la República o Petroecuador.

 

3. Las Transacciones Locales de 1996

 

En 1996, TexPet celebró los contratos de Transacción y Liberación de responsabilidad con cuatro municipalidades y dos provincias adicionales (las transacciones locales de 1996) a cambio de aproximadamente USD3.8 millones para trabajos de infraestructura que incluían instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado. Cada una de las cuatro transacciones fue suscrita por la municipalidad y por Texpet e incluyo una liberación de los reclamos del gobierno local contra Texpet Texaco y otras filiales o compañías relacionadas y sus agentes, empleados y directores. Cada contrato de transacción establecía el efecto de cosa juzgada ante la corte del más alto nivel.

 

Estos contratos no liberaron-ni siquiera mencionaron-los derechos de quienes no eran partes.

 

4. El Finiquito Definitivo de 1998

 

El 30 de Septiembre de 1998, el gobierno ecuatoriano, Petroecuador, y Texpet suscribieron un Acta Final (Finiquito definitivo de 1998) que declaraba que Texpet había cumplido y concluido a cabalidad sus obligaciones contractuales de acuerdo con el Contrato de Transacción de 1995 y el Plan de Acción de Remediación adoptados en cumplimiento del Acta Final.

 

El Contrato de 1998 estableció la liberación por parte del gobierno ecuatoriano y Petroecuador de Texpet, Texas Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador S.A , Texaco, Inc. y todos sus respectivos agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, abogados, etc., respecto de toda responsabilidad legal y de todo reclamo por parte del Gobierno de la República del Ecuador, PETROECUADOR y sus filiales.

 

En coherencia con el Contrato de Transacción de 1995 antes que este, el Finiquito Definitivo 1998 no hizo mención alguna a los reclamos de terceros contra Texaco o sus subsidiarias por el daño ambiental causado durante el periodo en el cual Texpet operaba la Concesión. Tampoco incluía ninguna obligación de exención de responsabilidad u obligación de indemnización por parte de la Republica o de Petroecuador a favor de Texaco con respecto a los reclamos de los demandantes en Aguinda, los reclamos de gobiernos locales o cualquier otro de los reclamos ambientales, pendientes, o futuros que se debieren a terceros.

 

F. La solicitud de arbitraje anta la AAA presentada por Chevron y el litigio subsiguiente con la República en el Distrito Sur de New York

 

En junio 2004, las demandantes presentaron una solicitud de contra Petroecuador ante la American Arbitration Association AAA en New York, en la cual solicitaban una declaración de que la Republica debía hacer que la Corte de Lago Agrio desestimara el reclamo de los demandantes o decidiera que Petroecuador estaba obligada contractualmente bajo el contrato de operación conjunta de 1965 a indemnizar a Chevron por todos los costos de defensa y responsabilidad legal en los que esta hubiere incurrido o podría incurrir en el futuro, en el litigio Lago Agrio.

 

El 19 de Junio del 2007, la Corte Distrital suspendió de manera permanente todo proceso arbitral ulterior ante la AAA, basada en la determinación de que la República y Petroecuador no estaban obligadas por el contrato de operación conjunta de 1965 celebrado entre Texaco y Gulf. El segundo Circuito Judicial ratificó las decisiones de la Corte Distrital.

 

G. El Litigio Lago Agrio

 

Después de 9 años de litigio, el 14 de Febrero 2011 el Tribunal de primera instancia en Lago Agrio emitió su decisión, estableciendo que Chevron es responsable por la contaminación existente en la Región Amazónica por un monto de daños de USD 18 mil millones.

 

De acuerdo al Tribunal de primera instancia, la Republica no suscribió y no pudo haber suscrito el Contrato de Transacción de 1995 en nombre de todos los ecuatorianos. Posteriormente el Tribunal de alzada ratificó la sentencia del Tribunal de primera instancia. En Casación, Chevron no solicitó que se fijara una garantía de cumplimiento y por consiguiente no se suspendió la ejecución de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

 

II. Chevron no está en posición legal de hacer valer reclamos al amparo del Contrato de Transacción de 1995

 

Para establecer la jurisdicción de un Tribunal sobre los reclamos de Chevron el articulo VI del TBI exige que Chevron tenga derecho a hacer valer derechos contractuales u otros derechos legales contra la Demandada en los términos del Contrato de Transacción de 1995, como una “Exonerada”, sin embargo, Chevron no tiene ese derecho.

 

El derecho de las Exoneradas de invocar la Liberación como defensa para un reclamo contractual no incluye el poder de iniciar un reclamo por su propia cuenta. En consecuencia, Chevron no puede invocar la protección del TBI para plantear reclamos originados en, o relacionados con, el Contrato de Transacción de 1995.

 

Su diferencia con la República no es una diferencia originada o relacionada con un contrato de inversión, por lo tanto tampoco es una diferencia relativa a inversiones para los fines del artículo VI 1 a del TBI.

 

A. No puede considerarse que Chevron sea una “Exonerada” al amparo del Artículo 5.1 del Contrato de Transacción

 

Chevron no ha sido liberado por el artículo 5.1 porque esta no consta en la lista de Beneficiarios de la Liberación.

 

Al contrario de la aseveración de las demandantes de que Chevron ha sido liberado de responsabilidad según el artículo 5.1 como un principal, de acuerdo a las leyes ecuatorianas, la palabra principales no significa compañías matrices y no incorpora a Chevron. Además, aunque las demandantes sostienen que la intención real de las partes contratantes ha sido emplear principales para referirse a compañías matrices, las demandantes no han presentado ninguna prueba de que las partes contratantes tuvieran la intención de apartarse del significado llano del término.

 

El artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995, establece que las exoneradas cubiertas por el Contrato de Transacción son: TEXPET, Texas Petroleum Company, Compañía de Petróleos del Ecuador S.A., Texaco Inc. y a todos sus respectivos agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, directores, administradores, ejecutores, beneficiarios, sucesores, predecesores, principales y subsidiarias.

 

Las demandantes alegan que en el contexto del Contrato de Transacción de 1995 el término principales debería interpretarse como si incluyera “compañías matrices” y que incluso una compañía matriz indirecta futura como Chevron quedaría comprendida dentro de esta categoría de Exoneradas.

 

Las Demandantes argumentan que la intención de las Partes cuando emplearon el término principales era eximir a todas las compañías matrices futuras de Texaco. Sin embargo, el indicio más confiable de la intención real de los signatarios al contratar es el significado llano y legal de las palabras empleadas en el Artículo 5.1. Como el Dr. Roberto Salgado, perito presentado por la República del Ecuador, explica de acuerdo a las leyes ecuatorianas, y como en la mayoría de sistemas legales en todo el mundo, para determinar la intención de las partes una corte considera primero el lenguaje llano de los términos empleados en el contrato. Por tanto, y tomando en cuenta que en la ley ecuatoriana, el término principales se refiere al principal en una relación entre (principal y agente). }

 

Las Demandantes no podrían estar autorizadas para adscribir un significado –o una intención – diferente a un término para el cual existe un significado legal y llano aceptado comúnmente.

 

Las Partes Contratantes tuvieron la intención de eximir, y efectivamente eximieron a Texaco, conocida como compañía matriz de TexPet al momento de la suscripción del Contrato de Transacción de 1995. Trataron sobre las “futuras” Exoneradas en un solo párrafo para que se extienda a “todas las respectivas” sucesoras de TexPet y Texaco. Chevron no puede beneficiarse de todas maneras, o es la “sucesora” de TexPet para todos los fines o para ninguno.

Las Demandantes intentan confundir la intención de las Partes Contratantes mediante la invocación de los Contratos Municipales. Pero los Contratos Municipales no podrían servir de base para interpretar el Contrato de Transacción de 1995. Basta con decir que esos contratos involucran partes diferentes – fueron suscritos por TexPet y entidades municipales, no por el Gobierno ni Petroecuador. En consecuencia, son irrelevantes para interpretar la intención de las Partes Contratantes en el Contrato de transacción de 1995.

 

B. Chevron no tiene ningún derecho a plantear reclamos al amparo del Contrato de Transacción de 1995 porque ésta no es una “Parte” en dicho contrato y porque éste derecho se ha negado expresamente a “Terceros”

 

En el Artículo 9.4 del Contrato de Transacción de 1995, las Partes Contratantes acordaron expresamente que los terceros no tendrían derecho a exigir el cumplimiento de sus términos. A través de este Artículo, las Partes Contratantes limitaron deliberadamente el universo de las entidades que podían hacer cumplir el Contrato de Transacción de 1995. En el presente caso, la obtención del derecho de la República a limitar los derechos de terceros se negoció y no existe base alguna para frustrar su aplicación apropiada.

 

III. Según la ley ecuatoriana, TexPet no tenía ningún derecho contractual a entablar un juicio para exigir el cumplimiento de un contrato en nombre de las Exoneradas.

 

Al igual que Chevron, TexPet también carece de un derecho contractual a solicitar reparación por violación de contrato en este Arbitraje. Aunque TexPet, a diferencia de Chevron, sea una Parte Contratante en el Contrato de Transacción de 1995, no es una parte demandada en el Litigio Lago Agrio, por tanto no está expuesta a una sentencia.

 

A. TexPet no tiene ningún reclamo propio que hiciera valer al amparo del Contrato de Transacción de 1995.

 

El origen de las quejas y acusaciones de las demandantes en este arbitraje es el Litigio Lago Agrio. TexPet no es una parte demandada en el litigio Lago Agrio o no está involucrada por el resultado de dicho litigio. Por consiguiente, incluso si el Contrato de Transacción de 1995 incluyera convenios contractuales de “indemnizar, proteger y defender” no existe ninguna manera en la cual la República podría violar alguna obligación con respecto a TexPet en ausencia de un reclamo contra TexPet.

 

B. La ley ecuatoriana prohíbe a TexPet que haga valer un reclamo por violación de contrato en nombre de otra persona.

 

La ley ecuatoriana ordena que un tercero sólo puede ejercer los beneficios creados en su nombre.

 

Mediante sus términos inequívocos, el Artículo 1465 priva a TexPet del derecho contractual de hacer valer una acción contra la República y Petroecuador y en favor por la supuesta violación de una obligación del Contrato de Transacción de 1995.

IV. De acuerdo a la ley ecuatoriana, las Demandantes no tienen ningún reclamo existente por violación del Contrato de Transacción de 1995 porque este ha prescrito.

 

La República recibió la Notificación de Arbitraje el 23 de septiembre del 2009. Hacia esa fecha, los reclamos de terceros habían continuado sin interrupción durante catorce años desde la suscripción del Contrato de Transacción de 1995. El reclamo de las Demandantes por violación de contrato ha expirado incluso de acuerdo al plazo de prescripción más prolongado posible prescrito según las leyes ecuatorianas, esto es 10 años.

V. El Contrato de Transacción de 1995 no libera ni desiste de los reclamos que tuvieren terceros.

A. El lenguaje llano del Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 no trata sobre los reclamos que tienen terceros ni obliga a que el Estado actúe en relación con esos reclamos.

 

El Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 es aplicable solo a las partes en dicho contrato. Los términos llanos del contrato confirman que ni el Gobierno ni PetroEcuador tuvieron la intención ni pretendieron actuar en nombre de ningún tercero.

 

Este Contrato de Ejecución y Liberación identifica claramente tres, y solo tres, partes en ese contrato: el Gobierno de Ecuador (representado por el Ministro de Energía y Minas), PetroEcuador (representado por su Presidente Ejecutivo), y Texaco Petroleum Company (representada por su Vicepresidente, Sr. Ricardo Reis Veiga y el Dr. Rodrigo Pérez Pallares). El contrato fue suscrito y ratificado en su integridad con la firma de los representantes de cada una de las tres partes que comparecieron a su celebración.

 

No solo se especifican con claridad y en detalle las Partes Contratantes y las beneficiarias, sino que la Exención incluida en el Artículo 5.1 identifica de manera expresa e inequívoca su alcance. La Exención deja en claro que las únicas partes que liberan respecto de sus reclamos son el Gobierno y PetroEcuador,

[E]l Gobierno y Petroecuador liberarán, absolverán y exonerarán para siempre por medio del presente documento… a “Las Exoneradas” de “todos los reclamos del Gobierno y Petroecuador contra las Exoneradas por los Efectos Adversos en el Ambiente originados en las Operaciones del Consorcio.

De acuerdo al lenguaje llano de este Artículo, las únicas “Entidades que emitieron las Liberaciones” son “el Gobierno y Petroecuador”. Y estas entidades en virtud de los términos expresos de ese párrafo, liberaron únicamente los reclamos que les pertenecen a ellas, y ningún otro reclamo.

 

El término “Liberación” fue cuidadosamente definido justamente para no extenderla a ninguna de las obligaciones legales “con respecto a” cualquier individuo que alegare daño o la amenaza inminente de daño.

 

Además, el Plan de Trabajo adjunto como “Anexo A”, exigía específicamente que TexPet resolviese los Juicios pendientes con ciertos Municipios. Si el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 fuere tan amplio como Chevron sostiene, los reclamos de las Municipalidades no habrían sido necesarios, menos aún una negociación ni una transacción definitiva.

 

El Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 de ninguna manera impone a la República la obligación de (1) eximir a TexPet de reclamos de terceros, (2) defender a TexPet con respecto a los reclamos en Aguinda o en cualquier otro reclamo que fuere su sucesor, (3) indemnizar a TexPet por todas las pérdidas que resultaren de reclamos de terceros, (4) notificar a cualquier corte sobre la existencia del Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 (mucho menos interpretar ese contrato de una manera sobre la cual Ecuador discrepa), o (5) de lo contrario, adoptar cualquier otra medida en cualquier litigio de terceros en el cual el Estado no fuera una parte. Dicho en términos sencillos, el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 no impone ninguna obligación contractual al Estado de intervenir en apoyo de TexPet en ninguna acción, ni en ninguna jurisdicción. La única obligación que se impusieron Ecuador y PetroEcuador fue la de no plantear juicios contra las Exoneradas. Nada más.

 

B. Todas las pruebas aplicables para determinar la intención de las Partes Contratantes ratifican que éstas sabían y comprendían que el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 no liberó de, ni renunció a, los reclamos de terceros

 

De acuerdo al lenguaje del contrato, el Ecuador y Petroecuador simplemente renunciaron y liberaron a TexPet de los reclamos que pertenecían a las dos entidades otorgantes de la liberación. No existía la intención de renunciar o liberar de reclamos que pertenecieran a terceros.

 

Los hechos y circunstancias relacionados refuerzan el lenguaje llano de los términos contractuales.

1.       La omisión de las Partes de referirse en el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 a la acción Aguinda, pendiente en ese entonces, refleja su entendimiento de que el Contrato no surtía ningún efecto en los reclamos de los entonces Demandantes de Aguinda.

Cuando el Memorando de Entendimiento de 1994 y el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 se suscribieron, los reclamos de terceros contra TexPet ya estaban pendientes, no eran posibilidades meramente teóricas o futuras. Hacia 1993, los litigios de la FCUNAE[1] y Aguinda en New York y el litigio Sequihua[2] en Texas ya habían comenzado.

 

Para 1995, mientras la acción Sequihua había sido desestimada por razones de forum non conveniens a favor de las cortes ecuatorianas y se había desistido de la acción de la FCUNAE. Aguinda no solo estaba pendiente sino en pleno desarrollo.

 

Si, como dicen las Demandantes, la liberación hubiera afectado los derechos de terceros, dada la intensa actividad en el caso Aguinda, lo lógico era que las partes en el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 liberaran expresamente a Texaco de esos reclamos. Pero, tanto el lenguaje, así como la historia de negociación del Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 revela que no se contempló ninguna liberación respecto de terceros – incluso si hubiera sido permisible en los términos de las leyes ecuatorianas, que no lo era.

 

Incluso dentro de la misma acción Aguinda, Texaco nunca planteó ante la corte que ésta debía desestimarse en razón de que el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 la hubiera liberado de esos reclamos.

 

Dado que los demandantes, primero en Aguinda y luego en Lago Agrio, en ambas acciones han solicitado una remediación general, Chevron-Texaco no tienen ninguna explicación para justificar que las Partes Contratantes no hayan incluido en el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 disposición alguna que eliminara los reclamos en Aguinda, pendientes en ese entonces, si en verdad esa hubiera sido la intención del Contrato.

 

La decisión de las Partes del Contrato de 1995, de no hacer referencia a los litigios de terceros pendientes en ese entonces refleja la clara intención de no afectar esos litigios.

2.       El Memorando de Entendimiento de 1994 (MdE) – que estableció el marco para el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 – deja en claro que las Partes sabían y comprendían que el Contrato no afectaría los reclamos de terceros

Según las leyes ecuatorianas, el Memorando de Entendimiento (MdE) de 1994, al ser el documento central que lleva el registro de la historia de la negociación de las Partes Contratantes, que dio lugar al Contrato de 1995 debería tener importancia interpretativa para determinar la intención de las partes con respecto al alcance de la Liberación. El Artículo 1580 del Código Civil, prevé que para efectos de la interpretación de un contrato deberá tomarse en cuenta las “cláusulas de otro contrato entre las mismas partes sobre la misma materia” si esos contratos existieren[3].

 

Durante las negociaciones sobre el MdE de 1994, TexPet propuso un borrador que incluía como un “objetivo” del Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 que iba a negociarse, una liberación general respecto de todos los reclamos de personas que viven en la Región Amazónica. La propuesta de TexPet era la siguiente:

Establecer un mecanismo a través del cual TexPet sea liberada de todo reclamo que el Ministerio y PETROECUADOR tuvieren contra TexPet por los efectos adversos en el ambiente o que estuvieren destinados a obtener la rehabilitación y reparación de todo el daño ecológico causado o a compensar por los efectos de naturaleza socioeconómica causados a las poblaciones ubicadas en la Región Amazónica Ecuatoriana como consecuencia de las operaciones del ex Consorcio PETROECUADOR-TEXACO[4].

Tanto el gobierno del Ecuador cuanto Petroecuador rechazaron ese lenguaje.   La versión final del MdE de 1994 no solo suprimió el texto en cursiva para eliminar toda referencia a daño a terceros, sino que también incorporó un nuevo lenguaje “separado” (en el nuevo Artículo VIII) para aclarar que:

Las disposiciones de este Memorando de Entendimiento se aplicarán sin perjuicio de los derechos que posiblemente tuvieren terceros por el efecto adverso causado como consecuencia de las operaciones del ex Consorcio PETROECUADOR-TEXACO.

TexPet   aceptó los cambios hechos por el Gobierno y por Petroecuador porque, según lo confirmaba un memorando interno, “meramente confirmaba lo que ya establecían las leyes ecuatorianas”.[5] Así, las Partes Contratantes aceptaron esta aclaración y eliminaron el lenguaje que había causado controversia.

 

Por lo tanto, es claro que TexPet consintió en redactar y suscribir el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 de acuerdo con los principios acordados en el MdE de 1994, en observancia del consenso de las partes de separar “los derechos que posiblemente posean terceros”[6].

3.       El abogado defensor de Texaco sabía y reconoció – al igual que los peritos en Derecho Ecuatoriano de Chevron– que el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 no afectó los derechos de terceros

Aunque el principal asesor jurídico ecuatoriano de TexPet cuestionaba los derechos sustantivos de los demandantes según las leyes ecuatorianas, admitió que tanto el MdE de 1994, así como también el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 no tenían la finalidad de afectar los derechos de terceros en absoluto. El Dr. Pérez Pallares testificó bajo juramento en una declaración en el 2006 que un demandante tercero “puede enjuiciar [a TexPet] en Ecuador” y puede “obtener reparación en la medida que [la ley de Ecuador] lo permita” y que “el MdE y la Transacción [no afectaren] de una u otra forma”.

 

 

El testimonio del Dr. Pérez Pallares es concordante con el criterio de cinco de los peritos en derecho ecuatoriano que Chevron presentó ante la Corte federal en los Estados Unidos en el caso Chevron I. De acuerdo a los peritos de Chevron, Dr. René Bustamante Muñoz, Dr. Federico Chiriboga Vásconez, Dr. Sebastián Pérez Arteta, Dr. Rodrigo Jijón Letort, y Dr. Diego Pérez Ordóñez:

“[L]a transacción de 1995[] es un contrato y las partes pueden acordar sobre sus disposiciones a su voluntad, siempre y cuando éstas no afecten el orden público o los derechos de terceros . . .

El acuerdo al que llegaron el Estado Ecuatoriano y TexPet, como ya se mencionó, no beneficia ni perjudica a ningún tercero. Esta afirmación es válida tanto en el caso de acciones privadas que se derivaren de los Artículos 2214, así como también de las acciones colectivas que se originaren en el Artículo 2236. Por lo tanto, la posibilidad de plantear esos reclamos no se ve afectada”[7].

 

VI. De acuerdo a la Ley ecuatoriana, los derechos de los Demandantes de Lago Agrio no fueron extinguidos, y no podían ser extinguidos por el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995

 

No obstante el lenguaje llano del Contrato de Ejecución y Liberación de 1995, los hechos concurrentes que rodearon su redacción y negociación, y las admisiones previas de las mismas Demandantes en sentido contrario, estas últimas alegan que el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 sirvió para transigir sobre los reclamos de terceros por aplicación de la ley ecuatoriana, incluso si ésta no hubiera sido la intención de las Partes Contratantes.

 

Para sostener esto, las Demandantes afirman que el Gobierno actuó en su capacidad de parens patriae cuando suscribió el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995.

 

Pero esta teoría no está acorde con la ley ecuatoriana. El Código Civil de Ecuador prohíbe de manera expresa e inequívoca a toda parte que transija los reclamos que pertenecen a otro.   Dispone también, que los contratos de transacción obligan solo a las partes que los suscriban, e incluso cuando existen múltiples partes con un interés en una transacción particular, “la transacción otorgada por una de ellas no perjudicará ni beneficiará a las otras”[8].

 

Estas disposiciones del Código Civil no hacen en absoluto ninguna distinción basada en el tipo de reclamo planteado (“difuso” versus “individual”), tampoco distinguen los contratos de transacción basados en la naturaleza particular de las partes jurídicas que suscriben los contratos (públicas versus privadas).

 

El Gobierno Ecuatoriano no está autorizado ni lo estuvo en el pasado para hacer concesiones en cuanto a los derechos de sus ciudadanos sea que los derechos en cuestión se caracterizaran como “difusos” o individuales.

 

El Gobierno Ecuatoriano tampoco tenía capacidad legal para asumir y resolver los reclamos de sus ciudadanos – a través del litigio o la transacción extrajudicial – de una manera que privaría a sus ciudadanos de su propio derecho a plantear juicios y solicitar reparación en su propio nombre. En Ecuador, el Gobierno no tiene, ni tuvo ninguna autoridad de parens patriae y, por lo tanto, no podía haber suscrito el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 en una capacidad representativa – incluso si hubiera declarado que procedía en tal sentido (lo cual, desde luego no hizo).

 

Según Chevron, las liberaciones que a su juicio ocurrieron con el contrato de 1995, la exoneraron, con efecto de res judicata, de todos los reclamos pasados, presentes y futuros originados de las actividades del Consorcio.

 

Pero el principio de res judicata es inaplicable porque las partes y el objeto del Contrato de 1995 son diferentes a las partes y el objeto del Juicio de Lago Agrio

 

 

Si en realidad, las Demandantes hubieran creído que la res judicata prohibía los reclamos de terceros como resultado del Contrato de Ejecución y Liberación de 1995, sin duda habrían invocado esa defensa preliminar durante la historia de litigio de diez años en Aguinda y no lo hicieron. En cambio, pasaron los últimos siete años de ese caso (i.e., los siete años siguientes a la suscripción del Contrato de Ejecución y Liberación de 1995) tratando de persuadir, finalmente con éxito, a la Corte Distrital del Sur de Nueva York y a la Corte de Apelación del Segundo Circuito, de que Ecuador era el foro apropiado para resolver esos reclamos.

 

Como ya se dijo, las tres Partes Contratantes que suscribieron el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 fueron la República, PetroEcuador y TexPet.   Los Demandantes en Lago Agrio no son y nunca han sido partes en el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 y, por lo tanto, no pueden estar obligados por éste.

 

Las Demandantes buscan eludir los principios más básicos del derecho basadas en dos premisas defectuosas: (1) que el Gobierno y PetroEcuador representaron a todos los ciudadanos ecuatorianos y actuaron en la capacidad de una agencia para liberar a TexPet de todos los reclamos relativos a derechos “difusos” que pertenecen a esos ciudadanos; y, (2) que los Demandantes en Lago Agrio representan a esos mismos ciudadanos ecuatorianos al interponer reclamos por esos mismos derechos en el Litigio Lago Agrio. Ecuador ha demostrado que estos dos elementos fundamentales son falsos.

 

Como lo confirma el doctor Genaro Eguiguren, perito de la República en el arbitraje: Ni el gobierno ecuatoriano ni PetroEcuador actuaron en nombre de los ciudadanos cuando suscribieron el Contrato de 1995 a fin de disponer de sus derechos o comprometerlos bajo el contrato[9]. Específicamente, el Gobierno y PetroEcuador no transigieron ni hicieron concesiones, y tampoco podían hacerlo, en cuanto a los derechos de los ciudadanos a hacer valer acciones al amparo del Código Civil, en particular el Artículo 2236, el cual confiere el derecho a entablar una acción para impedir el daño que los amenace. El Gobierno o PetroEcuador tampoco renunciaron al derecho de los ciudadanos a hacer valer una acción para reivindicar su derecho a un ambiente limpio, tal como estaba consagrado en el Artículo 19(2) de la Constitución Ecuatoriana.

 

Más bien, como parte de la liberación de sus propios reclamos en calidad de otorgantes de la Concesión de 1973 contra su ex Operadora – Concesionaria, el Gobierno y PetroEcuador renunciaron a su propio derecho (i) a enjuiciar a las Exoneradas identificadas en el Contrato, o (ii) a demandar o solicitar indemnización a aquellas si las Otorgantes de Liberación fueren enjuiciadas posteriormente por terceros.

 

 

 

VII. La Demandada no ha violado el Contrato de Transacción de 1995

 

Ni la República de Ecuador, ni PetroEcuador garantizaron a Texaco que ningún ciudadano ecuatoriano entablaría, alguna vez, un juicio contra una “Exonerada”. En realidad, no podían haber hecho una promesa de esa clase porque no tenían la facultad legal para hacerlo. Lo único que hicieron fue “liberar” a Texaco de los reclamos que el Estado ecuatoriano y PetroEcuador hubieran podido tener en su contra y en el de otras “Exoneradas”. Hasta esta fecha esos compromisos se han cumplido, pues no existe ni un solo juicio en violación de ese convenio.

 

Las Demandantes alegan que el Estado violó el Contrato de 1995 al “negarse a notificar a la Corte de Lago Agrio sobre la validez y aplicabilidad de su liberación, o a indemnizar a Chevron por toda remediación o remuneración ordenada”, pero esta alegación es una conclusión forzada. En el Contrato de 1995, el Estado no contrajo, en absoluto, ninguna obligación de notificar a ninguna Corte sea sobre la “validez” o bien sobre la supuesta “aplicabilidad” de la Liberación.

 

VIII. Reparación que se solicita

La República del Ecuador solicitó al Tribunal que:

(i)Desestime los reclamos de Chevron de acuerdo al Contrato de Transacción de 1995 y el Finiquito Definitivo de 1998 por carecer de jurisdicción según el Artículo

VI(1)(a) del Tratado;

(ii)Desestime los reclamos de Chevron por falta de jurisdicción según el Artículo VI(1)(c) del Tratado en la medida que sus reclamos al amparo del Tratado se fundamenten en la violación del Contrato de Transacción de 1995 y/o el Finiquito

Definitivo de 1998;

(iii) Desestime los reclamos de Chevron según el Contrato de Transacción de 1995 y el Finiquito Definitivo de 1998 sobre el fondo, si el Tribunal determinare que Chevron está en posición legal en este Arbitraje como una cuestión de jurisdicción;

(iv)Desestime los reclamos de TexPet según el Contrato de Transacción de 1995 sobre el fondo de la cuestión;

(v)Declare específicamente que la Demandada no ha violado el Contrato de Transacción de 1995 ni el Finiquito Definitivo de 1988;

(vi)Desestime todos los reclamos de las Demandantes en tanto estos se relacionen con las Transacciones Locales de 1996, tanto como una materia de jurisdicción, así como sobre el fondo de la cuestión

(vii)Declare además que la Demandada no está sujeta a ninguna obligación de indemnizar, proteger, defender o de otra manera eximir de responsabilidad a las Demandantes contra los reclamos de terceros;

(viii)Declare que el Contrato de Transacción de 1995 no surte ningún efecto en terceros y, específicamente, que la liberación de responsabilidad incluida en este contrato no se extiende a los derechos y reclamos que posiblemente tuvieren terceros o pudieran de otra manera prohibir reclamos de terceros que se originaren del efecto adverso en el ambiente como resultado de las operaciones de TexPet en Ecuador contra TexPet o cualquiera otra de las Exoneradas definidas;

(ix)Falle a favor del pago de todas las costas a la Demandada, además de los honorarios de los abogados en conexión con esta fase del proceso;

(x)Otorgue a la Demandada toda reparación adicional que el Tribunal considerare justa y apropiada.

 

 

 

 

[1]              La Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), y otros contra Texaco, Inc., No. 7:94-cv-06262 (S.D.N.Y.), Denuncia presentada el 31 de agosto de 1991.

 

[2]              Sequihua contra Texaco, Inc., 847 F.Supp. 61 (S.D. Tex. 1994).

 

[3]              Código Civil de Ecuador, artículo 1580.

 

[4]              Borrador de MdE (9 de diciembre de 1994), artículo I (d) (énfasis agregado).

 

[5]              Facsímil enviado por R. Pérez Pallares a A. Bodero (13 de diciembre de 1994).

 

 

[6]              Id. artículo VIII.

 

[7]              Bustamante, et al., Declaración jurada en 3-4 (énfasis agregado).

 

[8]              Código Civil de Ecuador, artículo 2363.

 

[9]              Segundo Informe Pericial de Genaro Eguiguren ¶ 10(a).