RECUSACIÓN PETICION ECUADOR

CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY,Demandantes,– y –

EL ECUADOR

Demandada.

SOLICITUD DE ECUADOR

El 19 de septiembre de 2014 el Ecuador presentó una petición a los miembros del Tribunal para que se aparten del conocimiento del proceso arbitral. Esta petición hecha con base en los artículos 10 y 13 del Reglamento de la CNUDMI y de derecho holandés aplicable, constituyó el paso previo necesario a la presentación de un pedido de recusación presentado ante el Secretario de la Corte Permanente de Arbitraje, autoridad que por aplicación del reglamento de la CNUDMI es la encargada de resolver los pedidos de recusación. Posteriormente, el 24 de octubre de 2014, el Ecuador presentó ante dicho Secretario su escrito de recusación con los siguientes argumentos: 

I. El fallo del Tribunal en resolver las reiteradas solicitudes del Ecuador para realizar una visita in situ a lo largo de más de dos años.

En sus memoriales iniciales (y posteriores) en cuanto al fondo, Chevron-Texaco sostienen expresamente que no existe contaminación en la región, y si hay algún tipo de contaminación, no es culpa de TexPet. El Ecuador tiene derecho a demostrar la falsedad de esta proposición y por lo tanto razonabilidad de la sentencia de Lago Agrio, y mostrar a este Tribunal la contaminación y su proximidad a los residentes, al igual que se demostró a la Corte de Lago Agrio.

El Ecuador ha prevenido al Tribunal de que existen razones sanitarias apremiantes para proceder cuanto antes con la remediación de los terrenos contaminados en el Oriente, y por lo tanto también llevar a cabo la visita in situ tan pronto como sea posible.

El Ecuador comunicó por primera vez su deseo de organizar una visita in situ durante una teleconferencia procesal en marzo del 2012. Sorprendentemente, las demandantes primero acordaron la visita in situ en términos que eran totalmente indiscutibles. Un año más tarde, sin embargo, las demandantes retractaron su respaldo, aunque afirmaron que cooperarían si el Tribunal considerara que una visita in situ era necesaria. En un intercambio de correspondencia sobre el asunto un mes después, las cuales incluían también posibles fechas para la visita, las demandantes siguieron oponiéndose a la petición, pero otra vez ofrecieron su cooperación si el Tribunal deseaba llevar a cabo la visita in situ.

El asunto se sometió de nuevo al Tribunal durante la audiencia de la Fase 1B de responsabilidad el 28 de abril del 2014, y el Tribunal indicó a las partes que estaba deliberando sobre el calendario de la visita in situ.

El 13 de agosto del 2014, la Partes recibieron la Orden Procesal N º 27 con la decisión del Tribunal de desestimar la inspección prevista para noviembre de este año. La Orden no contiene una sola palabra sobre los problemas que la demora y la incertidumbre en la visita a las instalaciones le provocarían a Ecuador con respecto a las obras de remediación adicionales que se necesitan llevarse a cabo urgentemente en la Amazonía.

– El 14 de agosto de 2014, el Ecuador solicitó al Tribunal que reconsidere y reinstituya la visita programada para noviembre o, en su defecto, que el momento en abril y mayo del 2015 reservado para la audiencia de la Fase Procesal II podría utilizarse para realizar la visita in situ, y convocar una conferencia telefónica del procedimiento en la mayor brevedad posible para discutir estas cuestiones con las partes. El Ecuador también observó los extraordinarios esfuerzos y recursos que se habían dedicado a asegurar que la visita in situ planeada en noviembre se llevara a cabo sin problemas. El Tribunal no reconoció estos esfuerzos y las ineficiencias causadas por la cancelación de la visita al sitio en noviembre.

– Mediante oficio del 22 de agosto de 2014, las Demandantes comunicaron nuevamente su oposición con respecto a la visita in situ y se negaron a aceptar la solicitud del Ecuador de sustituir la inspección por la audiencia de la Fase II de responsabilidad. Sin embargo, contrariamente a las garantías anteriores del Tribunal, del 4 de septiembre del 2014, el Tribunal emitió la Resolución Procesal N º 28, en la que rechazó la solicitud de la Demandada de reconsideración y confirmó su decisión de desestimar la visita in situ prevista para noviembre de este año y tampoco de llevarla a cabo en lugar de la Audiencia. Como consecuencia de lo anterior, se desprende que las causas de la decisión del Tribunal de desestimar la visita a las instalaciones de noviembre de 2014 y aplazar el debate para una fecha incierta son principalmente dos. En primer lugar, la evidente incapacidad o falta de voluntad del Tribunal para actuar y resolver desacuerdos procesales pendientes entre las Partes, junto con la falta de disponibilidad general de los miembros del Tribunal para cumplir con sus responsabilidades arbitrales. En segundo lugar, la predisposición del Tribunal para que se pronuncie en contra del Ecuador siempre que sea más conveniente, más no justo, que lo haga. Ambos son inaceptables y constituyen una base imperativa de recusación conforme al Reglamento de la CNUDMI y el derecho holandés.

–          No existe excusa válida para la falta del Tribunal a dedicar el tiempo necesario para resolver los desacuerdos en los procedimientos de las Partes como se indica en la Orden Procesal N º 27.

–          El que las Partes tuvieran “desacuerdos pendientes”, es la esencia misma de cualquier arbitraje y no puede, por definición, ser un problema para un Tribunal, cuya responsabilidad es precisamente resolver dichos desacuerdos.

–          La decisión del Tribunal de no pronunciarse sobre estas cuestiones equivale a ceder a las demandas de las Demandantes y conceder a las Demandantes de facto el poder de veto sobre si debería o no debería haber una visita al sitio. Esto no es ni apropiado ni justo, y ciertamente no parece imparcial.

–          Tampoco existe una excusa razonable para los miembros del Tribunal sobre aparentes dificultades en encontrar un espacio en sus agendas para asistir a asuntos de importancia en el presente arbitraje, sobre todo porque el Tribunal fue advertido de la necesidad de realizar esta visita hace más de dos años y medio. En la opinión del Ecuador, es inaceptable que el Tribunal llegue a conclusiones sobre uno de los más extensos sitios del mundo en los que existe contaminación ambiental, con potencialmente miles de millones de dólares de por medio en daños al medio ambiente, sin siquiera tomarse un tiempo de la semana para visitar el sitio de la contaminación.

 

III. El patrón General y recurrente del Tribunal de inactividad y desigualdad en el trato de este caso

El Ecuador considera que el manejo irregular del Tribunal a la petición de visita del sitio del Ecuador es parte de un patrón de conducta por parte del Tribunal que atestigua, al menos, la percepción de abandono o sesgo en contra del Ecuador. De hecho, hay muchos otros casos en los que el Tribunal ha mostrado una tendencia en retrasar o no regular en absoluto las cuestiones importantes, de realizar su trabajo de una manera en la que se produce resultados aparentemente sesgadas en contra del Ecuador.

Aplicación desigual de sus propias reglas:

–          En la Resolución Procesal No. 4, el Tribunal advirtió a uno de los abogados del Ecuador sobre la emisión de comentarios en el 2010 para un artículo de prensa (Good article reassessment GAR) publicado por un periodista y advirtió a todos los abogados que no se iba a tolerar este tipo de acciones en el futuro. Desde entonces, sin embargo, el abogado de las Demandantes hizo comentarios denigrantes sobre Ecuador en Reuters, la revista Forbes, Good article reassessment (GAR) y el Stanford Journal, y ha contactado a la comunidad académica con observaciones despectivas sobre l Ecuador (incluyendo en la correspondencia, aunque sin el conocimiento de los reclamantes en ese momento, a un abogado de Winston & Strawn). En cada oportunidad, el Ecuador notificó al Tribunal, pero el Tribunal no ha tomado ninguna acción incluso para abordar o tomar alguna medida sobre las solicitudes del Ecuador para corregir las violaciones de las Demandantes. Si bien emitió la Orden Procesal No. 4 a los pocos días del oficio de Chevron que se quejaba de un caso en el que el abogado de la Demandada fue citado públicamente, el Tribunal no ha abordado ni una sola de las muchas peticiones del Ecuador que abordan la mala conducta de las Demandantes durante más de dos años, lo que por consiguiente ha permitido a los abogados de las Demandantes abogados denigrar la imagen pública de Ecuador con impunidad.

–          La actitud del Tribunal ha permitido que las Demandantes lleven sus alegaciones imposibles de mantener fuera de este arbitraje y con ello agraven seriamente la disputa. Como consecuencia, el Ecuador ha tenido que luchar contra las acusaciones no sólo en el arbitraje, sino también en la prensa y en el Congreso de los Estados Unidos y de la Oficina del Representante Comercial de EEUU.

–          Otro ejemplo de aplicación inconsistente y desigual por parte de las propias reglas del Tribunal es cuando el Tribunal decidió ponerse del lado de las Demandantes y que incluyan cuestiones de derecho internacional en el último minuto en la Fase Procesal 1 a pesar de que anteriormente siempre había declarado lo contrario. En su Orden Procesal N º 23, el Tribunal había declarado expresamente que “[t]odas las cuestiones que surjan en virtud del Tratado. . . relativo al desarrollo del juicio de Lago Agrio, la Sentencia, el proceso de apelación del Ecuador y cualquier otro recurso importante en el sistema jurídico ecuatoriano “iban a ser abordados en la Fase Procesal 2. En la Orden Procesal N º 10, el Tribunal estipuló que la Fase Procesal 1 serviría para hacer frente sólo a “cuestiones preliminares”. En la Orden Procesal N º 18, el Tribunal ordenó que “todos los temas bajo el TBI y el derecho internacional consuetudinario, relacionados al desarrollo de la litigación de Lago Agrio, la Sentencia, y el proceso de apelación” se abordarían en la Fase Procesal 2. De hecho, el Tribunal rechazó incluso el intento de la Demandante de importar las cuestiones de la Fase Procesal 2 a la Fase Procesal 1 en su primer laudo parcial: “las Demandantes [r]reclamaron una [c]ompensación [incluyendo reparación conforme al derecho internacional]… que supera, en parte, a los problemas que se pretende abordar en la Fase Procesal 1”. Sin embargo, apenas dos semanas antes de la fecha de vencimiento para la presentación del Memorial de Contestación Suplementario de la Fase Procesal 1 y cinco semanas antes de la audiencia sobre las cuestiones de esa Procesal, el Tribunal cambió el curso y decidió que la segunda ronda de la Fase Procesal 1 incluiría también cuestiones de derecho internacional. La decisión del Tribunal no fue sólo injusta en términos de tiempo y totalmente contradictoria con sus orientaciones anteriores, sino también estuvo alineada a los reclamos de las Demandantes.

Inadmisible tolerancia a la mala conducta procesal de las Demandantes:

–          A lo largo de estos procesos judiciales, el Tribunal ha permitido a las Demandantes persistentemente desafiar las normas procesales en el arbitraje; coartando con ello el derecho al debido proceso del Ecuador. Numerosas solicitudes de parte de la   República para amonestar tal comportamiento y desalentar la mala conducta futura han sido ignoradas o rechazadas por el Tribunal. Por ejemplo, en la preparación de la audiencia de febrero del 2012 el Presidente del Tribunal instruyó a las Partes abstenerse de tener algún tipo de emboscada hacia la otra parte con nuevos documentos y, de conformidad con lo mismo, le dijo a las Demandantes que podían presentar nuevas exposiciones después de la fecha de corte salvo por solicitud al Tribunal. Las Demandantes presentaron, no obstante, nuevos anexos en la audiencia sin el permiso del Tribunal y sin siquiera la identificación de los anexos expuestos como nuevos. Cuando se le preguntó específicamente sobre la fuente de una de las diapositivas de PowerPoint de las Demandantes por los miembros del Tribunal, las Demandantes acordaron proporcionar la “fuente” más adelante, dando a entender falsamente que ellos simplemente no tenían la referencia de lo expuesto a mano. El Ecuador descubrió más tarde que las supuestas fuentes no estaban en el expediente y de inmediato solicitaron una declaración del Tribunal de que las Demandantes habían violado las instrucciones. El Tribunal escuchó los alegatos al respecto sólo dos años después en la audiencia procesal de enero del 2014 e incluso entonces se negó a amonestar a las Demandantes o pronunciarse sobre la cuestión en absoluto, incluso a reconocer la violación obvia por las Demandantes a esta clara directiva de este Tribunal.

–          Abundan otros ejemplos similares, incluidos el uso de nuevos documentos como Medidas de emergencia provisionales por parte de las Demandantes en la audiencia, en febrero del 2011; así como la presentación tardía por parte de las Demandantes de miles de nuevos documentos después de que Ecuador presentara su Dúplica a la Fase Procesal 2 en diciembre del 2013. En cada ocasión, el Ecuador se quejó de la mala conducta de las Demandantes, pero la presentación extemporánea fue permitida. El Ecuador informó al Tribunal de estas preocupaciones en ese momento; incluso hasta ahora, dos años y medio más tarde, el Tribunal ha ignorado las peticiones del Ecuador para que éste se resuelva.

Razonamiento jurídico viciado y sesgado:

–          En la fase jurisdiccional del arbitraje, el Ecuador sostuvo que el Tribunal debería abstenerse de asumir la competencia debido a que el interés jurídico de terceros (las Demandantes de Lago Agrio) no debe determinarse en un procedimiento en el que no tienen ninguna oportunidad de ser escuchados. Más específicamente, el Ecuador argumentó que si el Tribunal concede la compensación solicitada (declarando la sentencia de Lago Agrio no válida o no aplicable), décadas de lucha de los afectados para lograr que sus reclamos contra las Demandantes sean considerados se verían privados de una conclusión. El Tribunal, sin embargo, optó por asumir y ejercer su competencia sobre la disputa, pero señaló que el Tribunal no decidiría necesariamente el destino de las demandantes de Lago Agrio. Hechos posteriores, sin embargo, han dejado claro que el Tribunal ha minimizado los derechos de terceros, que no tienen oportunidad de ser escuchados. Las diversas medidas, órdenes y laudos provisionales del Tribunal han exigido que Ecuador suspenda o provoque la suspensión de la sentencia de Lago Agrio, violando así los compromisos del Ecuador en virtud de diversas convenciones internacionales de derechos humanos e interfiriendo con los derechos de los demandantes indígenas a obtener reparación oportuna.

Los laudos provisionales del Tribunal, si se siguen estrictamente, interfirieron con el derecho de los demandantes a obtener la pronta y necesaria reparación para proteger su salud y la vida de sus familias. Reconociendo el efecto perjudicial de tal mandato, los demandantes presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 9 de febrero de 2012, solicitando que la Comisión prevenga a Ecuador de llevar a cabo órdenes del Tribunal. Los demandantes de Lago Agrio percibieron las directivas del Tribunal como una amenaza para “el goce de sus derechos fundamentales: a la vida, la integridad física, la salud, así como de sus derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial. . ., Y a la protección equitativa bajo la ley”. Los demandantes indígenas argumentaron que “permitir, mucho menos instigar que Ecuador cause cualquier retraso en la aplicación de la reparación determinada y ordenada legalmente, obtenida por [los demandantes] en los tribunales ecuatorianos sería una violación flagrante de los compromisos vinculantes de Ecuador bajo la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador”. Los demandantes retiraron su solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sólo después de que el tribunal de apelación de Lago Agrio encontró que la jerarquía de las leyes de Ecuador requiere sumisión a las Convenciones de Derechos Humanos sobre las obligaciones que pueden estar contenidas en el TBI.

–          Por otra parte, el Ecuador notificó al Tribunal en repetidas ocasiones de que no había ninguna base legal o mecanismo en la ley ecuatoriana para cumplir con las órdenes del Tribunal de suspender la ejecución de la sentencia de Lago Agrio, y que cualquier paso por parte de cualquier funcionario ecuatoriano en apoyo de la orden entraría en conflicto con la doctrina de separación de poderes y expondría al funcionario a sanciones penales.

Sin embargo, el Tribunal en su Cuarto laudo provisional declaró que El Ecuador no había impedido la ejecución de la sentencia de Lago Agrio y que por lo tanto había violado el Primero y el Segundo Laudo. Pero el Cuarto laudo provisional no sólo ignoró las limitaciones en virtud de su propia ley, sino bajo la ley internacional, al ordenar el Ecuador a pagar una indemnización por los daños causados por la violación del Cuarto laudo provisional.

Falta de respeto del derecho internacional a favor de las Demandantes:

–          Para ejercer su jurisdicción sobre la disputa Chevron-Ecuador, el Tribunal tuvo que ampliar el alcance jurisdiccional del tratado bilateral de inversiones (“TBI”) entre Ecuador y Estados Unidos más allá de los límites temporales que se definen expresamente por el lenguaje del TBI y que están explicados por algunos de los que negociaron los términos en nombre de las partes contratantes. En aparente desatención por la intención y el propósito manifiesto del TBI, el Tribunal concluyó en su Tercer Laudo Provisional que la controversia es una “diferencia de inversión” y corresponde a una “inversión” que existe a partir del momento en el que el TBI entró en vigor en el año de 1997 o después. El Tribunal lo hizo a pesar de que Texpet había cesado todas las actividades comerciales en 1992 y depositado o repatriado todos sus activos para el mismo año – cinco años antes de que entrara el TBI en vigor en 1997. El Tribunal justificó su conclusión basándose en la llamada “teoría de la vida útil,” encontrándose que la inversión “no ha alcanzado aún su cierre completo y definitivo” debido al litigio de Lago Agrio y a la disputa aún en marcha sobre el alcance del Acuerdo de 1995.

 

–          Un problema similar existe en relación con el Primer y Segundo Laudo provisional, que prohíben al Ecuador acatar su propia ley, los principios fundamentales de la separación de poderes y obligaciones de los tratados internacionales – en particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos – que están supuestamente basados en el derecho internacional. El derecho internacional puede establecer que el derecho interno no puede pasar por alto una violación de una obligación jurídica internacional. Pero no existe ninguna obligación jurídica internacional para convertir sus medidas provisionales en forma de un laudo provisional internacionalmente vinculante. Además, el Tribunal pretendía invocar el artículo VI (6) del Tratado para convertir ese laudo provisional en una obligación internacional. Pero el artículo VI (6) cubre los laudos finales sólo en cuánto al fondo de una controversia de inversión, y no podría ser la base para convertir órdenes o laudos en medidas cautelares en una obligación internacional.

–          El Ecuador presentó una solicitud de reconsideración por las razones expuestas anteriormente, pero esa petición fue relegada a la Fase Procesal 3, dejando de este modo en su lugar los laudos provisionales ilegales hasta el final del arbitraje, los cuales están perjudicando el Ecuador (por ejemplo, por medio del uso de Chevron de los laudos provisionales para retratar al Ecuador como un Estado recalcitrante y privar el Ecuador de los beneficios comerciales en los Estados Unidos que tanto necesita) al mismo tiempo que los hace inapelables mientras tanto. De este modo, parece que el Tribunal podría disolver los laudos provisionales en la conclusión del proceso judicial sobre la base de que cualquier laudo definitivo invalida la necesidad de laudos provisionales, en cuyo caso los laudos provisionales ilegales e inapelables habrían permanecido en su lugar durante la mayor parte del arbitraje sin ningún derecho de recurso ofrecido el Ecuador.

Caso omiso de los derechos e intereses del debido proceso del Ecuador:

El Tribunal, por otra parte, optó por emitir su Cuarto Laudo Provisional tan sólo once días antes de la fecha límite de la presentación del Memorial de Contestación de la Fase Procesal 2 por parte del Ecuador, la primera oportunidad en casi tres años y medio de proceso judicial para responder a las múltiples acusaciones de las Demandantes de fraude y mala conducta judicial. La decisión del Tribunal para emitir el laudo sin haber escuchado previamente el Ecuador es una clara muestra de indiferencia por el derecho del Ecuador a ser escuchada y su derecho al debido proceso. Si el Tribunal hubiese mostrado más moderación, el Ecuador habría tenido el beneficio de la defensa ante las acusaciones que aparentemente condujeron a la emisión del Primer y Segundo Laudo provisional.

La negativa de pronunciarse sobre la petición del Ecuador sobre las medidas provisionales:

–          En un esfuerzo de poner el Ecuador bajo presión en este arbitraje, Chevron utilizó el Cuarto Laudo Provisional del Tribunal para ejercer presión sobre el gobierno de los Estados Unidos para que no renueve a Ecuador los programas de preferencias arancelarias, acuerdos importantes para el país, sobre la base de que Ecuador “[n]o actuó de buena fe en el reconocimiento de la obligatoriedad así como en la ejecución de los laudos arbitrales en favor de ciudadanos [o empresas] de Estados Unidos”. Los tres programas, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de Estados Unidos, la ley de Promoción comercial Andina y Erradicación de Drogas, y el Sistema Generalizado de Preferencias, las cuales han estado en vigor al menos desde 1991, se han valorado en cientos de millones de dólares parel Ecuador. Ante el cabildeo de Chevron frente al Gobierno de US, Ecuador informó al Tribunal que los esfuerzos de Chevron para privarlo de los beneficios comerciales significativos constituían una medida punitiva que causa daños a Ecuador. A pesar de la urgencia en la solicitud del Ecuador, el Tribunal sigue demorándose en su resolución sobre la solicitud y por consiguiente ignora por completo los intereses económicos e internacionales legítimos del Ecuador más allá del arbitraje.

No existe respeto por la ley y el poder judicial del Ecuador:

–          El patrón de indiferencia para con los intereses legítimos del Ecuador culminaron en el Primer Laudo Parcial del Tribunal, en el que el Tribunal determinó la ley ecuatoriana sin tener en cuenta las conclusiones de las cortes ecuatorianas. No obstante la deferencia que debía ser otorgada por los tribunales internacionales a los tribunales nacionales del Estado anfitrión, el tribunal decidió apresurarse a juzgar, ya sea deliberadamente o por lo menos con el efecto de tomar una decisión sin la participación del tribunal más alto del Estado en materia de la legislación ecuatoriana. Al concluir que el artículo 19.2 de la Constitución de 1978 de Ecuador protege a los derechos difusos sobre los derechos individuales, el Tribunal hizo caso omiso del hecho de que los tribunales tanto de la primera instancia así como en la de apelación ya habían rechazado el reclamo de Chevron de que el Convenio 1995 había verdaderamente afectado los derechos de los Demandantes indígenas. Apenas siete semanas después de la publicación del primer Laudo Parcial, la Corte Nacional contradijo directamente el laudo parcial en todos estos hallazgos, lo que confirma que la interpretación y aplicación de la ley ecuatoriana del Tribunal fue incorrecta. Al igual que en sus laudos provisionales, el Tribunal de nuevo no pudo en esta ocasión permitirse ninguna condescendencia o consideración a la ley y al poder judicial del Ecuador y por supuesto dio un resultado que favoreció injustificadamente a las Demandantes.

IV. La conducta del Tribunal y la probabilidad de que exista un sesgo requiere la aceptación de la recusación contra sus miembros.

La gestión desigual de la solicitud de la República respecto a una visita in situ evidencia la apariencia de parcialidad

 

Cada litigante tiene el derecho y la expectativa de que el foro tratará a las partes de manera similar. Eso no ha ocurrido aquí y plantea dudas justificadas acerca de la imparcialidad del Tribunal.

 

En la Audiencia Procesal de 2014 del 20 a 21 enero, el Tribunal aceptó la solicitud de las Demandantes de acceder y obtener “imágenes” de los discos duros del ex juez ecuatoriano Nicolás Zambrano, durante su mandato como juez). La República no tiene conocimiento de ninguna orden comparable de ningún tribunal que incida sobre la soberanía de un Estado y que tan invasivamente ordenara la producción de dichos materiales. El Tribunal ordenó a las Demandantes que prepararan un proyecto de protocolo para regular la inspección y la imagen del material forense antes del 27 de enero de 2014. El Tribunal similarmente dirigió a la Demandada, al mismo tiempo, a que redactara para el 31 de enero de 2014, un protocolo para gobernar un visita in situ. De conformidad con la Orden Procesal 23, ambas partes presentaron sus respectivos proyectos de protocolo en enero de 2014. Pero el trato similar del Tribunal hacia las Partes se detuvo allí.

 

Desde entonces, el Tribunal acordó escuchar -y de hecho escuchó en abril del 2014 – los desacuerdos respectivos de las Partes sobre el protocolo redactado por primera vez por las Demandantes para gobernar la obtención de imágenes de los discos duros y emitió un protocolo final de administración el 12 de mayo de 2014. Posteriormente, en mayo de 2014, los expertos de las Demandantes y la Demandada, junto con el Secretario del Tribunal, visitaron Quito durante tres días para implementar dicho protocolo. Desde entonces, las Demandantes han presentado escritos con sus argumentos relevantes respecto a las imágenes que aparecen en los discos duros.

Por el contrario, el Tribunal declinó repetidas peticiones presentadas por la República de escuchar los argumentos de las partes en relación a sus diferencias con respecto al protocolo para la visita in situ. En lugar de resolver estas diferencias, el Tribunal, en las Resoluciones Procesales Nos. 27 y 28 anuló la visita in situ de noviembre por completo, y además indicó que no habría una visita in situ antes de, al menos, mayo de 2015, y es probable que no se realizara entonces tampoco.

 

Para una persona razonable no sería difícil llegar a la conclusión de que las decisiones del Tribunal (1) ceden a las objeciones de las Demandantes e invalidan la solicitud de larga data de la Demandada para la visita in situ de noviembre de 2014, pero (2) conceden la extraordinaria solicitud de las Demandantes para inspeccionar unidades de disco duro de la Corte ecuatoriana, que adopten el protocolo que rige, y viajen a Quito para tomar imágenes de la evidencia forense, lo que refleja al menos un trato desigual y una apariencia de parcialidad.

El manejo general del Tribunal del proceso jurídico, se sitúa claramente por debajo de lo que razonablemente se puede esperar del Tribunal y amerita una recusación de acuerdo con las normas aplicables de acuerdo con las Reglas de la CNUDMI y la ley holandesa.