TERCER LAUDO PROVISIONAL SOBRE JURISDICCION

CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY,   Demandantes, – y –  

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Demandada.

 

TERCER LAUDO PROVISIONAL SOBRE JURISDICCION2012-02-27
El Tribunal respecto de las objeciones a la jurisdicción planteadas por Ecuador concluyó que:

1.-   Sobre la objeción ratione materiae

El Tribunal señala la definición amplia de “inversión” que se incluye el TBI, que enumera una amplia variedad de formas diferentes (“inversión” significa toda clase de inversión…”) y el Artículo I(3) también establece que cualquier cambio posterior en la forma en que se inviertan o reinviertan los activos “no afectará su naturaleza de inversión”. El TBI no impone ningún límite temporal a la inversión y no da pie para limitar la duración de una inversión cubierta que no sea su desaparición completa y definitiva, lo cual incluye que el inversionista, u otras personas, den por finalizados todos los medios de reivindicar reclamaciones y de exigir sus derechos con relación a dicha inversión.

TexPet:

TexPet comenzó su inversión en el Ecuador en 1964 y continuó sus inversiones conforme al Contrato de Concesión de 1973. En opinión del Tribunal, esa inversión no finalizó en 1992 pues existe un vínculo estrecho e inextricable entre el Contrato de Concesión de 1973 de TexPet y el Contrato de Transacción de 1995. Si no hubiera existido el primero, no habría existido el último. También queda claro a partir del texto del Contrato de Concesión de 1973 y del Contrato de Transacción de 1995 que éste último debe leerse conjuntamente con el acuerdo de concesión previo y las actividades del Consorcio en virtud de los mismos.

El Tribunal por lo tanto determina que, para los fines del TBI, no es posible separar el uno del otro. Por el contrario, es necesario tratar el Contrato de Transacción de 1995 como una continuación de los acuerdos de concesión previos, de manera que forme parte de la inversión global invocada por TexPet.

En este punto, además de su forma más tradicional, y tomando en cuenta la existencia del proceso de Lago Agrio, la inversión de TexPet asume las formas establecidas en el TBI como: “una reclamación de ejecución que tenga valor económico, y asociada con una inversión” y “un derecho conferido por… contrato”.

Por consiguiente, aplicando esas interpretaciones del TBI, el Tribunal deniega las objeciones jurisdiccionales de la Demandada contra las reclamaciones de TexPet en virtud del TBI en el presente arbitraje por referencia al Artículo VI(1)(c) del TBI. La inversión de TexPet comenzó en 1964, incluye el Contrato de Transacción de 1995; y con el litigio de Lago Agrio, dicha inversión no ha llegado todavía a su desaparición completa y definitiva.

Chevron:

El Tribunal considera que surgen consideraciones adicionales con respecto a Chevron: no realizó ninguna inversión en virtud de los acuerdos de concesión de TexPet; nunca fue miembro del Consorcio; no fue parte firmante o designada del Contrato de Transacción de 1995, y aparece por primera vez después de su “fusión” con Texaco.

En opinión del Tribunal, la compañía matriz de TexPet, Chevron es un inversionista cubierto conforme al Artículo I(1)(a) del TBI porque es propietario indirecto o controla indirectamente una “inversión” en el Ecuador. Por consiguiente, el Tribunal resuelve, como asunto de jurisdicción, que Chevron puede plantear sus reclamaciones ante este Tribunal por presunta violación de un derecho conferido o creado por el TBI con respecto a su “inversión” indirecta en TexPet.

Con respecto a la responsabilidad de Chevron frente a las demandantes del litigio de Lago Agrio, se plantea una cuestión diferente.

El Tribunal debe entender mejor la razón por la cual, jurídicamente, debe tratarse a Chevron en el litigio de Lago Agrio como parte sucesora de las responsabilidades de Texaco que surgieron antes de la “fusión” de 2001; y también será necesario que entienda mucho más claramente qué constituyó dicha “fusión”.

Por ello, por el momento, el Tribunal no toma ninguna decisión definitiva respecto a la objeción jurisdiccional de la Demandada relacionada con las reclamaciones de Chevron como inversionista directo en virtud del TBI. Además, la decisión jurisdiccional del Tribunal de tratar a Chevron como inversionista indirecto no debe entenderse en el sentido de indicar (en una dirección o la otra) que Chevron tendría derecho a toda la reparación reclamada por Chevron. Eso también es un asunto de la fase del fondo del presente arbitraje.

 

2.- Sobre la no existencia de una controversia de inversiones

El Tribunal opina que la redacción del TBI no limita una controversia de inversiones a una inversión que resultara en virtud de un acuerdo específico de inversión, sino que incluiría un rango más amplio de controversias “relativas al” acuerdo de inversión. El Tribunal opina que las reclamaciones de TexPet conforme al TBI sí “se relacionan” con el Contrato de Concesión de 1973, incluso si se aislara el Contrato de Concesión de 1973 del Contrato de Transacción de 1995 y la controversia de las Partes no surgiera conforme ni se derivara en absoluto de ese acuerdo de concesión.

Chevron: El Tribunal no decide por el momento si Chevron, conforme al Artículo VI(1)(a) del TBI, puede reivindicar derechos contractuales contra la Demandada como “Liberada” en virtud del Artículo 5.1 del Contrato de Transacción de 1995.

 

3.- Derechos de terceros y precedente de “Monetary Gold”

Conforme al derecho internacional, el principio de Oro Monetario formulado por la Corte de Justicia Internacional estipula en esencia que aunque un tribunal puede tener jurisdicción sobre una controversia, no debe ni debería ejercer dicha jurisdicción si el mismo tema de la decisión determinaría los derechos y obligaciones de un Estado que no es parte del procedimiento. Existe desacuerdo entre las Partes acerca de la aplicabilidad del principio a arbitrajes mixtos (Estado/No Estado) conforme a tratados bilaterales de inversión y a circunstancias en las que un tribunal que dictamine sobre la responsabilidad de un Estado pueda tener que considerar asuntos que son objeto de pleito entre particulares. Sin embargo, el Tribunal no tiene que decidir dicho desacuerdo.

En primer lugar, el principio del ‘consentimiento’: está claro que este Tribunal no tiene jurisdicción sobre los demandantes de Lago Agrio. Ese es el argumento tanto en el contexto de peticiones de medidas provisorias como en el contexto de otros procedimientos sobre el fondo en el presente arbitraje. Una consecuencia es que el Tribunal no tiene autoridad legal sobre los demandantes de Lago Agrio y no puede ordenarles que hagan o que se abstengan de hacer alguna cosa. A lo sumo, el Tribunal podría solicitar que los demandantes de Lago Agrio siguieran determinado curso de acción. Por otro lado, el Tribunal sí tiene jurisdicción sobre Chevron y TexPet en su calidad de Co-Demandantes y también sobre la Demandada en este arbitraje (sujeto a sus objeciones jurisdiccionales) en virtud del Acuerdo de Arbitraje.

Queda claro que este Tribunal debe decidir únicamente sobre cuestiones de la responsabilidad de la Demandada ante las Demandantes conforme al TBI. En la medida que tiene que ver con el principio de Oro Monetario, la pregunta que debe hacerse este Tribunal es si la Demandada, en virtud de dicho tratado, tiene la obligación para con las Demandantes de actuar de manera que dé validez a los términos del Contrato de Transacción de 1995, conforme a la interpretación que las Demandantes dan a esos términos. Puede ser que la respuesta a dicha pregunta sea que la Demandada en efecto sí tiene dicha obligación; y que las decisiones tomadas por las Cortes ecuatorianas son incompatibles con tal obligación. Pero esa respuesta no decidiría la cuestión del efecto del Contrato de Transacción de 1995 como entre los demandantes del caso Lago Agrio y Chevron. Si hubiera una contradicción entre las obligaciones de la Demandada conforme al TBI y los derechos de los demandantes según lo determinen las Cortes del Ecuador, correspondería a la Demandada decidir cómo resolver dicha contradicción.

Por lo tanto, el Tribunal decide denegar esta parte de las objeciones de la Demandada que se basa en los Derechos de Terceros.

 

4.- Sobre la Cláusula de Bifurcación

Sobre la aplicación de la cláusula de bifurcación con la finalidad de establecer si la controversia ya se presentó ante las cortes nacionales del Ecuador o de Nueva York, el Tribunal determinó que en el presente caso, no hay identidad de las partes, del objeto, ni de la causal de acción entre el litigio de Lago Agrio, o, en efecto, en el juicio Aguinda en las Cortes de Nueva York. El Tribunal concluye que las peticiones efectuadas por las Demandantes no han sido planteadas ante las Cortes ecuatorianas.

 

5.- Sobre admisibilidad

El Tribunal consideró que las Reglas de la CNUDMI no contienen ninguna disposición equivalente a la Regla de Arbitraje 41(5) del CIADI. Una objeción a la admisibilidad no impugna la jurisdicción de un tribunal sobre las partes en litigio y su controversia. Por el contrario, obligadamente supone la existencia de dicha jurisdicción. Conforme a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, ése es un ejercicio que corresponde a la fase del arbitraje que tiene que ver con el fondo.

6.PARTE DISPOSITIVA

El Tribunal resolvió:

Ø  Declarar que tiene jurisdicción para proseguir a la fase del fondo de este procedimiento de arbitraje con las reclamaciones planteadas en la Notificación de Arbitraje de las Demandantes, de fecha 23 de septiembre de 2009.

Ø  El Tribunal analizará por qué en el litigio de Lago Agrio se la considera a Chevron como parte sucesora de las responsabilidades de Texaco que surgieron antes de la “fusión” de 2001; y además no tiene claro cuál es el alcance de dicha “fusión” en cuanto a las diferentes y sucesivas relaciones jurídicas entre Texaco, TexPet y Chevron antes y después de dicha “fusión”.

Ø  En relación a los alegatos de cosa juzgada y preclusión de más alegatos y pruebas, respecto del Caso Chevron II, el Tribunal decidió postergar para el fondo dicha resolución. Consideró que esta cuestión plantea temas de la legislación holandesa que son pertinentes para una etapa posterior al proceso de arbitraje.

Ø  El Tribunal también decidió postergar para el fondo la determinación de si el término “Parte” utilizado en el Contrato de Transacción de 1995, al establecer que no se lo interpretará en el sentido de que confiere beneficios a “terceros que no son Parte del presente Contrato”, excluye a Chevron como parte no firmante.