RESPONSABILIDAD: TRACK1B MEMORIAL SUPLEMENTARIO ECUADOR

 CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY,

Demandantes,

– y –

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Demandada.

 

 MEMORIAL SUPLEMENTARIO DE ECUADOR DE CONTESTACIÓN FASE PROCESAL 1B DE RESPONSABLIDAD
31 DE MARZO DE 2014
I. IntroducciónLas demandantes no pudieron identificar ninguna disposición del Contrato de Transacción de 1995 que podría proporcionar la base para una demanda por incumplimiento de contrato. Tampoco lo hicieron en los tres alegatos escritos previos a la audiencia de noviembre de 2012. Tampoco lo han hecho en su memorial suplementario de la Fase Procesal 1, al cual responde este Memorial de Contestación Suplementario. Este no es un caso en el que la cuestión de la violación o incumplimiento depende de selección entre diferentes interpretaciones de una o más de las disposiciones contractuales. Este es un caso en que la parte demandante no ha presentado en el transcurso de los cinco años ninguna reclamación en base a una cláusula contractual.

 

Las Demandantes sostienen que los demandantes de Lago Agrio presentaron reclamaciones difusas y que la Corte de Lago Agrio ordenó una remediación respecto de las reclamaciones difusas. Esto es claramente erróneo. Una “reclamación de derechos difusos” es una reclamación presentada por individuos o alguna otra entidad para promover el interés público en disponer de un medio ambiente limpio. Por contraste, una “reclamación de los derechos individuales” busca proteger los derechos personales del individuo, incluyendo su vida, la salud o la propiedad. Y muchas veces, los tribunales hacen referencia a “las reivindicaciones de derechos colectivos”, que, según se muestra a continuación, se refieren a la acumulación de demandas de derechos individuales. Los demandantes de Lago Agrio estaban legitimados indiscutiblemente como personas afectadas que viven en un área contaminada y por ende tenían la facultad de presentar una demanda por responsabilidad civil en virtud del artículo 2236 del Código Civil ecuatoriano para retirar la amenaza de un daño individualizado contingente para su salud, medios de subsistencia y los bienes. Esa fue la base de la Demanda de Lago Agrio según se ha confirmado por su propio tenor literal, la propia sentencia de Lago Agrio, la Decisión de la Corte de Apelaciones, y la Decisión de la Corte Nacional de Justicia. Las Demandantes previamente admitieron que una queja de esta naturaleza basada en el artículo 2236 no es una pretensión difusa, y la Corte Nacional ha definido el asunto sin lugar a dudas. Las Demandantes buscan reivindicar aquí claramente su derecho personal a ser libres de la amenaza de daño contingente que alegan afectará su salud y su propiedad. Los demandantes de Lago Agrio son en cambio las personas directamente afectadas por la contaminación existente y estaban legitimadas precisamente en base a esto.

 

El juicio de Lago Agrio es, al contrario del argumento de las Demandantes, la continuación del litigio Aguinda en Nueva York y, por tanto, por la propia admisión de las Demandantes, no está cubierto por los términos de la liberación. Esta fue la conclusión de la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito y es cosa juzgada. Es inconcebible que los tribunales estadounidenses hubieran ordenado un archivo en base al principio de forum non conveniens si las reclamaciones presentadas en Nueva York no tenían contrapartida en la normatividad ecuatoriana. Las reclamaciones en Aguinda pretendían un desagravio amplio y en base a la equidad para que se retirara la fuente de contaminación. Esta es precisamente el objeto de una reclamación en virtud del artículo 2236 del Código Civil ecuatoriano.

Las Demandantes se han esforzado mediante estos procesos, a presentar un esquema binario de “reclamaciones de daños personales” versus “daños difusos” y designaron el litigio Aguinda como el anterior y el Litigio Lago Agrio como el posterior. Esto es simplemente equivocado. Esta reclamación no es ni personal ni respecto de daños sufridos a personas o bienes en el pasado ni es una afirmación difusa para la protección del interés general a un medio ambiente limpio. La Corte nacional de Justica confirmó en términos claros e inequívocas que el fundamento jurídico para el desagravio material que se buscó y se obtuvo mediante el Litigio Lago Agrio fueron derechos individuales exigidos en virtud de los artículos 2236 y 2214 del Código Civil y, en temas de procedimiento, el artículo 43 de la LGA.

 

Se deduce, de acuerdo a la Corte Nacional de Justicia, que el Contrato de Transacción de 1995 no podría tener ningún impacto sobre las reclamaciones manifestadas por las Demandantes de Lago Agrio. Además de lo antedicho, las demandantes no pueden invocar el TBI para imponer obligaciones o deberes que no fueron ni negociadas ni obtenidas en virtud del Contrato de Transacción de 1995.

 

II.   Ni el Gobierno ecuatoriano ni tampoco Petroecuador han incumplido el Contrato de Transacción de 1995

La República ha desafiado a las Demandantes en cada oportunidad en el procedimiento para identificar la cláusula del Contrato de Transacción de 1995 que el Gobierno supuestamente incumplió. El Tribunal ha sostenido que la Republica no pudo haber incumplido el Contrato de Transacción de 1995 por no defender a Chevron o de cualquier manera indemnizar o liberarlo de demandas presentadas en su contra por ciudadanos privados.

Las Demandantes sin embargo insisten en que una serie de otras acciones u omisiones por parte del Estado de Ecuador y la Judicatura socavan el beneficio de su negociación. Por ejemplo, las Demandantes argumentan que el Estado no notificó a las cortes ecuatorianas cuando las reclamaciones de las Demandantes se habían conciliado. Sin embargo, de igual manera que la indemnización fantasma y las disposiciones sobre mantener indemne, no hay nada dentro de los límites del “contrato” que fuerce al Estado a notificar a una corte algo así.

 

Por el contrario, el Gobierno se comprometió a no presentar ninguna demanda en contra de Texaco con respecto a ciertas reclamaciones y en todo momento ha observado este compromiso. Es claro, entonces que el Gobierno no ha incumplido la Liberación.

 

Las Demandantes no obstante, continúan insistiendo que “tanto el Ejecutivo como la Judicatura fallaron en cumplir materialmente con los Contratos de Transacción y Liberación ” porque, inter alia, las cortes ecuatorianas aceptaron jurisdicción sobre las reclamaciones de Lago Agrio contra Chevron como parte demandada y emitieron una sentencia sosteniendo su responsabilidad por los daños ambientales causados por las actividades del ex Consorcio. Es importante denotar que el Contrato de Transacción no satisfice ninguno de los requisitos de internacionalización contractual, tanto más, cuando el derecho ecuatoriano vigente al momento de la celebración del Contrato de Transacción de 1995 prohibía expresamente la sujeción a una jurisdicción extranjera y a un derecho extranjero en todos los contratos celebrados en Ecuador por partes extranjeras con el Gobierno u otras entidades de derecho público. Para concluir, NO existe una disposición del Contrato de Transacción de 1995 que podría posiblemente ser interpretada como una promesa relativa a la conducta futura de las cortes ecuatorianas y as Demandantes no han argumentado nada en lo contrario.

 

III.  El Tratado no puede suplir las obligaciones del Gobierno en virtud del Contrato de Transacción de 1995

No se les puede permitir a las Demandantes que amplíen la gama de las obligaciones contraídas por el Gobierno en el marco del Contrato de Transacción de 1995 invocando obligaciones de la República en virtud del Tratado. Como bien dice el profesor Crawford, un TBI “no debe utilizarse como vehículo de redactar nuevamente el acuerdo de inversión”, ni funciona para mejorar el trato contractual obtenido por el inversionista.

 

A.      Las Demandantes no han presentado una reclamación viable respecto a la cláusula paraguas

 

La reclamación de la cláusula paraguas de las Demandantes debe fracasar porque depende exclusivamente de la constatación de que el Gobierno ha violado el Contrato de Transacción de 1995 y las Demandantes no han logrado demostrar esto. Como cuestión preliminar, el Gobierno nunca ha presentado ninguna acción contra TexPet o Chevron, y esto es todo lo que el Gobierno prometió en el Contrato de Transacción de 1995. Los términos del Contrato de Transacción de 1995 se ven afectados por la cláusula paraguas del TBI.

 

B.   La Demandada no violó las disposiciones relacionadas con FET o Medios Efectivos

 

Las Demandantes se acogieron a su derecho a la defensa, a presentar pruebas y formular argumentos. El hecho de que no estén de acuerdo con las decisiones de los tribunales (algunas de las cuales han favorecido a Chevron en parte sustancial) no es una base para hallar una violación del Tratado. Incluso si un desacuerdo con las decisiones judiciales podría llegar a formar una reclamación en virtud del Tratado, el análisis de los medios efectivos no puede determinarse por los resultados en los casos individuales; más bien, la violación del Artículo II (7) se puede encontrar sólo con respecto al sistema judicial de un país.

 

Las Demandantes, no hacen ningún esfuerzo para exponer su posición con respecto a la violación del Artículo II (3) (a). El caso de las Demandantes se basa en la simple afirmación de que la presunta omisión por parte de tanto el Gobierno y la corte en cumplir con sus obligaciones establecidas en el Contrato de Transacción de 1995 vulneró las (i) expectativas legítimas de las Demandantes; y (ii) el principio universal de cosa juzgada.

 

C.   Una violación del Contrato de Transacción de 1995 no es, en cualquier caso, equivalente a una violación del Tratado

 

Esto no es, en realidad, un caso en el que la demandante está intentando argumentar que el incumplimiento de un gobierno de un contrato constituye un incumplimiento de un tratado de inversión o el derecho internacional. Las Demandantes no pueden señalar ninguna disposición del Contrato de Transacción de 1995 que ha sido violada, y por lo tanto no se plantea la cuestión de si el incumplimiento del contrato puede elevarse a una violación del Tratado. El Profesor Crawford explica: “la responsabilidad del Estado por violación del Derecho internacional es distinta de la responsabilidad de un Estado por el incumplimiento de sus contratos”

 

IV.  El Litigio de Lago Agrio se trató de derechos individuales

 

A.      Las Demandantes buscaron una remediación sobre la base de las disposiciones sobre daño extracontractual del Código Civil para evitar daños a su vida, su salud y propiedad

 

El artículo 2236 del Código Civil ecuatoriano constituye el fundamento jurídico principal en base al cual los demandantes de Lago Agrio buscaban, y los tribunales ecuatorianos concedieron, una orden instruyendo a Chevron para que pague por la eliminación de los elementos tóxicos en las zonas contaminadas donde los Demandantes residen. Esta disposición del Código Civil es parte integrante del derecho de daños y perjuicios de Ecuador y prevé la reparación en los casos en que la conducta ilícita de otro ha dado lugar a una amenaza de daño que pudiera afectar a un grupo determinado o indeterminado de individuos.

La acción popular del artículo 2236 permite que una parte busque la eliminación de aquello que plantea una amenaza de daño contingente. El artículo 2236 no es un “pretexto”, como contienden las Demandantes; muy al contrario, es crucial y decisivo en este caso. Invocando expresamente la aplicación del Artículo 2260 (ahora 2236) del Código Civil, las demandantes en su demanda afirman que, “b) A fin de evitar posibles daños a un grupo indeterminado de personas, como es el caso de los materiales contaminantes que aún están presentes en el medio ambiente, la Sección 2260 del Código Civil establece una acción popular para obligar a todo el que genera la amenaza de quitar o poner fin a sus causas” Invocando también los artículos del Código Civil de 2214 y 2229, y el artículo 43 de la LGA, las Demandantes buscaban obtener además de Chevron “[l]os fondos necesarios para cubrir el costo “de la restauración de su entorno a su estado original, incluyendo la financiación de programas para la recuperación de la flora, la fauna y la vida acuática de la región afectada, y para la ejecución de programas para la mejora y el control de la salud de las Demandantes y los que habitan en las áreas contaminadas .

 

La finalidad y el objeto de las pretensiones de los Demandantes de Lago Agrio por lo tanto no es la preservación o restauración del medio ambiente en el área de concesión por el bien del medio ambiente, sino más bien la protección de la vida, la salud y la propiedad de las Demandantes de Lago Agrio .

 

De acuerdo con ello, la Corte Nacional, en su Decisión de Casación consideró que las reclamaciones en los Litigios Lago Agrio reivindicaron los derechos individuales agregados (a los que la Corte se refiere como derechos “colectivos”) de los que viven en el área de concesión y que se ven directamente afectados por la contaminación existente. Al hacerlo, la Corte Nacional también estableció una distinción clara entre los derechos o intereses “colectivos” y “difusos”. Concluyó que en las pretensiones formuladas en el Litigio Lago Agrio no se difunden los derechos de reclamo de los ciudadanos para proteger algún interés público en general en el medio ambiente per se. Eran, en cambio, reclamaciones para reivindicar derechos individuales que presentaban los ciudadanos en la región afectada que afirman que son personalmente amenazados por la contaminación de Chevron y que tratan de proteger su propia vida, la salud y la propiedad. Como tal, la Corte Nacional concluyó que estos reclamos de derechos individuales no pueden ser eliminados por el Gobierno mediante el Contrato de Transacción de 1995.

 

B.      El Juicio de Lago Agrio, como ha afirmado el máximo tribunal de Ecuador, concedió una remediación sobre la base de las disposiciones extracontractuales del Código Civil que protegen los derechos individuales.

 

El Tribunal de Apelación y el máximo tribunal de Ecuador confirmaron que los artículos 2236, 2214 y 2229 del Código Civil, así como el artículo 43 de la LGA para las cuestiones de procedimiento, constituyen las bases jurídicas sobre las que las Demandantes pretendían y la Corte de Lago Agrio concedió la reparación solicitada. Ninguna reparación fue concedida menos solicitada en virtud del artículo 19.2 de la Constitución. Acertadamente la Corte Nacional declaró en términos inequívocos que no hubo derechos difusos en juego en este caso. La Corte de Lago Agrio reconoció que las Demandantes no trataron de reivindicar un interés “difuso” mediante la búsqueda de remediación por el ambiente sino que buscaban protegerse de los efectos nocivos de la contaminación existente en el medio ambiente.

 

C.      Los tribunales ecuatorianos se fundamentaron en la Ley de Gestión Ambiental – que, por sus condiciones, sólo puede ser invocada por las personas directamente afectadas por la contaminación – a fines procedimentales únicamente

 

La Corte Nacional señaló correctamente que el artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental (LGA) fue invocado y aplicado en el Juicio de Lago Agrio sólo con respecto a (i) el derecho de iniciar la acción como un procedimiento verbal sumario en lugar de una acción ordinaria, y (ii) el derecho de las Demandantes a un pago equivalente al 10 % de la adjudicación. Debido a que las normas de procedimiento son aplicables a partir del momento de su entrada en vigor, y debido a que los Litigios Lago Agrio se iniciaron después de la entrada en vigor del artículo 43 de la LGA, la Corte Nacional rechazó la reclamación de las Demandantes respecto a la supuesta aplicación retroactiva de la LGA.

 

En el artículo 43 de la LGA se declara expresamente que una acción civil bajo el procedimiento verbal sumario solo podrá ser interpuesta por personas que están “directamente afectadas por la acción u omisión [ambiental] nociva. Esta disposición ha sido completamente ignorada por las Demandantes, y su afirmación de que “nadie en Ecuador” puede hacer valer una reclamación bajo la LGA de 1999 es refutada por el texto expreso del artículo 43. Las acciones civiles disponibles sólo para aquellos que son directamente afectados por la conducta ilícita extracontractual- que es todo lo que el artículo 43 permite – queda fuera del ámbito de la propia definición de “derechos difusos” y cómodamente dentro de cualquier definición de “derechos individuales “.

 

D.   El argumento de que las Demandantes presentaron el artículo 2236 del Código Civil para reivindicar los derechos difusos es incorrecto

 

No hay ninguna base para que las Demandantes afirmen, como lo hacen en su más reciente presentación, que “las acciones populares previstas en los artículos 990 y 2236 del Código Civil no son la base para los Litigios de Lago Agrio”. Las Demandantes de Lago Agrio tenían el derecho legal de solicitar en virtud del artículo 2236, la eliminación de la contaminación que pone en peligro su salud, el bienestar y la propiedad, y su demanda invoca el artículo 2236 para este efecto.

 

Sin duda, reconociendo la frivolidad de su argumento, las Demandantes ahora hacen un punto con carácter subsidiario: “[E]n la medida en que las acciones populares previstas en los artículos 990 y 2236 fueron la supuesta base para el Juicio de Lago Agrio, se utilizaban estas acciones populares para hacer valer las demandas de derechos difusos”   lo cual está prohibido por el Contrato de Transacción de 1995. Pero este argumento nunca tendría ningún éxito por al menos seis razones.

 

En primer lugar, las Demandantes han reconocido que el Contrato de Transacción de 1995 no impide las acciones populares en virtud del artículo 2236. En el pleito previo ante la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, los Demandantes admitieron que el artículo 2236 reivindica los derechos individuales y busca de eliminar la amenaza de un daño individualizado: “El Artículo 2260 [actualmente artículo 2236], al igual que el resto del Código Civil, sólo se refiere a un daño individualizado” . Los Demandantes observan además que el artículo 2236 “autoriza acciones ‘preventivas’ por parte de individuos que buscan exigir la eliminación de una condición específica que causa un daño individualizado presente o hace que ese daño sea inminente”

 

Asimismo, los propios expertos de las Demandantes han confirmado que cada una de estas acciones, con independencia de que sea presentada por uno o más individuos que pertenecen a un grupo de personas potencialmente afectadas, “determinado” o “no determinado” es un ejercicio de los derechos individuales.

 

En segundo lugar, incluso si los derechos difusos podrían ser reivindicados por medio del artículo 2236, las Demandantes de Lago Agrio nombradas están buscando la eliminación de la amenaza dirigida a su salud, la salud de sus familias y sus bienes. Todas las Demandantes titulares representadas en la demanda viven en el Área de la Concesión; todas viven en la zona de peligro; son por lo tanto todas personalmente amenazados por el mismo daño contingente creado por la contaminación de TexPet; y todas ellas se beneficiarán personalmente con la remediación solicitada

 

En tercer lugar, las Demandantes han afirmado que: (i) “hasta el año 1999, sólo el Estado ecuatoriano tenía la autoridad o legitimación para perseguir o conciliar acciones públicas y acciones por derechos difusos por daños al medio ambiente”; y (ii) “las personas no tienen el derecho de demandar a otros individuos por daño difuso y público ambiental hasta la LGA de 1999”. Sin embargo, los derechos previstos en el artículo 2236 del Código Civil han existido desde la promulgación del Código en 1861. Desde 1861, los individuos en Ecuador han gozado de los mismos derechos sin restricciones a buscar medidas correctivas contra el autor del daño cuya conducta (por ejemplo, el vertido de residuos tóxicos en terrenos públicos o privados) ha creado una amenaza de daño a un grupo determinado o indeterminado de individuos. Por lo tanto, los derechos reconocidos a las personas en virtud del artículo 2236 y ejercidas por las demandantes de Lago Agrio no podrían haber sido de derechos difusos.

 

En cuarto lugar, la alegación de las Demandantes de que “los únicos derechos que las Demandantes de Lago Agrio podrían haber representado en virtud de ese artículo [Artículo 2236] eran difusos ” contradice directamente tanto su argumento inicial sobre el presunto monopolio del Estado sobre derechos difusos (que el Tribunal adoptó en su Primer Laudo Parcial)   , como sus argumentos que (i) el artículo 2236 del Código Civil se ocupa sólo del daño individualizado y (ii) el Contrato de Transacción de 1995 no impide las acciones populares en virtud del artículo 2236 .

 

En quinto lugar, la referencia en el artículo 2236 a personas indeterminadas o determinadas sólo concierne una cuestión de prestigio: es decir, que en la legislación ecuatoriana existe un derecho a presentar una reclamación.

Las Demandantes de Lago Agrio alegan que ellas son víctimas de actos deliberados o negligentes de las Demandantes, que están en peligro de daño contingente como resultado, y que tienen derecho a la ayuda. Por lo tanto, si las Demandantes de Lago Agrio pertenecen a un universo indeterminado de sujetos expuestos a la amenaza de daño contingente, o a un lugar finito, determinado, el hecho es que cada uno de ellos está expuesto a la continua amenaza de sufrir los efectos nocivos de la contaminación. Por consiguiente, los Demandantes de Lago Agrio tienen derecho a la reparación que el artículo 2236 confiere, esto es, la eliminación de una amenaza de daño contingente (en este caso, la contaminación generalizada en su entorno). Dado que sus identidades son conocidas, no puede haber duda de que los propios Demandantes de Lago Agrio constituyen un determinado universo de personas que podrían verse afectadas.

 

En sexto lugar, este Tribunal recordará que el alcance de la liberación en el marco del Contrato de Transacción de 1995 y la Liberación Definitiva de 1998 se limita a reclamaciones que el Gobierno y / o Petroecuador pudiesen tener en contra de TexPet. El Contrato de Transacción de 1995 no pretende, y el Gobierno no tenía poder para ello, transigir reclamaciones pertenecientes a sus ciudadanos. Tampoco se hace referencia a las reclamaciones en virtud del artículo 2236 en ningún lugar dentro del Contrato de Transacción de 1995. Por lo tanto, no es sorprendente que la Corte Nacional ratificó lo de la Corte de Apelación, rechazando la sugerencia de las Demandantes de que el Gobierno, y Petroecuador podría haber dispuesto del derecho a iniciar una acción popular en virtud del artículo 2236 sin la autorización expresa de los Demandantes de Lago Agrio.

 

D.     La reparación otorgada a las Demandantes de Lago Agrio es consistente con lo previsto en el artículo 2236

 

El artículo 2236 no tiene por objeto proporcionar una reparación en forma de compensación monetaria por daños pasados ​​, sino que está más bien relacionada con el alivio de prevenir la ocurrencia de tales daños futuros al obligar la eliminación de lo que constituye una amenaza de daño a la vida, la salud, y / o la propiedad de un grupo determinado o indeterminado   de individuos. La solicitud adicional de los Demandantes de Lago Agrio de una orden para Chevron pague las cantidades necesarias para eliminar las sustancias contaminantes en un fideicomiso abierto y administrado por el Frente de Defensa de la Amazonía no es, como alegan las Demandantes, una solicitud de una orden de compensar a las demandantes por daños pasados. Es una solicitud de una orden para proporcionar los medios financieros para eliminar la fuente de la amenaza del daño contingente

 

F.   La responsabilidad civil en virtud del artículo 2236 se adhiere a la parte responsable de crear un entorno propicio que amenaza causar daños a las personas

 

Las reclamantes hacen caso omiso de los principios generales del derecho de daños que informan la interpretación del Artículo 2236. Al igual que otras disposiciones de responsabilidad civil en el Código Civil, el artículo 2236 atribuye la responsabilidad a la parte cuya “imprudencia o negligencia” causó el daño contingente. Según los principios generales del Código Civil, los artículos 2214 y 2229, que se aplica a todas las disposiciones de la ley de responsabilidad civil en la Sección XIII del Código Civil (y por tanto, también el artículo 2236), la parte responsable y el objetivo de la acción es aquella persona cuya conducta negligente e imprudente está causalmente relacionada con el riesgo que amenaza con producir el daño, con independencia de si dicha parte tiene actualmente “la posesión o el control” de la situación.

El artículo 2216 del Código Civil estipula específicamente que “la persona que causó el daño y sus herederos están obligados a compensarlo. Si la interpretación no fundamentada de las Demandantes del Artículo 2236 fuera correcta, el artículo 2236 sería ineficaz cuando los actos perjudiciales del acusado fueron cometidos en el pasado, pero las consecuencias negativas de esos actos representan un daño permanente. También permitiría al autor del daño alejarse de toda responsabilidad con sólo despojarse de la empresa responsable.

 

 

V.   El Litigio de Lago Agrio es una continuación de los Litigios Aguinda en Nueva York

 

El Tribunal ha solicitado que las partes aborden “si los reclamos invocados por las Demandantes de Lago Agrio son sustancialmente similares a las alegaciones formuladas por las Demandantes del caso Aguinda en Nueva York”.

 

Esta cuestión en particular ya se ha decidido, con efecto de cosa juzgada, en los litigios entre EE.UU., las Demandantes y la República. Esa determinación debe ser respetada, sobre todo porque fue hecha por el mismo tribunal que confirmó la petición de Chevron para desestimar el juicio Aguinda por motivos de forum non conveniens en favor de la justicia ecuatoriana. Si las demandas en Aguinda no podían ser traducidas a la legislación ecuatoriana, entonces, las Demandantes no habrían tenido ninguna base para solicitad la desestimación por forum non conveniens y el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito no habría tenido ninguna base para otorgar la petición de las Demandantes. El posterior reconocimiento de la corte respecto a que las reclamaciones en Aguinda “son el equivalente ecuatoriano de aquellas desestimadas por motivos de forum non conveniens” por lo tanto, debe resolver la cuestión ante el Tribunal.

 

VI.  Recursos por incumplimiento de contrato

Chevron no dispondría de remedio alguno, ya que según la ley ecuatoriana en el caso de incumplimiento contractual, es necesario que existan tres elementos como condicion para conceder este remedio: i) que exista un contrato bilateral; ii) que el demandante haya cumplido con sus obligaciones en virtud del contrato; y, iii) que el demandado no haya cumplido con sus obligaciones en virtud del contrato. Sin que haya ocurrido un evento de incumplimiento por parte del Gobierno o de Petroecuador, los reclamos de Chevron por incumplimiento del contrato en el presente caso no tienen fundamento, y cualquier corte ecuatoriana los desecharia.

 

TexPet no tiene ninguna reclamación en virtud del Contrato de Transacción de 1995. TexPet no fue demandada en el Litigio de Lago Agrio, y la resolución ni la involucra ni la afecta. A fortiori, incluso de ser el caso que el Gobierno se obligara en virtud del contrato a “indemnizar, proteger y defender” a TexPet con respecto de reclamos de terceros –y no lo es– no hay manera de que el Gobierno pudiera incumplir con respecto a cualquier obligación hacia TexPet, sin que exista una demanda contra TexPet.

Las Demandantes ni siquiera han alegado un evento de incumplimiento con respecto a obligación alguna del Gobierno en cuanto al Contrato de Transacción de 1995 vis-a-vis con TexPet.

 

No hay obligación alguna en virtud del Tratado o de la ley internacional general que obligue al Gobierno a indemnizar a la Demandante por daños asociados con reclamos llevados por terceros en su contra. No existe el derecho “universal” a la indemnización con respecto de esta clase de demanda; ese derecho solamente se adquiere por contrato.

 

VII. La suprema instancia judicial del Ecuador desechó el argumento de cosa juzgada planteado por Chevron

 

La sentencia de la Corte Nacional de Justicia además afirma que los fundamentos jurídicos para sentencia del Juicio de Lago Agrio son derechos de particulares en virtud de los Artículos 2236 y 2214 del Código Civil, y, en materia de procedimiento, el Artículo 43 de la LGA. En contra de estas sentencias, el argumento de cosa juzgada de las Demandantes y la naturaleza supuestamente “colectiva” del Artículo 19.2 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 es superflua y completamente irrelevante a la resolución del presente juicio

El Código Civil ecuatoriano prohíbe, de manera expresa, que una parte celebre una transacción con respecto a los derechos que pertenecen a un tercero.

El Código Civil en su Artículo 2354 no deja lugar para interpretación o discusión, al disponer que: “No puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción”. Asimismo, el Artículo 2350 dispone que, cuando una parte pretende celebrar una transacción a través de un mandatario, dicho mandatario “necesitará de poder especial para transigir. En este poder se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre que se quiera transigir”. La ley ecuatoriana –de manera similar a las leyes de sus países vecinos en América del Sur y también a la ley francesa– deja absolutamente claro que una parte contratante jamás puede transigir las acciones de los que no sean partes, o de otra manera alguna tener efecto adverso sobre los derechos de estos.

 

El Código Civil en su Artículo 2363 además dispone que, asimismo en términos inequívocos, los contratos de transacción son de naturaleza vinculantes solamente para las partes contratantes que las firmen: “La transacción no surte efecto sino entre los contratantes”. Ello es el caso incluso cuando la parte contratante comparte un interés superpuesto con un parte no contratante: “Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transige, la transacción consentida por uno de ellos, no perjudica ni aprovecha a los otros; salvo, empero, los efectos de la novación, en el caso de solidaridad”

 

VII Petitorio

Con base en lo anteriormente expuesto, conjunto con los anteriores escritos de la Fase 1, los alegatos y las declaraciones presentadas por la República en la Audiencia sobre el Fondo del noviembre de 2012, la República respetuosamente solicita que el Tribunal ordene un Laudo que:

a. Deniegue todo desagravio y cada remedio solicitado por las Demandantes con respecto a la Vía Procesal 1, incluso el desagravio y los remedios solicitados en el Párrafo 32 del Memorial Suplementario de la Fase Procesal 1 sobre el Fondo de las Demandantes;

b. Deseche las demandas de Chevron sobre el fondo del Contrato de Transacción de 1995 y la Liberación Definitiva de 1998;

c. Deseche las demandas de TexPet sobre el fondo del Contrato de Transacción de 1995 y la Liberación Definitiva de 1998;

d. Declare de forma específica que la Demandada no haya incurrido en evento de incumplimiento con respecto al Contrato de Transacción de 1995 o la Liberación Definitiva de 1998;

e. Deseche todas las demandas de las Demandantes con relación a los Contratos Locales de Transacción de 1996, entre TexPet y entidades locales del gobierno;

f. Declare que el Litigio de Lago Agrio no fue inadmisible por cosa juzgada ni por impedimento colateral por sentencia;

g. Ordene a favor de las Demandadas el pago de todos los costos y honorarios de los representantes legales incurridos por las Demandadas con respecto a esta fase del litigio; y

h. Ordene a favor de las Demandadas cualquier otro desagravio que el Tribunal considere justo y adecuado.