RESPONSABILIDAD: DECISIÓN DE LA FASE 1B

CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY, Demandantes,

– y –  

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Demandada.

 

DECISIÓN DE LA FASE 1B DE RESPONSABILIDAD12 DE MARZO DE 2015
Mediante esta decisión el Tribunal se refiere, en particular, al párrafo 93, núm. (ii) del Primer Laudo Parcial,[1] en el que dejó pendiente la decisión sobre si las reclamaciones alegadas por los demandantes de Lago Agrio se sustentan o no en derechos individuales, a diferencia de derechos “colectivos” o “derechos difusos” (en su totalidad o en parte), y si esas reclamaciones son o no materialmente similares a las reclamaciones planteadas por los demandantes de Aguinda en Nueva York.

Para resolver, el Tribunal analiza (1) la naturaleza de los derechos reclamados en la demanda de Aguinda; (ii) los derechos susceptibles de reclamo por parte de terceros según el Acuerdo Transaccional de 1995, y (iii) los derechos reclamados en la Demanda de Lago Agrio.

 

Previo a su decisión el Tribunal abordó los siguientes puntos:

1.      Sobre la Demanda de Aguinda

La Demanda de Aguinda fue presentada en Nueva York el 3 de noviembre de 1993, dos años antes del Acuerdo Transaccional de 1995. Las partes en el proceso arbitral coinciden que la demanda de Aguinda es una reclamación por derechos individuales. Las Demandantes han aceptado que lo que se disputaba en Aguinda eran reclamaciones individuales, agrupadas como miembros de la misma clase, por daños personales y daños a la propiedad.

 

2.      Sobre el Acuerdo Transaccional de 1995

En el Acuerdo Transaccional de 1995, no existe cláusula que impida a los demandantes de Lago Agrio presentar reclamaciones ambientales como terceros, por daño individual, respecto de sus derechos individuales, como lo dispuso el Tribunal en el párrafo 81 del Primer Laudo Parcial y en el Párrafo 112(3) de su Parte Operativa.

 

3.      Sobre la Demanda de Lago Agrio

El Tribunal distingue en el texto de la demanda, partes que podrían interpretarse como reclamaciones por derechos individuales y por derechos difusos. A su vez, identifica la base legal de la misma, en la cual destaca la aplicación del Artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental y los Artículos 2214 y 2236 del Código Civil.

El Tribunal también se remite a la parte correspondiente a reparaciones y señala que no se solicitó una compensación monetaria específica para cada uno de los demandantes de Lago Agrio, ni pago a cualquiera de ellos personalmente.

 

4.      Fundamento de la controversia

La cuestión en disputa según el Tribunal es lograr esclarecer si la Demanda de Lago Agrio alega solo reclamaciones difusas a diferencia de reclamaciones individuales por daño personal, ya sea real o inminente.

 

5.      Razonamiento del Tribunal

Para resolver la cuestión en disputa, el Tribunal se remitió a los argumentos orales presentados en la audiencia de la fase 1(b) de responsabilidad, en específico, a los argumentos presentados por Ecuador en relación a la resolución de segunda instancia de la Corte Suprema de Ecuador en el 2002, en la causa ambiental conocida como “Delfina”.

El Tribunal concluye que Delfina no fue una causa que se refería a derechos difusos y que los demandantes no reclamaron daños y perjuicios individualizados, sino más bien una reparación no monetaria en la forma de obras correctivas que beneficiarían a todos los miembros de la comunidad afectada, de la cual la demandante también era miembro. En opinión de la Corte Suprema, la forma de reparación no convirtió a la reclamación en difusa o individual.

El Tribunal señala que la Ley de Gestión Ambiental no tuvo ninguna injerencia en Delfina, por consiguiente, el Artículo 43 de la misma no puede por sí mismo convertir a una reclamación individual, en una reclamación difusa.

El Tribunal afirma que la forma en que fue planteada la demanda en el caso Delfina, puede marcar la diferencia con el Litigio de Lago Agrio. En el caso Delfina, la reclamación de la demandante se realizó en nombre del “Comité Delfina Torres Vda. De Concha”, por medio de su representante legal autorizado. La demanda se trató como una reclamación individual, es decir, una reclamación interpuesta en nombre de una persona que no era física, sino una persona jurídica compuesta de 250 familias que ocupaban 25 hectáreas de tierra. Por otro lado, la demanda en Delfina argumentó que los daños sufridos por esa comunidad definida también afectaban a la Provincia de Esmeraldas e incumbían a toda la nación ecuatoriana. La acusación de daño generalizado no afectó la caracterización que la Corte Suprema dio a esa reclamación como reclamación individual.

En cuanto a la reparación, en su “Vigésima Séptima” determinación, la Corte Suprema admitió una indemnización en forma de ciertas obras correctivas “en beneficio de la comunidad”. Dicho de otro modo, la Corte Suprema resolvió a favor de la indemnización en especie en lugar de la indemnización pecuniaria. Eso no cambió la naturaleza de la reclamación, como reclamación individual.

El Tribunal rechazó el argumento de la República del Ecuador en el proceso arbitral, en el cual establece que Delfina resuelve el problema de manera definitiva. Sin embargo, el Tribunal acepta que una alegación sobre el amplio alcance del daño ambiental causado por el ilícito de una demandada y una reclamación de reparación en forma de obras correctivas no afecta, por sí solas, la caracterización de la reclamación como individual o difusa conforme al derecho ecuatoriano.

Por otro lado, el Tribunal considera evidente que los Demandantes de Aguinda no podían de manera simplista convertir sus reclamaciones individuales, en reclamaciones idénticas en la Demanda de Lago Agrio, conforme al derecho ecuatoriano. En opinión del Tribunal, ciertas reclamaciones alegadas en la Demanda de Lago Agrio podrían entenderse como una transformación de las reclamaciones individuales conforme al derecho y procedimientos de Nueva York, en reclamaciones individuales conforme al derecho y los procedimientos de Ecuador. En ese sentido, la Demanda de Lago Agrio fue, en esencia, una reformulación de la misma causa alegada por los Demandantes de Aguinda en Nueva York.

Por consiguiente, el Tribunal concluye que la Demanda de Lago Agrio comprende reclamaciones que son sustancialmente equivalentes, en esencia, a las reclamaciones individuales alegadas en la Demanda Aguinda. Dichas reclamaciones fueron alegadas en la Demanda de Lago Agrio como reclamaciones individuales, conforme al derecho ecuatoriano.

El Tribunal también estima que la reparación solicitada en forma de obras correctivas en la Demanda de Lago Agrio, y la referencia al Artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental, no convirtieron, por sí solas, a esas reclamaciones individuales en reclamaciones difusas conforme al derecho de Ecuador.

Sin embargo, el Tribunal no excluye la posibilidad de que en la Demanda de Lago Agrio también se hayan incluido otras reclamaciones, que podrían entenderse como reclamaciones difusas, dependiendo de cómo fueron tratadas luego por las Cortes de Ecuador después de la presentación de la Demanda de Lago Agrio.

 

6.      Parte Dispositiva

El Tribunal decide que la Demanda de Lago Agrio, como fue presentada originalmente, sí incluye reclamaciones individuales y que no puede interpretarse (según afirma la Demandante y niega la Demandada) que plantee “reclamaciones exclusivamente” o “solamente difusas”.

El Tribunal decide presentar esta decisión como una decisión provisional y no como una forma de “laudo”, debido a que tiene un alcance limitado puesto que no considera la conducta posterior de la Corte de Lago Agrio, de la Corte de Segunda Instancia de Lago Agrio y de la Corte de Casación, con respecto al trato concreto dado a la Demanda de Lago Agrio. Estos son asuntos sujetos s a revisión en la Fase 2 de responsabilidad.

 

 

 

[1]              Decisión de la Vía Procesal 1(b), ¶93, pág. 38, (“… (i) si la Demandada incumplió o no el Artículo 5 del Acuerdo de Conciliación de 1995 y el Artículo IV de la Exoneración Final; y si fue así, precisamente qué remedios están a disposición de Chevron y/o de TexPet en contra de la Demandada por ese incumplimiento (es decir, daños y perjuicios, reparación judicial declaratoria o ejecución específica);

 

(ii) si las reclamaciones alegadas por los demandantes de Lago Agrio se sustentan o no en derechos individuales, a diferencia de derechos “colectivos” o “derechos difusos” (en su totalidad o en parte), y si esas reclamaciones son o no materialmente similares a las reclamaciones planteadas por los demandantes de Aguinda en Nueva York; y

(iii) el efecto específico de cualquier cambio en el derecho de Ecuador que se haya producido después de la celebración del Convenio de Conciliación de 1995 y de la Exoneración Final de 1998, incluida la interpretación y aplicación de la Ley de Gestión Ambiental de 1999…”)