ARGUMENTOS DE ECUADOR EN LA FASE DOS DE RESPONSABILIDAD

CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY,Demandantes,

– y –

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Demandada.

ARGUMENTOS DE ECUADOR EN LA

FASE DOS DE RESPONSABILIDAD

 

Este resumen comprende el Memorial de Contestación Suplementario y el Memorial de Dúplica Suplementario, los cuales responden a los siguiente escritos presentados por las Demandantes en la fase dos de Responsabilidad:

·         Memorial Suplementario de las Demandantes de 9 de mayo de 2014;

·         Escrito de las Demandantes de 15 de agosto de 2014 – Correspondiente al examen de los discos duros del Juez Zambrano;

·         Memorial de Réplica de las Demandantes de 5 de junio de 2013; y,

·         Memorial de Réplica Complementario de las Demandantes de 14 de Enero de 2015.

 

En relación al Memorial de Contestación Suplementario, Ecuador debía contestar la Réplica de las Demandantes de la Fase II de Responsabilidad hasta el 26 de noviembre de 2013. Sin embargo, debido a que la Corte Nacional emitió su decisión apenas dos semanas antes de esa fecha, el Tribunal, en su Orden Procesal del 5 de diciembre de 2013, ordenó a la República que presentase solo las partes de su contestación “que respondiesen a la base fáctica que alegaban las Demandantes a favor de su Demanda por Denegación de Justicia”.

Con respecto al Memorial de Dúplica Suplementario, la República llama la atención del Tribunal, señalando que las Demandantes no dan respuesta a los argumentos presentados por la República en el Memorial de Contestación Suplementario y, simplemente, reciclan argumentos que ya fueron desvirtuados por la defensa del Estado.

Tomando en consideración los argumentos de las Demandante, la respuesta del Ecuador se resumen en los siguientes puntos:

 

(i)           Chevron no cumplió con su obligación de demostrar que el Tribunal tiene jurisdicción sobre sus reclamaciones por denegación de justicia y demás violaciones del Tratado;

(ii)          La falta de conexión entre el Contrato de Transacción de 1995 y el Litigio de Lago Agrio;

(iii)        La supuesta conducta indebida del Estado en el Litigio de Lago Agrio;

(iv)        Las determinaciones legales y fácticas de la sentencia de Lago Agrio no son absurdas;

(v)          La supuesta solicitud de coimas realizada por el Juez Zambrano y la falta de justificación, conforme al Derecho Internacional aplicable, para atribuir a la República la presunta mala conducta del Juez Zambrano a las partes en el Caso Lago Agrio.

(vi)        La infundada impugnación de las Demandantes de las Decisiones en Segunda Instancia y Casación;

(vii)       La falta de agotamiento de los recursos locales y las implicaciones sobre las reclamaciones por denegación de justicia y violaciones del Tratado;

(viii)     La República no es responsable por denegación de justicia;

(ix)        Las Demandantes no pueden resucitar sus reclamaciones fallidas formulándolas nuevamente como reclamaciones bajo el Tratado;

(x)          Las Demandantes no justifican su pedido extraordinario de nulidad de la Sentencia de Lago Agrio, o las ganancias extraordinarias que recibirían a causa de ello;

(xi)        La responsabilidad ambiental de Chevron con respecto a las actividades de extracción de petróleo de TexPet en el Oriente desde 1965 hasta 1992;

 

A continuación, se desarrolla cada una de ellas:

 

(i)            En relación a la falta de jurisdicción del Tribunal sobre las reclamaciones por denegación de justicia y violaciones del Tratado.

Chevron sostiene que ya no está en discusión la jurisdicción del Tribunal para resolver sobre sus reclamaciones, en función al Tercer Laudo Provisional sobre Jurisdicción y Admisibilidad y al Primer Laudo Parcial en la Vía Procesal. Chevron se equivoca. El Tribunal concluyó que Chevron puede reivindicar derechos y defensas como Exonerada conforme al Contrato de Transacción de 1995. Esa determinación no aborda la reclamación realizada por Chevron por una supuesta denegación de justicia y violaciones del Tratado.

Chevron intenta ampliar el alcance del Artículo VI del TBI, el cual es aplicable solamente a controversias que surjan o se relacionen a una inversión. Al respecto, es necesario señalar que:

1.       No existe vínculo alguno entre las reclamaciones de Chevron y un “Acuerdo de Inversión;

2.       Chevron no puede demostrar que exista una “inversión” idónea en Ecuador, ya sea mediante sus derechos conforme a la Exoneración o mediante el “grupo de derechos” adquiridos con su participación indirecta en TexPet;

3.       Chevron no está en el lugar de TexPet a los efectos de la jurisdicción.

Para la República, si el Tribunal llega a determinar que tiene jurisdicción sobre las reclamaciones de Chevron, estaría alejándose de los precedentes existentes y, lo que es aún más importante, se extendería más allá del consentimiento limitado de las ‘Partes Contratantes’ para someterse a arbitraje.

 

(ii)          Sobre la supuesta conexión entre el Contrato de Transacción de 1995 y el Litigio de Lago Agrio

Según el Tribunal Arbitral, los derechos de Chevron como Exonerada se limitan al derecho de ser eximida de “cualquier reclamación difusa’” que pudiera plantear la República o terceros. La Exoneración no se extiende a “reclamaciones planteadas por terceros que actúen independientemente de la Demandada y que reivindiquen derechos separados y distintos de los derechos de la Demandada”.   El Litigio de Lago Agrio no trata sobre las reclamaciones difusas.

Como revela la sentencia de primera instancia, que está ratificada por las resoluciones de la Corte de Segunda Instancia y la Corte Nacional, tanto la Demanda de Lago Agrio, como la reparación otorgada en la sentencia de Primera Instancia, se fundamentan en disposiciones de larga data sobre responsabilidad civil extracontractual del Código Civil, principalmente las que tienen la finalidad de evitar que ocurra una amenaza de daño o daño “contingente”. Las reclamaciones reivindicadas en el Litigio de Lago Agrio no son reclamaciones por derechos difusos, es decir, reivindicadas por ciudadanos para proteger el interés público general en el ambiente. La demanda fue planteada para reivindicar derechos individuales.

Además, el mismo Tribunal estableció que la demanda de Lago Agrio fue, al menos en parte, una “reformulación, en su sustancia, del mismo argumento planteado por los demandantes de Aguinda en Nueva York.” Esta última fue planteada para reivindicar derechos individuales.

Al no existir ningún vínculo con el Contrato de Transacción de 1995, Chevron no puede demostrar que el Litigio de Lago Agrio tenga alguna conexión con sus derechos como Exonerada.

 

(iii)        Sobre la supuesta conducta indebida del Estado en el Litigio de Lago Agrio

Asumiendo que el Tribunal encuentra base para declararse competente, pese a que no existe relación entre el Litigio de Lago Agrio y el Contrato de Transacción de 1995, de manera general, la República niega haber participado en ningún fraude contra las Demandantes en el Litigio de Lago Agrio, incluida cualquier participación en una supuesta “redacción fantasma” de la sentencia de primera instancia, en colusión con los abogados de los Demandantes de Lago Agrio.

Para presentar sus argumentos de fraude y colusión, las Demandantes además de ignorar evidencia documental crítica producida en el Litigio de Lago Agrio, no presentan las pruebas necesarias para sustentar sus alegaciones. Subsidiariamente, la República asevera que incluso en el supuesto de que la conducta de los abogados de los Demandantes de Lago Agrio y del perito asignado al caso sean considerados ilegales por el Tribunal, esto no da lugar a responsabilidad del Estado en el presente caso.

De manera específica, la defensa de la República establece que:

  1. Las Demandantes comenten un error al atacar la decisión de Primera Instancia, puesto que la decisión de la Corte de Apelaciones es la decisión operativa. La Corte de Apelación realizó una revisión de novo y ratificación de la decisión inferior de conformidad con la ley. Las Demandantes no han alegado en el proceso que los jueces en la apelación cometieron fraude alguno.
  2. El análisis de los discos duros del Juez Zambrano prueban que él escribió la Sentencia en sus computadoras      . Si, como las Demandantes sostienen, un tercero hubiera preparado la Sentencia del Juez Zambrano, habría indicios claros de eso en los discos duros de sus computadoras. No existe ninguno.
  3. Las Demandantes tergiversan las pruebas forenses, incluso apartándose de las conclusiones de sus propios peritos. De hecho, las Demandantes no citan a su perito forense con respecto a esta alegación, puesto que el señor Lynch no llegó a determinar que el Juez Zambrano no redactó la sentencia.
  4. En relación a la prueba presentada, las Demandantes ignoraron un cuerpo de pruebas substancial que demuestra que los abogados de los Demandantes de Lago Agrio no “escribieron por encargo” la Sentencia de primera instancia. Para ello, primero presentan el testimonio pagado y ensayado del ex juez, desacreditado y mentiroso confeso, Alberto Guerra. Segundo, las Demandantes señalan la presencia en la Sentencia del producto del trabajo supuestamente interno de los abogados de los Demandantes de Lago Agrio, que las mismas Demandantes sostienen nunca se presentó ante la Corte de Lago Agrio. Esto no se considera prueba legalmente actuada según la ley ecuatoriana.
  5. El testimonio del Juez Zambrano en el caso RICO no prueba el caso de las Demandantes, tampoco prevalece sobre las pruebas del proceso. Las Demandantes tratan de ganar su caso no mediante la comprobación de sus propias alegaciones, sino más bien afirmando que las pruebas forenses son incoherentes con el testimonio del Juez Zambrano en el juicio RICO.         Las pruebas documentales y forenses tienen esencialmente mayor valor que el testimonio del juez. Las Demandantes optan por ignorar estas pruebas. El Tribunal no podría decidir en base a la prueba practicada en el juicio RICO porque no tiene esa prerrogativa.
  6. Las Demandantes no tienen ninguna prueba documental con valor probatorio que vincule al Juez Zambrano con algún esquema de “escritura o redacción fantasma de la sentencia”. Las Demandantes no proveen ninguna prueba en absoluto en apoyo de las alegaciones del Juez Guerra. A su vez, no existe prueba de que los Demandantes de Lago Agrio pagaran al Juez Zambrano, quien supuestamente se había confabulado con el juez Guerra.         Al contrario, las pruebas documentales que las Demandantes son coherentes con el testimonio del Juez Zambrano.
  7. El testimonio del juez Guerra no es fiable. El juez Guerra, admitió haber mentido de manera deliberada a Chevron para mejorar su posición en la negociación. Las supuestas pruebas presentadas por las Demandantes para sustentar los pagos de los Demandantes de Lago Agrio por las supuestas órdenes redactadas por el Juez Guerra y el fin de semana en que el dicho juez supuestamente editó la Sentencia, han sido completamente desvirtuadas por la defensa del Estado y por la prueba aportada por las compañías.

En relación a la supuesta conducta indebida del perito Cabrera y de los abogados de los Demandantes de Lago Agrio, la defensa del Estado señala que:

  1. La decisión de la corte de primera instancia de excluir el informe del señor Cabrera fue apropiada. El Juez Zambrano actuó dentro de su discreción para excluir dicho informe. De hecho, Chevron pidió que así se procediese.
  2. La decisión de la corte de Primera Instancia, de aceptar informes periciales suplementarios, fue apropiada y legal en todos los aspectos. La corte tenía amplia discreción en la conducción del juicio y en la tramitación de pruebas, de manera muy similar a la que el Tribunal Arbitral tiene en este caso. Esto se demuestra en la admisión de múltiples solicitudes de las Demandantes, para que se suplementase el expediente, a vísperas de la audiencia de fondo.
  3. La corte de primera instancia terminó la “Fase de Inspecciones Judiciales” y nombró al señor Cabrera de manera apropiada. No existe ninguna prueba que sugiera que la Corte conspirara con los Demandantes de Lago Agrio para terminar las inspecciones judiciales o nombrar al señor Cabrera en calidad de perito global, para promover una agenda específica.
  4. El perito Cabrera no es un actor del Estado y sus acciones, por lo tanto, no pueden imputarse al sistema judicial de Ecuador. De acuerdo a las leyes ecuatorianas, toda actividad fraudulenta por parte de un perito nunca puede atribuirse a la corte (y por ende tampoco al Estado) porque los peritos nombrados por la corte no son empleados públicos o agentes de la corte.
  5. Las Demandantes no pueden basarse en las determinaciones del Juez Kaplan con respecto a los peritos de los Demandantes de Lago Agrio para impugnar a la corte de primera instancia. Conforme la opinión de las mismas Demandantes, la Corte de Lago Agrio nunca consideró estas pruebas supuestamente corruptas para llegar a su veredicto y, por consiguiente, no existe acto impropio de la Corte. Además, las Demandantes ignoran el hecho de que ambos en realidad encontraron cantidades de contaminación significativas en los sitios que inspeccionaron.

 

(iv)         Sobre las determinaciones legales y fácticas de la sentencia de Lago Agrio

Las alegaciones sobre los supuestos absurdos legales y fácticos de la sentencia no tienen cabida en este proceso. Las determinaciones de la Corte sobre responsabilidad y daños y perjuicios, están ampliamente sustentadas y son razonables. Las Demandantes presentan este argumento nuevamente, sin contradecir la evidencia utilizada por la Corte en sus determinaciones y lo dicho por la República en sus memoriales. Pese a que las Demandantes ya no niegan la existencia de daño ambiental, mediante la utilización tergiversada de reglamentos aplicables a la época, tratan de minimizar los hallazgos de contaminación.

En relación a las acusaciones de las Demandantes sobre violaciones al debido proceso, éstas deberán ser consideradas por el Tribunal como deficientes en función al Derecho Internacional. Específicamente, las Demandantes objetan las decisiones de la Corte de (a) conceder la petición de los demandantes de cancelar algunas de las inspecciones judiciales que estos habían pedido con anterioridad; (b) designar al Sr. Cabrera como perito general en daños y perjuicios; y (c) denegar las peticiones de Chevron sobre errores esenciales. Cada una de esas decisiones fue correcta en todos los sentidos. Pero incluso suponiendo que lo opuesto fuese cierto, ninguna de estas objeciones, tomadas en conjunto o por separado, son suficientes para sustentar una reclamación por denegación de justicia. Un Estado ‘deniega justicia’ solo en casos extremos, por violaciones escandalosas de las normas fundamentales del debido proceso. Los errores ordinarios del tipo alegado en el presente caso por las Demandantes, no son suficientes para sustentar una reclamación, mucho menos una determinación de denegación de justicia en virtud del derecho internacional consuetudinario.

Sobre las afirmaciones hechas en relación a la redacción de la Sentencia de primera instancia, el Tribunal debe descartarlas dado que las Demandantes continúan dependiendo del testimonio comprado del Juez Guerra y, en ciertas instancias, hacen caso omiso a las mismas alegaciones de su testigo. En el proceso, el testimonio pagado de Guerra no debería tener ningún valor probatorio. Además, las pruebas documentales de Guerra son tan inútiles como su testimonio, ya que existe abundante evidencia presentada por la República que refuta las acusaciones de las Demandantes. Entre ellas cabe destacar (1) los correos electrónicos internos de esa época, de los abogados de los demandantes de Lago Agrio, que demuestran que no sabían cuándo ni cómo pensaba resolver el Juez Zambrano; (2) El análisis del disco duro del Juez Zambrano que demuestra que la Sentencia se redactó en esa computadora; (3) El análisis del disco duro de Guerra en el que no se encontró la sentencia que él mencionó en su testimonio.

En relación al impacto ambiental, la resolución de la corte es ampliamente motivada y ratificada por la información que consta en el expediente,   por los datos de LBG (expertos ambientales de la República), por los propios datos de Chevron, de los demandantes de Lago agrio y por partes ajenas al litigio.

Es más, entre los hallazgos de LBG se confirmó que:

1.       Las investigaciones en predios confirmaron que la contaminación de TexPet es generalizada;

2.       Las Demandantes intentan confundir los resultados de las investigaciones de los predios;

3.       Que existen riesgos para la salud y que los daños y perjuicios de la Sentencia relativos a la salud son razonables.

Nota: LBG empleó técnicas de muestreo y analíticas adecuadas que resisten las críticas erróneas de las Demandantes.

Con estos antecedentes, es lógico concluir que los daños y perjuicios de la Sentencia son razonables. La República ha presentado pruebas sustanciales que demuestran lo razonable de las categorías de daños y perjuicios, y las Demandantes no han dado respuesta a ello. Las Demandantes no presentan en ningún momento montos alternativas para las categorías de la Sentencia que en su opinión serían razonables. En cambio, su postura siempre ha sido que cualquier monto de daños y perjuicios es poco razonable. Pero la República ha demostrado—con la Sentencia de Lago Agrio y lo confirmaron las investigaciones y análisis de los peritos de la República—que TexPet causó una contaminación extensa de la anterior área de la Concesión. En efecto, una parte importante del costo para sanear esos daños será para realizar primero investigaciones completas sobre saneamiento a fin de determinar cuál es la mejor forma de eliminar la contaminación y devolver a la Amazonía a su estado original.

Además, la asignación de la responsabilidad por la contaminación durante la época del Consorcio está regida por la responsabilidad solidaria, y no por el Contrato de Transacción de 1995 y el PAS, por lo cual Chevron es completamente responsable. La República ha demostrado que el principio de responsabilidad solidaria como lo aplicó la Corte de Lago Agrio – que las Demandantes no cuestionan que se aplica en el presente caso en virtud del derecho de Ecuador – ordena que Chevron sea responsable de la totalidad de los daños en la anterior área de la Concesión, ocasionados durante la época de la Concesión. En función a tal principio, Chevron tiene completa libertad, de buscar por parte de cualquier infractor contribuyente el resarcimiento y devolución de todos los valores por ella pagados.

 

(v)           Sobre la supuesta solicitud de coimas realizada por el Juez Zambrano y la falta de justificación, conforme al Derecho Internacional aplicable, para atribuir a la República la presunta mala conducta del Juez Zambrano a las partes en el Caso Lago Agrio.

La República señala que las Demandantes no han probado que el Juez Zambrano solicitó coimas o sobornos para promover los intereses del Estado. Incluso en el supuesto de que las alegaciones de las Demandantes sean consideradas ciertas, el soborno no es en sí un acto ultra vires atribuible a la República. El Profesor Crawford (ex abogado de las Demandantes) concluyó que los pedidos de sobornos con frecuencia no son atribuibles al Estado, en virtud del Artículo 7 de los artículos sobre Responsabilidad Estatal. La diferencia entre un acto ultra vires que hace entrar en juego la responsabilidad del Estado y un acto estrictamente privado que no implica al Estado, es que el primero se realiza utilizando la autoridad conferida a la entidad por el Estado y encubierto por ella.

Los actos perpetrados por un juez, para promover sus propios intereses privados y sin autoridad aparente, no son atribuibles al Estado. El Artículo 7 de los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos establece que la conducta atribuible a un Estado, comprende incluso la conducta ultra vires de un órgano estatal, o de una persona o entidad facultada para ejercer elementos de autoridad gubernamental, siempre y cuando “el órgano, la persona o entidad actúe en esa calidad”. Además, El Artículo 8 de los Artículos sobre Responsabilidad de los Estados prevé la imputación de la conducta de un actor privado al Estado solo si el Estado ha ordenado el acto. Al respecto, la Corte de Segunda Instancia no aprobó ni autorizó el presunto fraude.

Las Demandantes alegan que aunque la República no sea responsable del presunto soborno, es responsable internacionalmente de ello por la expedición de la decisión de la Corte de Segunda Instancia, que la ratificó. Como asunto de derecho, la decisión de la Corte de Segunda Instancia se basó solo en una revisión de novo de la sentencia de la corte de primera instancia, y no hay acusación ni pruebas de que la propia Corte de Segunda Instancia haya actuado ilícitamente o que haya aprobado alguna conducta ilícita del juez de la corte de primera instancia. De acuerdo al propio testigo principal de las Demandantes, el Gobierno “nunca influyó en el proceso” y “nunca se involucró”. La alegación de las Demandantes de la gran conspiración que involucrara al Gobierno, ha sido infundada desde el inicio.

Desde el inicio de este proceso, las Demandantes han buscado mezclar a los Demandantes de Lago Agrio, al juez y al Estado como si fuesen uno. Pero el derecho internacional exige una precisión significativamente mayor, antes de que pueda hallarse al Estado responsable por un ilícito internacional, sobre la base de actos de individuos.

Partiendo del supuesto de que el Tribunal entretenga las acusaciones de las Demandantes sobre soborno, la República no sería responsable internacionalmente por la conducta del juez. La Sentencia de Lago Agrio, como la pronunció el Juez Zambrano, no constituye la última palabra del sistema judicial de Ecuador. El énfasis especial que ponen las Demandantes en atribuir la presunta conducta indebida de la corte de primera instancia es, por lo tanto, desacertado. El propio abogado de las Demandantes reconoce que “la denegación de justicia no queda perfeccionada por la decisión de una corte de primera instancia… [U]n juez de primera instancia que actúe indebidamente simplemente no comete un delito internacional plenamente consumado que se pueda imputar al Estado”.

En su Réplica Complementaria, las Demandantes explican que “no están impugnando el soborno en sí”, sino la expedición de la Sentencia por parte del Juez Zambrano. Las sentencias judiciales, según sostienen las Demandantes, se pronuncian con apariencia de legalidad y, por lo tanto, la expedición de una sentencia obtenida mediante fraude debe imputarse al Estado. Sin embargo, el fraude de la Sentencia no podría atribuirse al Estado, incluso en el supuesto de que el Juez Zambrano haya “utiliz[ado] los medios puestos a [su] disposición por el Estado” para presuntamente obtener el soborno. Si lo que se alega no es que el Juez Zambrano emitió una sentencia, sino que la emitió mediante fraude, las Demandantes están impedidas de presentar tal argumento puesto que tuvieron conocimiento del mismo y pudieron haberlo evitado, pero optaron por no hacer nada al respecto.

La jurisprudencia internacional demuestra que la conducta atribuible a un funcionario del Estado, no es inmediatamente una conducta atribuible al Estado. La finalidad de la atribución al Estado no tiene sentido cuando es el demandante quien está en mejor posición de detener la presunta mala conducta, antes de que ocurra.

 

(vi)         Sobre la impugnación de las Demandantes a las Decisiones en Segunda Instancia y en Casación

La República ya demostró que la Corte de Segunda Instancia examinó debidamente las reclamaciones presentadas, mediante referencia expresa a la sentencia de primera instancia, para confirmar que la decisión de la corte inferior estaba suficientemente sustentada. La República también refutó la acusación de las Demandantes de que la Corte de Segunda Instancia y la Corte Nacional estaban obligadas a revisar y resolver sobre las supuestas pruebas de Chevron sobre fraude, pruebas que no se presentaron a tiempo o no se ingresaron como parte de la sentencia de primera instancia. Las Demandantes no pueden esperar que este Tribunal acepte su acusación en contra de toda una judicatura, por un grupito de artículos de prensa y ejemplos de medidas disciplinarias impuestas a jueces de cortes internas. Si se diera lugar a este tipo de acusaciones, este Tribunal también tendría que acusar a los sistemas judiciales de Estados Unidos y a los de las demás naciones del mundo.

Las Demandantes también condenan las decisiones de Segunda Instancia y de Casación por la causal de que “estuvieron influenciadas indebidamente, por no decir completamente controladas, por el Presidente Correa y su gobierno”. Por supuesto, el propio testigo comprado por las Demandantes, Alberto Guerra, es quien contradice la repetición de las Demandantes, cuando afirma que no hubo absolutamente ninguna interferencia del Ejecutivo en el Litigio de Lago Agrio.

Las Demandantes además desechan las decisiones de Apelación y de Casación porque, según ellas, “la sentencia de Lago Agrio carece de validez y cualquier sentencia basada en esta está viciada por fraude y corrupción”.   Las Demandantes pretenden basar esta acusación en “pruebas no refutadas” de que la sentencia de Lago Agrio está “impregnada de pruebas fraudulentas y corruptas”. La República ha cuestionado y desmentido vigorosamente las acusaciones y las pruebas putativas de las Demandantes, ofrecidas como sustento de manera ilegal.   Además, Chevron al igual que cualquier litigante descontento, con acusaciones de fraude con base en pruebas no obrantes en la sentencia de primera instancia o en el expediente, tiene una vía a su disposición para hacerlo. Dicha vía es la interposición de una reclamación bajo la LJC. Esto no es posible mediante un recurso de apelación ante cortes que, por ley, no pueden considerar pruebas nuevas.

 

(vii)       Sobre la falta de agotamiento de recursos locales para sus reclamaciones por denegación de justicia y violaciones relacionadas con el Tratado    

Según las Demandantes, la prueba adecuada para demostrar denegación de justicia es “evidente inutilidad” del sistema judicial o la “posibilidad razonable de un desagravio efectivo” hacia el inversionista. Las Demandantes no han demostrado ambos supuestos. Más aun, no logran demostrar que la Ley para el Juzgamiento de la Colusión es ineficaz para sus reclamos.

En vista de lo prematuro de este arbitraje, la República a menudo ha resaltado que el hecho de que las Demandantes no agotaron los recursos locales excluye sus reclamaciones basadas en acusaciones de fraude en la Sentencia, al igual que las fundamentadas en el presunto error jurídico.

El sistema de justicia de Ecuador ofrece múltiples recursos para abordar los agravios de las Demandantes, por ello la acusación de las Demandantes sobre el sistema judicial de Ecuador es infundada. Las acusaciones de las Demandantes de falta de independencia judicial (debido a la interferencia del Ejecutivo o de otro tipo) son demostrablemente falsas.

Incluso, suponiendo que las acusaciones de las Demandantes fueran verdad, las Demandantes renunciaron a su derecho de sustentarse en esa conducta indebida como fundamento de sus reclamaciones por denegación de justicia y violación del Tratado. Se encuentra claro en el expediente que Chevron optó por ignorar los recursos locales disponibles y adecuados para sus reclamos de fraude.

Si se debe dar crédito al relato de las Demandantes, es necesario puntualizar que Chevron tuvo conocimiento del presunto soborno antes de que se pronunciara la Sentencia. En la acción RICO, los representantes de Chevron dan fe de que sabían que Zambrano, por medio de Guerra, se dirigió no solo a Chevron sino también a los demandantes en un intento por “vender” la sentencia al mejor postor. La admisión de las Demandantes de que estaban al tanto de que Zambrano presuntamente solicitó sobornos de Chevron, es en sí suficiente razón para que Chevron advierta del supuesto fraude que implica al juez de la causa. En virtud del derecho de Ecuador, los abogados de Chevron tenían la obligación explícita de denunciar la presunta mala conducta y Chevron tenía una causal sustancial conforme al derecho para proceder a recusar al Juez Zambrano. Sin embargo, no lo hicieron. Más importante aún, es la afirmación de Chevron de que “no estaba al tanto de que el Juez Zambrano también había solicitado un soborno a los demandantes, y de ser así, si esa oferta fue aceptada o no”. En su demanda RICO, Chevron presentó la declaración jurada del Dr. Callejas, su principal abogado litigante en el caso Lago Agrio. En esa declaración jurada, el Dr. Callejas afirmó que conocía que Zambrano quería negociar un soborno con los demandantes.

Chevron pudo haber evitado que ese supuesto ardid se concretara, pero optó por no hacerlo como parte de su propia estrategia. Es más, a pesar de que Chevron tenía conocimiento de la presunta corrupción de Zambrano, Chevron solicitó la recusación de quien entonces era juez presidente, sabiendo que Zambrano asumiría el cargo. Además, Kent Robertson, vocero de Chevron, presentó acusaciones públicas muy específicas de que la Sentencia había sido redactada por alguien más, en cuestión de minutos, después de que se expidió la Sentencia. Ningún abogado defensor podría leer y evaluar objetivamente, tan rápido, una Sentencia en español de 188 páginas y con un interlineado de un espacio. Sin embargo, Chevron no hizo nada, cuando podía haber hecho una diversidad de cosas en virtud del derecho de Ecuador. Chevron podía haber procedido a recusar a Zambrano. Chevron podía haber presentado una denuncia ante el Consejo de la Judicatura de Ecuador para que se removiera a Zambrano. En efecto, Chevron había recusado exitosamente a una gran cantidad de jueces anteriores en el Litigio de Lago Agrio; un año antes, había recusado al Juez Núñez por presunta corrupción. De hecho, el Dr. Callejas sabía que Guerra había sido removido de su cargo como juez por acusaciones de corrupción que fueron abordadas por el Consejo de la Judicatura de Ecuador.

 

(viii)     Sobre el reclamo de denegación de justicia presentado por las Demandantes

El Tribunal carece de jurisdicción para conocer este reclamo. Las Demandantes no alegan ninguna violación de derechos relacionados con una inversión cubierta y, por lo tanto, el reclamo está más allá del alcance jurisdiccional del TBI. Además, la omisión de las Demandantes en agotar los recursos locales impide sus reclamos basados en alegaciones de fraude y corrupción en la Sentencia. El propio abogado de la defensa de las Demandantes, Jan Paulsson, ha reconocido públicamente que “[l]a regla del agotamiento de los recursos locales es . . . una necesidad esencial antes de que pueda establecerse alguna responsabilidad internacional, de la misma manera que es un elemento esencial del ilícito internacional de denegación de justicia”.

De manera específica, la defensa de la República señala que:

  1. La Ley para el Juzgamiento de la Colusión (“LJC”) provee un recurso disponible para resolver sobre las alegaciones de las Demandantes de fraude y corrupción.
  2. La acción bajo la LJC es el recurso apropiado para resolver las alegaciones de fraude y corrupción de las Demandantes, debido a que:
    1. Es de Última Ratio.
    2. No se limita a prácticas fraudulentas relacionadas con transacciones de bienes raíces.
  3. No existe ningún fundamento jurídico para la aseveración de las Demandantes de que una acción de acuerdo a la LJC sería fútil. La ejecutoriedad de la Sentencia de Lago Agrio no es excepción para el requisito de agotamiento previsto por el derecho internacional. Por consiguiente, las Demandantes debieron presentar una acción bajo la LJC.
  4. Las Demandantes están impedidas de hacer valer un reclamo con base en alegaciones de fraude, debido a que no lo plantearon en primera instancia. Al contrario, decidieron plantear tales acusaciones en instancias superiores en las que las cortes se encontraban impedidas de analizar prueba extrínseca al proceso.
  5. Las Demandantes no han cumplido la difícil carga probatoria que se exige para establecer una denegación de justicia.

El argumento de las Demandantes sobre denegación de justicia fracasa una y otra vez. Las pretensiones de las Demandantes guardan relación con determinaciones de derecho interno y, por ende, no están sujetas a revisión en virtud del derecho internacional, puesto que el Tribunal no puede actuar como una corte supranacional.

La afirmación sobre el “absurdo fáctico” de la sentencia, es nada más que un intento de desvanecer la responsabilidad de las Demandantes por la devastadora situación ambiental del Oriente ecuatoriano. En relación a la supuesta conspiración de los demandantes de Lago Agrio con el Juez Zambrano para redactar ellos la Sentencia, las Demandantes elaboraron su historia prematuramente y ahora, siguen repitiéndola a pesar de todas las pruebas acumuladas que la contradicen de plano.

La Sentencia de Lago Agrio no es “jurídicamente absurda”. En su Réplica Complementaria, las Demandantes no abordan el fondo de los alegatos anteriores de la República y, en cambio, presentan una versión reciclada de acusaciones viejas, repletas de retórica e hipérbole incendiaria, como es costumbre de las Demandantes. Al respecto es necesario resaltar que:

 

1.    Las críticas de las Demandantes al análisis de causalidad de la Corte de Lago Agrio son frívolas. El análisis de causalidad de la Sentencia de Lago Agrio está sustentado por cánones bien reconocidos del derecho civil extracontractual de Ecuador. La Corte de Lago Agrio observó que: (i) existe contaminación que se puede atribuir directamente a las operaciones de hidrocarburos en el Área de la Concesión;   (ii) esa contaminación implica una amenaza de daño para las personas; y (iii) la posibilidad de daños producto de la contaminación existente justifica la “remoción, tratamiento y eliminación adecuados de los desechos contaminantes” que se encuentran en el suelo, sedimentos, y agua contaminada. Para llegar a esa conclusión, la Corte de Lago Agrio se basó en un conjunto sustancial de datos que demostraban que los suelos, sedimentos, y aguas de la anterior área de la concesión contienen niveles peligrosamente altos de hidrocarburos, metales pesados, y otros contaminantes derivados de las actividades de exploración y explotación de petróleo.

2.    Fue correcto que las Cortes de Ecuador hicieran responsable a Chevron. La Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito, después de los escritos y argumentos en los que “los abogados de ChevronTexaco se presentaron [ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito] y ratificaron las concesiones hechas por Texaco para que se desestimara la demanda de los demandantes [de Aguinda]” admitió su pedido de forum non conveniens. Es más, el Segundo Circuito determinó que “las promesas más generales de Texaco de someterse a la jurisdicción de Ecuador son exigibles en contra de Chevron en este juicio y en cualquier procedimiento futuro entre las partes”.

3.    En relación a las reclamaciones residuales de las Demandantes: Sentencia extra petita, unión de acciones y retroactividad, las Demandantes repiten sus argumentos sin siquiera tratar de responder a los juristas y a los precedentes judiciales que contradicen sus afirmaciones.

Adicionalmente, el reclamo de las Demandantes por denegación de justicia, basado en un supuesto error judicial, no es válido bajo el derecho internacional y el derecho doméstico. Esto se verifica por las siguientes razones:

  1. La acción de las Demandantes ante la Corte Constitucional está en trámite. Sus reclamos basados en supuesto error judicial en la Sentencia de Lago Agrio son prematuros.
  2. Los sistemas judiciales nacionales tienen derecho a una presunción de legalidad.
  3. El umbral de calificación de la conducta del Estado es bastante alto.
  4. Las Demandantes no han logrado demostrar que la decisión de la Corte de Lago Agrio sea dolosa u ofenda a un sentido de probidad judicial. Las Demandantes centran indebidamente sus reclamos en los procesos en el nivel de primera instancia. La decisión en casación rechaza de manera concluyente toda alegación de violaciones del debido proceso en los procesos en Lago Agrio de conformidad con el derecho ecuatoriano.

 

(ix)         Sobre las reclamaciones fallidas por denegación de justicia, reformuladas por las Demandantes como reclamaciones bajo el Tratado   

Las Demandantes no pueden reactivar su reclamo por denegación de justicia fallido, mediante la alegación de violación del TBI. La defensa de la República ya estableció anteriormente que:

  1. Los reclamos de las Demandantes basados en el Tratado se derivan de su reclamo por supuesta violación de contrato que no cabe en este proceso;
  2. Las Demandantes no han establecido que el sistema judicial de Ecuador violara obligaciones de la República en el Tratado de acuerdo al TBI, y;
  3. Los reclamos de las Demandantes basados en el Tratado dependen de la falsa premisa de que los tratados de inversión crean estándares que están separados de los inversionistas y que son más favorables para los inversionistas que aquellos que se contemplan en el derecho internacional consuetudinario.

Las Demandantes argumentan que el empleo por parte de la República de la regla de agotamiento de recursos locales es un intento de disuadir al Tribunal de sus delitos. Asumiendo que las Demandantes hubiesen probado su argumento fáctico, el Tratado de todas formas no permite la omisión del requisito de agotamiento de conformidad con el derecho internacional consuetudinario. Dicho de otro modo, los méritos de esas reclamaciones no dependen de si se catalogan como violaciones del tratado o como reclamaciones por denegación de justicia: los estándares aplicables siguen siendo los mismos.

Por su parte, las disposiciones independientes en el Tratado plasman el estándar mínimo de trato conforme al Derecho Internacional Consuetudinario. Suponiendo que las Demandantes puedan de alguna forma saltarse el requisito del agotamiento, el Tribunal de todas formas tendría que determinar si cada una de las disposiciones sustantivas del Tratado es un estándar autónomo de protección, o si esos estándares también deben interpretarse a la luz de los principios de derecho internacional consuetudinario, como el estándar mínimo de trato. Las Demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que esas disposiciones pueden entenderse separadamente y divorciadas de los principios de derecho internacional consuetudinario.

Las reclamaciones “independientes” de las Demandantes, fracasarían de todas formas aunque se considerase que los estándares del Tratado son autónomos. Las Demandantes no pueden demostrar que la presunta conducta de Ecuador violó las obligaciones supuestamente más amplias reflejadas en las cláusulas “independientes” del TBI. De manera específica, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

1.       Las Demandantes no pueden demostrar una vulneración de sus expectativas legítimas;

2.       El Gobierno actuó de forma transparente y de buena fe. Las Demandantes no han demostrado que el Gobierno interfirió en el proceso de decidir, ni que ordenó a las cortes resolvieran de una forma específica;

3.       El trato que el sistema judicial dio a la causa no constituye una violación del Tratado. Fue Chevron quien decidió no utilizar los recursos locales disponibles para sus reclamos de fraude. Por su parte, el Estado inició investigaciones por fraude.

La República otorgó a las Demandantes protección y seguridad plenas. En el Primer Contra-memorial de la República, ésta presentó once documentos del Departamento de Estado de EE.UU., que avalan la posición de la República de que la disposición sobre protección y seguridad plenas no brinda más protección que la exigida conforme al derecho internacional consuetudinario. En su alegato más reciente, las Demandantes piden al Tribunal, en cambio, que mire “el texto del Artículo II (3) (a) y el extenso cuerpo de jurisprudencia”, haciendo caso omiso de la clara guía interpretativa. El argumento de las Demandantes sobre el texto carece de mérito y es intrascendente que se sustenten en causas que interpretan otros tratados. Las Partes Contratantes quisieron que la cláusula de protección y seguridad plenas de este Tratado garantizara a los inversionistas protección de la violencia física y nada más.

Por último, Ecuador no actuó de manera arbitraria o discriminatoria con respecto a las presuntas inversiones de las Demandantes. Las Demandantes no solo guardaron silencio respecto de su obligación de agotar los recursos locales, sino que no hacen otra cosa que repetir acusaciones de trato arbitrario o discriminatorio, todas las cuales ya fueron refutadas por la República

 

(x)           Sobre el reiterado pedido de nulidad de la Sentencia de Lago Agrio, o las ganancias extraordinarias que recibirían a causa de ello.

Las Demandantes sostuvieron en principio que si el Tribunal determinare una denegación de justicia o una violación del Tratado, el remedio apropiado es la declaratoria de nulidad de la Sentencia de Lago Agrio y el pago de indemnización por daños y perjuicios a Chevron. Las Demandantes argumentan la existencia de una presunción de que Chevron habría prevalecido, por completo, ante las cortes ecuatorianas y habría prevalecido sobre los reclamos de los Demandantes de Lago Agrio en su totalidad.

Ningún principio del derecho internacional apoya tal presunción, mucho menos la nulidad que las Demandantes buscan. Más bien, las autoridades en la materia (entre las cuales se destaca el Profesor Paulsson, abogado de Chevron) señalan que el remedio apropiado es poner a la demandante en la posición en la cual habría estado si no fuera por el supuesto ilícito internacional. En consecuencia, si el Tribunal determinare que ha habido una denegación de justicia, debe establecer cómo los reclamos de los Demandantes de Lago Agrio contra Chevron deberían haberse decidido de manera imparcial. Luego debe idear un remedio que ponga a las Demandantes en una posición que no fuera mejor si se hubiera obtenido ese resultado.

Adicionalmente, no existe soporte alguno que demuestre que la nulidad de la sentencia es el remedio adecuado y aceptable bajo el derecho internacional. Menos aún bajo derecho ecuatoriano, puesto que en la práctica de las cortes nacionales, no existe precedente de nulidad de las sentencias fraudulentas sin llegar al análisis de fondo.

Las Demandantes además desconocen las consecuencias de ordenarlo y que ninguna de las autoridades que citan lo sustenta. Las Demandantes pasan por alto totalmente el hecho indiscutido de que cumplir esa orden haría necesario que la República viole sus obligaciones en virtud de la Convención Inter-Americana sobre Derechos Humanos, además de su Constitución y sus leyes de procedimiento. En cambio, las Demandantes presionan para que el Tribunal deje de lado sus consideraciones de prudencia respecto de interferir indebidamente en la soberanía de la Demandada. A su vez, las Demandantes no pueden señalar un solo caso en el que la nulidad haya sido debidamente ordenada en circunstancias similares. Incluso si la anulación fuera una reparación disponible, es claro que no es la correcta en este caso.

Igualmente, las Demandantes se niegan a reconocer que la nulidad de la Sentencia tendría como resultado un enriquecimiento injusto. Así evadirían totalmente la responsabilidad por los daños ambientales de los cuales son responsables, como asunto de derecho de Ecuador.

Aunque las Demandantes posteriormente ya no argumentan que la nulidad “es el único recurso jurídico adecuado”, su posición de que esta tiene un “fundamento sólido” es totalmente defectuosa. La fórmula de las Demandantes hace caso omiso de lo que el Profesor Paulsson reconoce: La nulidad no es un recurso adecuado cuando “el querellante se vio frustrado de perseguir o defender una reclamación”.

Finalmente, el papel de Chevron en el presunto fraude también vuelve indebida la nulidad y hace necesaria una compensación de los daños y perjuicios. Según el Artículo 39 de los Artículos de la CDI sobre la Responsabilidad de los Estados por Actos Ilícitos Internacionalmente, “[p]ara determinar una reparación, se debe tomar en cuenta la contribución al perjuicio mediante un acto doloso o negligente, u omisión del Estado o de la persona o entidad perjudicados con relación a los que se pretende la reparación”. Chevron, en sus propios testimonios ha admitido que tuvo conocimiento de que el Juez Zambrano – por medio de Guerra—presuntamente solicitó, en muchas ocasiones, un soborno de Chevron, y también se enteró y entendió que Zambrano solicitaría un soborno de los demandantes de LA. Chevron no solo no denunció los intentos de soborno, sino que también orquestó el retorno del Juez Zambrano a la judicatura de Lago Agrio a tiempo para que expidiera la sentencia.

 

(xi)         Las prácticas y políticas de las Demandantes en el pasado causaron y continúan causando riesgo de daño significativo a la salud humana y daño significativo al medio ambiente

La República reiteró su pedido al Tribunal para que visite el Oriente y comprenda de mejor manera el alcance de la contaminación ocasionada por las Demandantes. Al respecto, la República señalo que por ahorrar costos, Texaco, en nombre de su subsidiaria TexPet, decidió no recubrir sus piscinas a fin de impedir la diseminación de la contaminación. TexPet bombeó al interior de las piscinas sin revestimiento, grandes cantidades de contaminantes tóxicos y carcinogénicos. El perito nombrado por Chevron en el juicio Lago Agrio, Gerardo Barros, estimó que se vertieron hasta 42.000 galones por cada pozo. Documentos internos de TexPet demuestran que la estrategia de ocultamiento de TexPet, para resolver el problema con estas piscinas, era cubrirlas con tierra, sin realizar ninguna limpieza. Chevron continuó la estrategia de ocultamiento como un componente integral de su estrategia en el juicio Lago Agrio y continúa con esta estrategia para evadir la responsabilidad por los daños causados.

La contaminación que dejó Chevron en el Oriente es crucial para este caso. El Tribunal no puede resolverlo sin tomar en cuenta los pasivos ambientales ocasionados por Chevron. La evidencia presentada en el proceso demuestra que:

  • TexPet empleó en Ecuador prácticas en los campos petroleros que son inferiores a la norma aplicable;
  • TexPet vertió contaminantes carcinogénicos y tóxicos en cantidades masivas hacia el suelo, las aguas y el aire de la región;
  • La contaminación de TexPet persiste en el Oriente más de veinte años después de la salida de TexPet de Ecuador;
  • La contaminación de TexPet continúa migrando; y,
  • La contaminación de TexPet ha causado daño y continúa cansando daño a los residentes de la región y su medio ambiente.

Las Demandantes sustentan su defensa en la supuesta remediación ambiental realizada en el Oriente. Sin embargo, el alcance de la aplicación del “Plan de Remediación Ambiental” todavía sigue en disputa en el proceso.

Las Demandantes no han logrado refutar el caso ambiental planteado en su contra. Incluso, en algunos casos admiten directamente hechos suficientes para justificar la Sentencia en su contra. De la investigación suplementaria realizada por los expertos de la República, se confirma que la contaminación diseminada por TexPet continua presente en la ex Área de Concesión. Por ello, los residentes y las futuras generaciones de habitantes del Oriente se encuentran peligro, dado que se bañan, lavan su ropa e ingieren alimentos cocinados en agua contaminada. A su vez, están expuestos a la contaminación a través de su ganado, de la pesca y de la agricultura.

Por todos estos factores, la sentencia de Lago Agrio es razonable. Chevron es solidariamente responsable, bajo la legislación ecuatoriana, de toda la contaminación presente en los sitios donde se encuentran sus pozos. La normativa ecuatoriana establece responsabilidad solidaria para las partes que hayan simultáneamente o sucesivamente contribuido al daño ambiental en los mismos sitios.

Subsidiariamente, la negación de las Demandantes a responder sobre las pruebas que demuestren la razonabilidad de los daños de la Sentencia no hace que éstos sean irrazonables.

 

Reparación solicitada

La República solicita que el Tribunal pronuncie un Laudo Final:

a)            Que declare que carece de jurisdicción sobre la reclamación de las Demandantes por denegación de justicia y las reclamaciones afines bajo el tratado en contra de la República.

b)            Alternativamente, suponiendo que el Tribunal determine que tiene jurisdicción sobre la reclamación de las Demandantes por denegación de justicia y las reclamaciones por el Tratado, que las desestime por no estar listas para ser objeto de resolución judicial en virtud del derecho internacional, puesto que las Demandantes no agotaron los recursos locales, y por ser infundadas.

c)            Que declare que las Demandantes no tienen los derechos que alegan tener en virtud del Contrato de Transacción de 1995, en conexión con el Litigio de Lago Agrio.

d)            Que declare además que no se incumplió el Contrato de Transacción de 1995 en conexión con el Litigio de Lago Agrio.

e)            Que deniegue toda reparación y cada uno de los remedios solicitados por las Demandantes con respecto a la Vía Procesal 2, incluida la reparación solicitada en el Párrafo 435 de su Réplica Complementaria en la Vía Procesal 2.

Alternativamente, si se ratifica alguna de las reclamaciones de las Demandantes, la República solicita, por las razones antes mencionadas, que el Tribunal pronuncie un Laudo Parcial, en el cual, el Tribunal:

a)    Ordene que los procedimientos de arbitraje procedan a la Vía Procesal 3, de manera que el Tribunal pueda evaluar la responsabilidad efectiva de Chevron respecto de las reclamaciones en contra de ella en el Litigio de Lago Agrio, para que el Tribunal pueda preparar un laudo final que tome en cuenta esa responsabilidad.

b)    Declare que la Demandada no está obligada a indemnizar, proteger, defender o eximir de responsabilidad a las Demandantes contra reclamaciones de terceros, incluida, pero sin limitarse a la petición de las Demandantes de honorarios de abogados incurridos en una acción de ejecución en cualquier jurisdicción.

c)    Declare que las Demandantes no tienen derecho a daños y perjuicios morales.

d)    Declare que la Sentencia de Lago Agrio no es nula y sin efecto porque la anulación no es un recurso disponible ni adecuado conforme al derecho internacional, y tal anulación enriquecería injustamente a las Demandantes.

La República solicita que, de conformidad con el Artículo 40 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, se ordene a las Demandantes pagar todas las costas y los gastos del presente procedimiento de arbitraje, incluidos los honorarios y los gastos del Tribunal y el costo de la representación legal de la República, más los intereses previos y posteriores al laudo sobre los anteriores. La República además solicita que el Tribunal le conceda cualquier otra reparación adicional que el Tribunal considere justa y correcta.