DECISION DEL SECRETARIO DE LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE

CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY,  

Demandantes,

– y –  

EL ECUADOR

Demandada.

DECISION DEL SECRETARIO DE LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE[1]

21 de Noviembre de 2014

 

I. PRIMER MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN: LA FALTA DE ACTUACION

La Impugnación de la Demandada con respecto a la falta de actuación del Tribunal fue notificada el 19 de septiembre de 2014, dentro de los 15 días posteriores a la emisión del Tribunal de la Orden Procesal N° 28 que rechaza la solicitud de reconsideración del Ecuador en relación con el aplazamiento de la visita in situ prevista inicialmente para noviembre de 2014. Ambas partes consideran que es necesario que la autoridad nominadora tenga en cuenta “todas las circunstancias”, incluyendo una conducta anterior del Tribunal con el fin de evaluar si la Orden Procesal N° 28 muestra una falta de acción por parte del Tribunal.

De hecho, es lógico que con el fin de establecer una “omisión” normalmente hay que mirar más allá del período de 15 días. Esto está implícito del requisito de la Ley holandesa de “reiterados recordatorios” como condición previa a una constatación de fracaso para proceder de acuerdo con el artículo 1031 (2), así como la obligación de tener en cuenta “todas las circunstancias”.

En estas circunstancias, no considero que la impugnación sobre el motivo de falta de actuar haya prescrito por el artículo 11 (1) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

Cabe recalcar la preocupación de las Demandantes respecto a que “el único evento que se produjo dentro de los 15 días de esta impugnación es un rechazo a considerar una solicitud de reconsideración de una decisión anterior”. Según las Demandantes, bajo el propio enfoque de Ecuador, “cualquiera podía presentar una impugnación cada vez que quisiera simplemente pidiendo que un tribunal reconsiderara una decisión previa. Eso es insostenible y es inconcebible que sea la regla”. Mi hallazgo en esta impugnación no establece una “regla “que se aplicaría a todos los casos en los que una de las partes solicita la reconsideración de una decisión previa. En el contexto de este caso, está claro que Ecuador no decidió presentar su impugnación a la ligera, y que inmediatamente después de recibir la Orden Procesal 27, hizo un último esfuerzo para reiterar su preocupación ante el Tribunal, poco después de que se recurrió al   proceso actual.

Es cierto que algunas de las conductas de las que se queja la Demandada datan muy atrás en la historia del caso. También vale la pena observar que las conductas denunciadas son diversas y dispares (decisiones sobre las quejas en cuanto a la admisibilidad de pruebas finales; amonestación inconsistente de los comentarios de los abogados a los medios de comunicación; la negativa a reconsiderar laudos provisionales; asignación de aplicaciones particulares a las diferentes Fases Procesales del arbitraje). Aunque en cada caso Ecuador estaba descontento con los resultados, la gama de acciones que reclama son difíciles de caracterizar como un “patrón” de algún tipo. En cualquier caso, me parece que la motivación de una falta de actuación no se evalúa en la fase de fondo.   Por tanto, la cuestión de si todos los aspectos de esta impugnación fueron presentados oportunamente no depende de una determinación de la obtención de resultados.

El elemento objetivo de la prueba de la falta de actuación deja escaso el margen de la autoridad nominadora para evaluar la razonabilidad de las acciones de un tribunal en el sentido de que si hay alguna evidencia de que el tribunal actuó de manera razonable, que es menos probable que su conducta cayó “claramente por debajo de la norma de lo que puede esperarse razonablemente de un árbitro” y si el tribunal actuó manifiestamente irrazonable, es más probable que su conducta “cayera claramente por debajo de la norma de lo que puede esperarse razonablemente de un árbitro”.

 

El presunto incumplimiento del Tribunal para pronunciarse sobre las peticiones de Ecuador para una visita in situ

 

No acepto que el Tribunal haya descuidado conscientemente sus deberes de tal manera que su conducta en general se sitúe claramente por debajo de la norma de lo que puede esperarse razonablemente de los árbitros.

Comenzando con el elemento de “negligencia consciente”, es evidente que los miembros del Tribunal eran conscientes de que la “Demandada considerara que una visita in situ es de gran importancia para su caso”. Esto fue evidente del Proyecto de Orden Procesal N° 27, un documento que el Tribunal había preparado, que contiene propuestas prácticas para que las Partes estén de acuerdo y desarrollen aún más con el fin de permitir que continúe la visita in situ. El Tribunal también era consciente de las declaraciones hechas durante la teleconferencia del 9 de julio de 2014, que ambas partes esperan que el Tribunal tome decisiones sobre cuestiones de la visita in situ que las Partes no puedan resolver por sí mismas. El Presidente del tribunal arbitral declaró que si el acuerdo resultó “totalmente imposible, entonces, evidentemente, el Tribunal tendrá que tomar una decisión y que va a hacer lo mejor que pueda“. Si bien el Tribunal era (y es) consciente de la necesidad de actuar con decisión, no se puede decir que ha “descuidado” las cuestiones de visitas a los sitios destacados en el sentido de ignorarlos o dejar de tratar con ellos.

El Presidente del Tribunal arbitral ha explicado que el Tribunal tenía una preferencia para instar a las Partes a que sigan tratando de resolver las cuestiones, porque las Partes “entienden mucho mejor que cualquiera de nosotros en el Tribunal lo que se requiere y qué se puede hacer”. Un enfoque similar se adoptó con relativo éxito en la negociación de acuerdos para la recopilación del disco duro del juez Zambrano en Quito. De acuerdo a las instancias del Tribunal, las Partes luego se involucraron en discusiones extensas e informaron al Tribunal el 1 de agosto de 2014.

Esos intercambios revelaron al Tribunal que si bien se había avanzado mucho, las cuestiones de procedimiento y de logística pendientes eran importantes, lo que llevó al Tribunal a concluir en la Orden Procesal N° 27, de mala gana, que no sería posible resolverlas a tiempo para llevar a cabo una visita in situ antes de la Audiencia de la Fase II de responsabilidad. Sin embargo, el Tribunal declaró que “tiene la intención de seguir discutiendo la organización de una visita a las instalaciones (incluyendo nuevas fechas propuestas) en el período previo a la audiencia de la Fase II de responsabilidad y, si no se hubieran resuelto todos los asuntos antes de esa fecha, también en esa Audiencia”.

En la Orden Procesal N° 28, el Tribunal reconoció que las cuestiones pendientes son “importantes para las Partes” y eran en realidad “más importantes de lo previsto por el Tribunal”.

Durante la audiencia, les pregunté a las Partes acerca de la relevancia del plazo anteriormente establecido por el Tribunal en las Ordenes Procesales 27 y 28 y si había algún progreso que constatar. La Demandada dijo que las Partes estaban en un punto muerto y todo lo que había sucedido era el paso del tiempo. Antes, sin embargo, la Demandada confirmó que hizo una “presentación voluminosa” el 7 de noviembre en cumplimiento de órdenes del Tribunal.

El expediente descrito anteriormente muestra que las actuaciones del Tribunal dieron efecto a su fuerte preferencia para que las Partes resuelvan los problemas en tanto más les sea posible entre ellas, sobre todo porque algunas de las cuestiones se refieren a cuestiones y / o problemas de hechos y de técnicas complejas más allá de la familiaridad o el control inmediato del Tribunal, tales como la concesión de inmunidades a los participantes. El Tribunal tuvo en cuenta el momento de la visita in situ en el contexto de la programación de otros hitos procesales en el caso. Las acciones del Tribunal fueron tomadas con pleno conocimiento de que las negociaciones sobre las cuestiones pendientes no pueden prolongarse indefinidamente. Así, el Tribunal ha reconocido que tendrá que ser decisivo en algún momento entre ahora y el final de la audiencia de la Fase II de responsabilidad, y consideró que, después de la presentación de la Demandada en noviembre, estaría en condiciones de decidir cualquier cuestión pendiente por más orden procesal, en ese momento o poco después”. En palabras respaldadas por los co-árbitros, el presidente del tribunal arbitral aseguró a la CPA sobre su “firme convicción” de que todos los árbitros han actuado y “continuarían actuando” en plena conformidad con su deberes.

La conducta del Tribunal descrita anteriormente no equivale a “negligencia consciente” de los derechos arbitrales o “indiferencia grave” a la evolución del caso. Por el contrario, en el expediente consta un ejercicio de discreción en cuanto a la tramitación de los procedimientos, incluido el momento y la secuencia de los pasos probatorios. Esta conclusión se ve confirmada por los comentarios del Profesor Lowe a la CPA, de que las decisiones del Tribunal han estado “claramente centradas en la necesidad de avanzar paso a paso en una forma que tenga sentido práctico y sea manejable por las Partes y el Tribunal en cada etapa”.

Ahora considero el segundo elemento en la pregunta sobre la falta de actuación: “la conducta general”. Evaluando el cuadro más amplio, el expediente demuestra que el Tribunal, en los últimos cinco años, no ha estado inactivo y no ha sido negligente. Por el contrario, se han emitido más de 28 órdenes de procedimiento, ha realizado siete audiencias en persona, y ha celebrado 14 audiencias telefónicas, se ha dedicado a una extensa correspondencia con las Partes, emitido cuatro Laudos intermedios y un Laudo Parcial Final, todo lo que requiere una revisión de miles de páginas de documentos procesales. En este contexto, es muy difícil concluir que el Tribunal ha estado inactivo o ha sido negligente.

La complejidad del proceso también se reconoce como un factor en la aplicación del estándar para una “falta de actuación” bajo la Ley holandesa, como lo son las diferentes causas para la demora. El Profesor Snijders explica: “Si los procedimientos toman mucho tiempo, esto, aún como tal, no indica un desarrollo lento del mandato. El tiempo extenso puede ser causado por la complicada naturaleza del asunto y las acciones provisionales necesarias”. También señala que “si hay un retraso, aunque si esto se debe principalmente al peticionario, a continuación, la demora no puede ser llamada inaceptable y la petición debe ser negada”. Aquí, el arbitraje es complicado y el Tribunal se enfrenta a una serie de medidas provisionales en sus diferentes Fases Procesales. El expediente demuestra que se ha exagerado ligeramente respecto a los “casi tres años” que la Demandada ha estado esperando.

Por las razones expuestas concluyo, como hago con el llamado caso del evento “desencadenante”, que esos otros casos de conducta del tribunal no muestran una negligencia consciente.

Por último, me dirijo al tercer aspecto de la prueba de falta de actuación, principalmente si cae “claramente por debajo de la norma de lo que puede esperarse razonablemente de un árbitro.” Ecuador ha dejado en claro que está realmente frustrado con el ritmo y el patrón de la toma de decisiones sobre la visita in situ. Pero eso no es suficiente. La prueba es objetiva. La prueba de la falta de actuación aceptada por las Partes ofrece un amplio margen de deferencia a la forma en que un tribunal ejerce su discreción. Puede ser que haya un número de diferentes formas en que un tribunal podría decidir determinadas cuestiones de procedimiento o priorizar la obtención de pruebas, o comunicar sus decisiones de procedimiento para las Partes. No es el papel de la autoridad nominadora sustituir las opciones de gestión de casos del tribunal con las que cree que son óptimas, sobre todo en un arbitraje grande y complejo como este. En tanto que la autoridad nominadora está convencida de que el tribunal no ha actuado consciente de su negligencia o de tal manera que su conducta en general se sitúa claramente por debajo de lo que razonablemente se puede esperar del mismo, la autoridad nominadora debe rechazar la impugnación.

En consecuencia, con respecto a las quejas de la visita in situ, rechazo la impugnación al amparo del artículo 13 (2) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y el artículo 1030 de la Ley holandesa de Arbitraje.

 

Otros ejemplos del supuesto patrón de inactividad del Tribunal

Las Partes aceptan que las cuestiones de admisibilidad y el peso de la evidencia, incluyendo las decisiones en cuanto al momento de aceptar nuevas pruebas, están dentro de la discreción del Tribunal. No es mi papel decidir si esas decisiones son correctas.

De las circunstancias descritas por las Partes no se desprende que el Tribunal ha descuidado conscientemente sus funciones en responder a las quejas de la Demandada sobre los documentos que se presentaron después de que estaban vencidos los plazos. En la audiencia de procedimiento de enero de 2014, el Tribunal escuchó los puntos de vista de ambas partes sobre la solicitud de la Demandada y explicó su enfoque preferido.

La “conducta general” del Tribunal deberá ser tenido en cuenta y, en este sentido, el Segundo Proyecto de Agenda para la audiencia procesal de enero 2014 es muy reveladora. La Agenda revela que el Tribunal tenía para su consideración no menos de 7 listas de asuntos que figuraban bajo el título “A. Nuevos horarios de procedimiento y fechas de audiencia”, 6 temas debajo del título “B. Organización de Audiencias”, 10 elementos (cada uno, sujeto de múltiples presentaciones) en “C. Solicitudes de procedimiento pendientes”, y 3 solicitudes bajo la rúbrica “D. Otros asuntos de procedimiento”.

Considerado en el contexto de la conducción general del arbitraje, el enfoque antes descrito del Tribunal con respecto a la admisión de nuevas pruebas y dar prioridad a las solicitudes para reconsiderar estas decisiones, no está comprendido claramente debajo de la norma de lo que podría esperarse razonablemente de un tribunal en las circunstancias y por lo tanto no justifica una impugnación con motivo de una falta de actuar.

 

El presunto incumplimiento del Tribunal a pronunciarse sobre la procedencia de los contactos con la prensa por parte de las Demandantes

 

No acepto que el Tribunal haya descuidado conscientemente hacer frente a las quejas sobre los comentarios de los representantes a los medios de comunicación.

El registro muestra que el Tribunal conscientemente tomó medidas en forma de la emisión de su Orden Procesal N° 4 para ambas Partes por igual. El Tribunal también proporcionó más aclaraciones orales sobre el alcance y propósito de su sentencia en esa orden procesal, en una audiencia de procedimiento en noviembre de 2012, en la que también explicó las dificultades que enfrentan en la redacción de una orden para abordar una situación fluida.

La conducta general relevante es que el Tribunal sí emitió algunas direcciones por igual a ambas partes. El expediente demuestra que los representantes de las Partes que quedan fuera del ámbito de este orden se han sentido libres para seguir haciendo declaraciones a la prensa. Aunque ambas Partes han dicho que alguna aclaración adicional sería de gran ayuda, y la Demandada ha expresado su frustración continua por la falta de una orden formal, ninguna de las partes parece haber sufrido un perjuicio. En todas las circunstancias, la conducta general del Tribunal no cae claramente por debajo de la norma de lo que podría esperarse razonablemente de un tribunal y, por tanto, no justifica una impugnación sobre la falta de actuar.

 

Las supuestas faltas de actuación del Tribunal con respecto a sus Laudos provisionales

No puedo aceptar que la conducta del Tribunal con respecto a las solicitudes de medidas provisionales destinadas a impedir las actividades de cabildeo de Chevron constituye un abandono consciente de sus funciones arbitrales. El Tribunal ha examinado los argumentos sobre solicitudes similares de la Demandada en el pasado, e implícitamente rechazado al menos algunos de ellos en su Cuarto Laudo Interino. En la Audiencia Procesal de enero de 2014, el Tribunal escuchó los alegatos de las Partes con respecto a la solicitud más reciente, y preguntó si los temas incluso todavía eran relevantes.

El simple hecho de que el Tribunal no se ha pronunciado sobre la solicitud de la Demandada con respecto a abstenerse de ejercer presión sobre los beneficios comerciales no puede por sí solo probar que el Tribunal ha descuidado sus deberes conscientemente. Debe considerarse el “desempeño en general” del tribunal y, de nuevo, el Segundo Proyecto de Agenda para la audiencia procesal de enero de 2014 dice mucho. La Agenda revela que la solicitud fue una de las docenas de asuntos para la consideración del Tribunal.

Dado que las Partes le habían dicho al Tribunal que algunos programas comerciales en cuestión ya no estaban en vigor, la falta de priorización de esta solicitud por parte del Tribunal entre las muchas otras cuestiones objeto de evaluación no es irrazonable. No acepto que la conducta del Tribunal se sitúa claramente por debajo de un nivel razonable esperada de un tribunal al grado de constituir una omisión.

*

La impugnación de la Demandada en base a la falta de actuar en virtud del artículo 13 (2) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI y el artículo 1031 de la Ley holandesa de Arbitraje, se desestima en todos los aspectos.

 

II.          SEGUNDO MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN: SESGO APARENTE

Puntualidad

De las reclamaciones enumeradas en el párrafo 148, ha quedado acreditado que todas menos la primera se refieren a circunstancias que la Demandada conocía mucho antes de 15 días antes de que se notificara la impugnación por primera vez.

Teniendo en cuenta que la Demandada conocía de las circunstancias enumeradas en los incisos (ii) a (v) anteriores ya hace muchos meses atrás, y en algunos casos, hace años, me parece que esas denuncias quedan fuera del plazo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

Incluso si un “patrón de conducta” pudiera constituir una circunstancia que diera lugar a dudas justificadas, es difícil ver un patrón a partir de las alegaciones enumeradas anteriormente. Los tipos de conducta sujetos a queja son diversos y no tienen relación. Estos incluyen la fecha de la emisión de un laudo, la decisión sobre qué tema corresponde a qué fase procesal, y el trato hacia los comentarios a los medios de comunicación. Las supuestas consecuencias de la conducta del tribunal también son diversas y sin relación; incluyen un trato desigual, el desprecio por la oportunidad del Ecuador para ser oído, la falta de respeto del poder judicial, un prejuicio sobre el fondo y los prejuicios contra Ecuador. El hecho de que Ecuador estuviera insatisfecho o incluso ofendido en cada caso no hace que las instancias formen un “patrón” recurrente de conducta similar que sólo podía haber culminado cuando el Tribunal se negó a reconsiderar el aplazamiento de la visita in situ.

El supuesto trato desigual de la visita in situ y la Recopilación del Disco Duro de Zambrano

No acepto que el manejo del Tribunal de la visita in situ de noviembre de 2014, en comparación con la Recopilación del Disco Duro de Zambrano suscite dudas justificadas acerca de la imparcialidad del Tribunal. En ambos casos, el Tribunal concedió la petición de la parte solicitante. En ambos casos, el Tribunal escuchó a las partes en una teleconferencia de procedimiento. En ambos casos, el Tribunal les ofreció a las partes la oportunidad de desarrollar y negociar un protocolo entre ellas. En ambos casos, las Partes volvieron al Tribunal con dificultades pendientes. En ambos casos, el Tribunal instó a las Partes a seguir negociando.

Concluyo que las Partes no recibieron un trato desigual. Más bien, el expediente muestra que por motivos relacionados con la naturaleza, magnitud, ubicación, complejidad y la participación requerida de los dos procesos, la visita in situ de noviembre de 2014 resultó mucho más difícil de resolver que la Recopilación del Disco Duro de Zambrano.

Un observador razonable e informado no concluiría que la parcialidad del Tribunal es la única explicación para la diferencia en los resultados para la Recopilación del Disco Duro de Zambrano y la visita in situ de noviembre de 2014. Un observador razonable e informado tampoco concluiría que el comportamiento del Tribunal en este respecto proyecta una apariencia de parcialidad.

Otras alegaciones de trato desigual

No acepto que el trato del Tribunal a las Partes con respecto a las declaraciones a los medios de comunicación suscite dudas justificadas acerca de la imparcialidad del Tribunal. La advertencia inicial del Tribunal en la Orden Procesal N° 4 aplica expresamente a los abogados de arbitraje en ambos lados. El intento del presidente del Tribunal arbitral por aclarar las normas en noviembre de 2012 dio orientación por igual a ambos lados, incluso con respecto a su no aplicación a la Procuraduría General del Ecuador y el consejero general de Chevron. En la medida que continúa la incertidumbre sobre los contornos específicos de la Orden Procesal N° 4 en la práctica, ambas partes han declarado que encontrarían útil alguna orientación.

Un observador razonable e informado no debería llegar a la conclusión de que el trato del Tribunal en respuesta a las quejas sobre los medios de comunicación sólo es explicable por un sesgo. Un observador razonable e informado tampoco concluiría que el comportamiento del Tribunal en este respecto proyecta la apariencia de parcialidad.

Las alegaciones relativas al calendario de los asuntos de derecho internacional

No acepto que la Orden Procesal Nº 24 del Tribunal plantea dudas justificadas acerca de su imparcialidad. A juzgar por la Orden Procesal N° 24, el Tribunal se limitó a aclarar un aspecto de sus órdenes procesales anteriores. La transcripción de la Reunión Procesal de enero de 2014 muestra que las Demandantes habían planteado como uno de dos temas para la Fase 1 (b) de Responsabilidad a raíz del Primer Laudo Parcial, “si la conducta del Ecuador con respecto al Caso de Lago Agrio violó el Acuerdo 1995 y el Acuerdo de Liberación de 1998, así, tanto en nuestro reclamo por incumplimiento de un acuerdo de inversión y también bajo nuestro reclamo en virtud del derecho internacional bajo la Cláusula Paraguas del TBI”. Las Demandantes expresamente elevaron la cuestión a la atención del Ecuador en su Memorial Complementario de enero 31, de 2014, y en la correspondencia de seguimiento, y Ecuador no planteó ninguna protesta.

Puede ser que la redacción de la Orden Procesal No. 23 no fue tan clara como Ecuador podría haber deseado pero, como ha señalado el Juez Haak, “El papel de la Autoridad Nominadora en el incidente de recusación no es evaluar lo impropio de la decisión del árbitro”, por no hablar de la claridad. A raíz de los intercambios posteriores de las Partes, el Tribunal trató de eliminar cualquier ambigüedad. Un observador razonable no interpretaría esta aclaración con respecto a la nueva concepción de la Fase 1 (b) de responsabilidad como un “cambio abrupto” explicable sólo por prejuicio contra Ecuador. Un observador razonable e informado tampoco concluiría que el comportamiento del Tribunal a este respecto proyecta la apariencia de parcialidad.

 

Las denuncias relativas a los Laudos provisionales

No acepto que el contenido o el calendario de los laudos provisionales causarían que un observador razonable tenga dudas justificadas acerca de la imparcialidad del Tribunal.

Ecuador deja claro que ” aquí no busca una revisión jurídica de las sentencias del Tribunal por la CPA”. Sin embargo, las quejas sobre el impacto de los laudos provisionales del Tribunal y sus consecuencias bajo la ley ecuatoriana implicaría la sustitución efectiva de la sentencia del Tribunal con el mío propio, basado en una evaluación de la exactitud de las decisiones. Ambas partes están de acuerdo en que no es el papel adecuado de la autoridad nominadora.

Un observador razonable familiarizado con el expediente no llegaría a la conclusión de que la fecha de emisión del Cuarto Laudo Provisional se podía explicar sólo por sesgo. Más bien, la fecha de emisión puede estar vinculada a las peticiones de Ecuador por prórrogas para reconsiderar su cumplimiento de las órdenes previas del Tribunal. Un observador razonable e informado no concluiría que el comportamiento del Tribunal en este respecto proyecta la apariencia de parcialidad.

Las denuncias acerca del Primer Laudo Parcial

No acepto que la fecha de emisión o el contenido del Primer Laudo Parcial planteen dudas justificadas acerca de la imparcialidad del Tribunal.

Si bien Ecuador dice que no busca una revisión legal de las sentencias del Tribunal, la queja sobre el enfoque del Tribunal de la legislación ecuatoriana en su Primer Laudo Parcial sí parece conllevar una evaluación de lo impropio de la decisión, una tarea que tanto las Partes acuerdan no es apropiada para una Autoridad Nominadora que decide una impugnación. No hay apoyo en el expediente para la conclusión de que el Tribunal “apresuró” la decisión a fin de lograr de forma preventiva un efecto de cosa juzgada. El Primer Laudo Parcial incluía las razones en las que se basa y se adoptó tras una discusión por ambas partes y la debida deliberación por el Tribunal. Ecuador está claramente insatisfecho con el fallo en cuestión y considera que el Tribunal debería haber esperado y respetado cualquier decisión sobre las mismas cuestiones por la Corte Nacional. Sin embargo, el Primer Laudo Parcial en sí y los hechos circundantes descritos por Ecuador no apoyan la conclusión de que el Laudo “manifiesta un claro desprecio por el sistema judicial de Ecuador”. Un observador razonable familiarizado con el expediente no llegaría a la conclusión de que el Primer Laudo Parcial era explicable sólo por el sesgo, ni que éste proyecta la apariencia de sesgo.

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No concluyo que la emisión de la Orden Procesal N° 28, ni los otros aspectos de la conducta del Tribunal sujetos a quejas de la Demandada, dan lugar a dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del Tribunal. En consecuencia, se rechaza la impugnación motivada por el artículo 10 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, y en el artículo 1033 de la Ley holandesa de Arbitraje.

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Habiendo revisado independientemente los hechos y las circunstancias subyacentes a la impugnación de la Demandada, las presentaciones de las Partes, y las observaciones de los miembros del Tribunal, y la aplicación de criterios objetivos establecidos en la normativa aplicable, yo concluyo que no ha habido ninguna falta de actuación por el Tribunal en el sentido del artículo 13 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI o del artículo 1031 de la Ley holandesa de Arbitraje, y no hay dudas justificadas acerca de la imparcialidad del Tribunal en el sentido del artículo 10 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI o el artículo 1033 de la Ley holandesa de Arbitraje.

 

III.        DECISIÓN

POR ENDE, Yo, Hugo H. Siblesz, Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje, habiendo considerado las presentaciones de las Partes y los comentarios de los miembros del Tribunal y habiendo establecido a mi satisfacción mi competencia para decidir esta impugnación de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. (…)Rechazo la impugnación presentada contra el Sr. V.V. Veeder QC, Dr. Horacio A. Grigera Naón y el Profesor Vaughan Lowe QC bajo los Artículos 10 y 13 del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

 

 

[1] El Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje, en su decisión se dirige a las partes en primera persona. Se ha mantenido, en este resumen de las partes esenciales de dicha decisión dicho lenguaje.