El doctor Íñigo Salvador Crespo, da cuenta de la actuación de la Procuraduría General del Estado en el caso Sobornos 2012-2016
El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo brindó hoy una entrevista a la cadena Televicentro, acerca de lo que será la resolución del caso Sobornos 2012-2016, a las 10:00, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y en la Corte Provincial del Guayas, mediante mecanismos telemáticos.
Puntualizó que este juicio penal es de primera instancia, en el cual, el Tribunal integrado por los jueces nacionales, Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, darán lectura a la sentencia con la que termina la fase de juicio.
En caso de que las partes procesales se encuentren en desacuerdo con dicha sentencia pueden apelar ante un tribunal de la propia CNJ y, cuando dicho tribunal emita su fallo, podrán interponer el recurso de casación ante otro tribunal de este organismo.
Para el doctor Salvador, este es un primer paso muy importante. Lo que espera el Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría, es que se haga justicia. “Que si los jueces del Tribunal conocen de este caso y llegasen a determinar sobre la base del acervo probatorio proporcionado por la Fiscalía y la Procuraduría que efectivamente las personas procesadas han realizado los actos que se le imputa, sean sancionadas con el máximo rigor de la Ley, y además que al Estado se le repare integralmente conforme lo estable la norma penal”, expresó.
Durante la entrevista, señaló que este caso empezó por una investigación de la Fiscalía, a partir de un cúmulo de información proporcionada por el portal La Fuente.
Dentro del proceso judicial se recabaron pruebas testimoniales, periciales y documentales. La Procuraduría, por su parte, presentó su acusación particular en agosto del año anterior.
Indicó que en los alegatos finales se indicó que desde la Presidencia de la República, entre los años 2012 y 2016, se dirigió y estructuró un sistema mediante el cual se obtuvo fondos para la financiación de las campañas de Alianza PAÍS y para otros propósitos, de los aportes que se exigían a contratistas del Estado, a cambio de pagos que correspondían dentro de los contratos, para nuevos contratos, convenios de pago; todo esto por fuera la Ley.
Esto es lo que a su criterio constituye el delito de cohecho, sancionado en el art. 286 del Código Penal, norma vigente al momento en que ocurrieron los hechos.
El Procurador Salvador dijo que el esquema de corrupción es complejo por el número de intervinientes (21 procesados) y, a la vez, simple desde su operación: unos operadores que coordinaban y ordenaban los gastos, que son el expresidente Rafael C., Jorge G., Vinicio A., Walter S., María de los Ángeles D., tomaban contacto con los contratistas a través de las señoras Pamela M. y Laura T., y esta última llevaba el control y registro de esta operación.
Los contratistas entregaban estos dineros en actividades de índole, sobre todo, electoral.
El monto de indemnización es de más de USD 7 millones, multiplicado por tres que es el coeficiente que establecía el art. 286 del Código Penal, es decir, unos USD 23 millones.
Para el doctor Salvador, esta sentencia sentará un precedente para el país, debido a que nunca en la historia del país los más altos funcionarios de un Gobierno han sido acusados y han estado en posibilidad de ir a prisión.
