BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 02 de enero de 2020
UCS/01
Caso sobornos: 21 procesados pasan a juicio en la Corte Nacional Justicia
Tras el llamamiento a juicio de los 21 de 24 procesados por el caso Sobornos 2012-2016 por parte de la jueza nacional Daniella Camacho, el proceso pasa nuevamente a la Corte Nacional de Justicia para el sorteo de los jueces que integrarán el tribunal penal.
La Procuraduría General del Estado continuará como acusadora particular a esos acusados por el delito de cohecho agravado, tipificado en el artículo 286 del Código Penal, vigente al momento de los hechos.
Este artículo señala que “todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que, por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieren ejecutado, en el ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubieren abstenido de ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor y con multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a más del triple de lo que hayan percibido”.
En la actualidad, el delito de cohecho no ha sido despenalizado es imprescriptible y juzgable en ausencia, según el artículo 280, inciso segundo y cuarto del Código Integral Penal (COIP); y en el 233, inciso segundo de la Constitución de la República.
De esos procesados, 11 son exfuncionarios públicos, entre los que se encuentran el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.
El pasado 18 de noviembre de 2019, el titular de la PGE, Íñigo Salvador Crespo, expuso la validez y aplicabilidad de la norma, así como la teoría sobre el delito de cohecho y pidió el monto máximo de reparación, valorado en USD 23,3 millones.
Este organismo analizó el expediente de la investigación previa y la instrucción fiscal, de más de 700 cuerpos, que contiene informes periciales, evidencias documentales y testimoniales.
La Procuraduría General del Estado continuará como acusadora particular a esos acusados por el delito de cohecho agravado, tipificado en el artículo 286 del Código Penal, vigente al momento de los hechos.
Este artículo señala que “todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que, por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieren ejecutado, en el ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubieren abstenido de ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor y con multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a más del triple de lo que hayan percibido”.
En la actualidad, el delito de cohecho no ha sido despenalizado es imprescriptible y juzgable en ausencia, según el artículo 280, inciso segundo y cuarto del Código Integral Penal (COIP); y en el 233, inciso segundo de la Constitución de la República.
De esos procesados, 11 son exfuncionarios públicos, entre los que se encuentran el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.
El pasado 18 de noviembre de 2019, el titular de la PGE, Íñigo Salvador Crespo, expuso la validez y aplicabilidad de la norma, así como la teoría sobre el delito de cohecho y pidió el monto máximo de reparación, valorado en USD 23,3 millones.
Este organismo analizó el expediente de la investigación previa y la instrucción fiscal, de más de 700 cuerpos, que contiene informes periciales, evidencias documentales y testimoniales.
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