El equipo de la Procuraduría General del Estado presentó pruebas en el caso Vicuña

Hoy, en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de juicio en contra de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien es acusada de haber cometido el delito de concusión (petición de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas de un funcionario abusando de su cargo o funciones).

La Procuraduría General del Estado señaló que la acusada se valió de su calidad de asambleísta para pedir la entrega de USD 23.300 a sus colaboradores. Este criterio fue reforzado posteriormente por el director Nacional de Patrocinio de la PGE, Marco Proaño, quien manifestó, en su alegato de apertura, que la Procuraduría participa como acusador particular en este caso porque, con el delito de concusión, se ha visto afectada la eficiencia de la administración pública.

Proaño indicó que desde el 2011 al 2013 Vicuña habría solicitado a Ángel Sagbay el pago de aportaciones para el movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista.

A la vez, cuestionó la existencia de esta agrupación política porque no está registrada en el Consejo Nacional Electoral.

Por su parte, la defensa técnica de Vicuña indicó que durante la audiencia probarán que sí existe el ABA y que Sagbay fue integrante de aquella agrupación y que al no ver cristalizadas sus pretensiones individuales chantajeó a Vicuña con la intención de obtener contratos y altos cargos públicos. Por esa razón desfiguró la naturaleza de los aportes.

Posteriormente, la audiencia entró en la fase de pruebas, con la presentación de tres peritos y con la recavación de los testimonios de los testigos que se encuentran a favor y en contra de la exvicepresidenta.