Procurador General del Estado presenta denuncia contra legislador de UNES, Ferdinan Álvarez
El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, presentó la mañana de este miércoles ante la Fiscalía del Estado una denuncia contra el legislador Ferdinan Álvarez, de la bancada de UNES, por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida.
El asambleísta Álvarez, quien el 4 de octubre de 2021 solicitó el enjuiciamiento político del Procurador General del Estado, en declaraciones públicas difundió el contenido del oficio reservado No. 203 R de 1 de julio de 2021, remitido por el Procurador General del Estado al Presidente de la República, en relación al proceso de ejecución del laudo arbitral dictado en el caso Perenco.
El referido oficio reservado se encuentra protegido bajo las normas de reserva y confidencialidad que amparan su emisión de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Administración y Custodia del Fondo Documental de la PGE, en concordancia con el inciso primero del artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que disponen la reserva de los documentos declarados por la autoridad.
En consecuencia, se presume que el asambleísta Álvarez de UNES ha difundido de manera ilícita información protegida por la reserva y confidencialidad, acción que se encuentra tipificada por el Código Orgánica Integral Penal en sus artículos 180 y 472, y sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
El Procurador General del Estado, luego de la entrega oficial de la denuncia, exhortó a la Fiscalía a realizar las investigaciones pertinentes.
“Que no se vaya a alegar que estoy tratando de impedir el derecho a fiscalizar que tienen los asambleístas. Yo estoy listo a someterme al control político y a la fiscalización de la Asamblea Nacional, siempre que sean ejercidos lícitamente y no a través del cometimiento de delitos”, dijo el Procurador.
“El juicio político solicitado por la bancada de UNES no es sino un acto de retaliación por haber presentado acusación particular en varios procesos penales que involucran a los jerarcas del correísmo y por exigir la repetición de las indemnizaciones que el Ecuador ha sido condenado a pagar como resultado de actos ilegales perpetrados durante el gobierno de Rafael Correa, como es la ordenada en el laudo del caso Perenco”, añadió.
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