BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 26 de mayo de 2020
UCS/117
El Procurador General del Estado cuenta las razones por las que se decidió finalizar los diálogos con Odebrecht
En una entrevista concedida a hoy a Radio Democracia, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo dijo que causó sorpresa, sobre todo a la opinión pública, que los diálogos con la compañía brasileña Odebrecht hayan tenido que terminar de forma abrupta.
Inicialmente el panorama era distinto ya que se pondrían de acuerdo para determinar objetivamente el monto del daño causado por esta compañía al Estado ecuatoriano por los actos de corrupción.
Sin embargo, las dos últimas cartas enviadas por Mauricio Cruz, nuevo director regional de esta compañía, decían básicamente que el Estado ecuatoriano tiene retenidos unos dineros, los cuales los deberían devolver para ellos pagar algunas obligaciones con el SRI, sus proveedores e incluso sus abogados; y lo que quede será para la indemnización por los daños causados.
Además, el representante de la compañía indicó que, si esto no ocurría simplemente los diálogos terminarían porque no estaban en capacidad de traer dinero al Ecuador. También daban a entender que la cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado concluiría.
El Procurador recordó que las conversaciones con Odebrecht iniciaron en julio pasado y hubo una segunda reunión en septiembre. En esa ocasión se determinó que el representante de Odebrecht de ese entonces, Félix Martins, se reuniría con el Contralor para establecer los montos, pero esa reunión no se pudo concretar por las movilizaciones violentas de octubre.
En diciembre, Odebrecht cambió de representante legal y también su actitud en la negociación, ya no había buena fe. “Lo que ellos pretendían es que se le devuelvan los dineros y lo que sobre sería para la indemnización. Otra de sus condiciones, además, era la posibilidad de retomar sus operaciones en el Ecuador”, expresó el titular de la Procuraduría.
Con las negociaciones “queríamos ahorrar al Estado recursos económicos por contratación de abogados y litigios”. Ahora Odebrecht deberá responder a las instituciones del Estado: al Servicio de Rentas Internas (SRI) por coactivas. La Contraloría General del Estado deberá determinar responsabilidades civiles, administrativas y eventualmente penales. La Fiscalía General del Estado deberá investigar a la compañía y a sus personeros; y, la Procuraduría deberá acompañar las demandas que las diferentes entidades contratantes de Odebrecht inicien. Citó como ejemplo a Petroecuador la cual iniciará un juicio por daños y perjuicios por el incumplimiento en el Poliducto Pascuales Cuenca.
La Procuraduría también realiza un seguimiento muy cercano a los juicios que se siguen en Estados Unidos, sobre todo en relación a Petroecuador. Si el Ecuador es víctima “haremos lo posible por recuperar fondos que se hayan perdido por corrupción”, indicó.
Para el doctor Salvador se dejó en claro -en la carta enviada al representante de Odebrecht, Mauricio Cruz- que en el acuerdo de cooperación eficaz no se estableció ningún condicionamiento para seguir con los procesos judiciales.
Cuando las instituciones del Estado se embarcaron en estas conversaciones lo hicieron de buena fe. “Creímos que podrían obtener una ventaja relativamente pronta al recuperar los dineros de la corrupción, pero en el fondo no había esa disposición y eso ha quedado en evidencia”. Se intentó llegar a una solución por medio del diálogo, pero si no funcionó, hay que acudir a los jueces y a las instancias administrativas establecidas por la Ley.
En cuanto a la lucha anticorrupción, el Procurador considera que es vital cambiar la forma de pensar de los ecuatorianos, algo que se logra desde los hogares y las escuelas. Es una situación que nos podría tomar un par de generaciones a más tardar.
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