BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 28 - 29 de septiembre de 2017
UCS/25
Caso Odebrecht:
Por el presunto delito de asociación ilícita, la PGE presentó acusación particular antes de la terminación de la instrucción fiscal
Como había sido anunciado desde el inicio de la instrucción fiscal en el caso de asociación ilícita relacionado con el esquema de corrupción de Odebrecht en el Ecuador, el día de hoy, 28 de septiembre de 2017, a inicios de la tarde, antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal, la Procuraduría General del Estado, presentó acusación particular en el proceso penal número 17721-2017-00222, por el presunto delito de asociación ilícita, en contra de los representantes de la Constructora Norberto Odebrecht en el Ecuador, así como de altos funcionarios públicos del Estado, servidores públicos vinculados con los proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos, representantes y accionistas de empresas intermediarias y proveedoras de Odebrecht y personas privadas que actuaron como intermediarias entre los servidores públicos y la referida empresa.
La acusación particular presentada por la Procuraduría General del Estado responde a un trabajo institucional realizado por un equipo de abogados del área de patrocinio penal que han seguido al detalle todas y cada una de las diligencias procesales desarrolladas dentro de la etapa de instrucción, manteniéndose ajena a las circunstancias políticas y al interés y seguimiento de la prensa nacional y del público en general. La Procuraduría General del Estado, representante judicial de los intereses del Estado, ha actuado y seguirá actuando con oportunidad y profesionalismo, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales.
Antecedentes del caso Odebrecht
Como se desprende de la información que hizo pública el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América a finales de 2016 y de la evidencia que ha sido incorporada al expediente fiscal, la empresa Constructora Norberto Odebrecht, varias de sus empresas relacionadas y representantes, habrían cometido actos de corrupción en relación a más de 100 proyectos en veinte países, incluido Ecuador. De acuerdo con la información original, este esquema de corrupción habría generado más de 33.5 millones de dólares en coimas, aunque al momento, sólo en el caso de asociación ilícita, ya se han detectado cerca de 40 millones en movimientos irregular de dinero. Para su realización, la empresa constructora se asoció ilícitamente con particulares que actuaban como intermediarios de altos servidores públicos, pertenecientes a varias instituciones del Estado.
La compañía constructora utilizó un esquema de corrupción, en el ámbito de la contratación pública, bajo un manto de aparente legalidad, propio de lo que doctrinariamente se conoce como una “desviación de poder”. Para ser adjudicataria de numerosos proyectos, sus funcionarios y representantes se asociaron con servidores públicos, intermediarios y particulares, a quienes les habrían entregado gratificaciones por la información privilegiada ofrecida a la empresa respecto de los contratos y por la emisión de informes por parte de la autoridad de control, en relación a las contrataciones, sin establecimiento de responsabilidades atribuibles al accionar de la empresa o levantando las que hubieren sido previamente determinadas.
La asociación ilícita es un delito en contra la seguridad pública y afecta en consecuencia directamente el interés público que la Procuraduría General del Estado debe defender. En el caso puntual, el esquema de corrupción utilizado ha afectado directamente al interés público, irrogando graves perjuicios al patrimonio del Estado. Por consiguiente, en uso de las atribuciones establecidas en los artículos 237.1 de la Constitución, artículos 2 y 3 (b) y (c), 6 inciso 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, y artículos 11.1, 11.2, 441.6, 432.3, 433 y 444 del Código Orgánico Integral Penal, la Procuraduría General del Estado presentó acusación particular y solicitó se ordene la reparación integral al Estado ecuatoriano, por el monto de cuarenta millones de dólares, conforme los elementos de convicción recabados por la Fiscalía General del Estado y que sirven para cuantificar la reparación integral.
La acusación particular fue presentada en la Corte Nacional de Justicia por el doctor Carlos Jurado, subdirector de lo Civil y Penal de la Dirección Nacional de Patrocinio de la PGE, en su calidad de delegado del Procurador General del Estado.
La PGE se reserva el derecho de presentar otras acusaciones particulares en los demás procesos iniciados o que se iniciaren en el futuro dentro del proceso de investigación del caso Odebrecht en el Ecuador.
Cumpliendo con lo dispuesto por el doctor Miguel Jurado Fabara, juez de la Corte Nacional de Justicia, el día de hoy 29 de septiembre de 2017 a las 10H00, el doctor Carlos Jurado Bedrán, subdirector de lo civil y penal y delegado del señor Procurador General del Estado compareció a la Corte Nacional de Justicia para reconocer su firma y rúbrica en la acusación particular presentada el día de ayer, dentro de la instrucción fiscal del caso de asociación ilícita Odebrecht.
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