Se abarcaron temáticas de gran importancia para la doctrina como: “La Escuela del Garantísmo y su influencia en las constituciones de América Latina”, este panel contó la ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz, abogado, profesor universitario, magistrado y político colombiano. Para el análisis de asuntos internacionales y arbitraje, los doctores: Javier Belaunde, jurista y catedrático peruano; Bruno Leurent, socio de Foley Hoag y Michael Schneider, miembro de LALIVE, discutieron el tema: “Litis pendencia y res judicata en arbitraje internacional: Tratamiento de reclamos en arbitrajes comerciales internacionales y arbitr4ajes de inversión”.
El señor Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, concluyó esta jornada académica con una conferencia magistral sobre “Principios y Derechos Constitucionales en el Arbitraje”, la cual abordó los siguientes temas: 1) La obligatoriedad de los árbitros de aplicar normas constitucionales, debido al principio de supremacía constitucional; tutela judicial efectiva, imparcial y expedita; seguridad jurídica; y, debido proceso: competencia y motivación. 2) Causales de nulidad del laudo arbitral. 3) Acciones para remediar violaciones a derechos y principios constitucionales en el proceso arbitral.
Tras un análisis de dichos puntos en concordancia con las disposiciones legales contenidas en la Constitución de la República y la Ley de Arbitraje y Mediación (LAM), así como la revisión de antecedentes jurisprudenciales, se arribó a las siguientes conclusiones: i) En todo proceso arbitral los árbitros, deben aplicar principios y derechos constitucionales en el ejercicio de sus funciones, a fin de garantizar a las partes la protección de sus derechos; ii) Las causales de nulidad establecidos en el Art. 31 de la LAM, están directamente vinculadas con principios y derechos constitucionales; iii) Los derechos y principios constitucionales vulnerados en un proceso arbitral pueden ser protegidos mediante una Acción Extraordinaria de Protección.
El evento contó con la participación de 420 personas, entre ellas: estudiantes de diferentes universidades de la ciudad de Quito, representantes de entidades y empresas públicas del poder judicial y legislativo.
