La Corte aceptó totalmente los argumentos de la República y concluyó que las transacciones efectuadas por los demandados con los créditos del Banco Central fueron fraudulentas.
El juicio, iniciado por el Banco Central del Ecuador, buscaba la recuperación de los valores que esta entidad concedió al Banco Continental como préstamos de liquidez que, de manera fraudulenta, fueron desviados a otras compañías del Grupo y, más tarde, reemplazados por activos sin valor.
Esta decisión deja sin efecto a las sentencias de las dos instancias inferiores de las Cortes de las Bahamas que desestimaron la demanda. La sentencia de primera instancia fue dictada el 3 de junio de 2010, y la del Tribunal de Apelación, el 22 de noviembre de 2012.
Luego de estas decisiones, el Estado ecuatoriano apeló ante el Consejo Privado de Londres, que es el tribunal de última instancia de las acciones procedentes de países de la Commonwealth, como las Bahamas.
El Estado deberá volver a las Cortes de las Bahamas para la liquidación final del monto que los Hnos. Ortega deben pagar al Ecuador.