BOLETÍN DE PRENSA PGE-CI-UCS-012
Quito, 17 de noviembre de 2018
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PRESENTÓ ACUSACIÓN PARTICULAR POR PECULADO CONTRA EXFUNCIONARIOS
DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN
La Procuraduría General del Estado presentó este viernes 16 de noviembre una acusación particular contra los exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM): Fernando Alvarado Espinel, exsecretario Nacional de Comunicación; Pablo Yánez Saltos, exsubsecretario Nacional de Comunicación, Juan Chiriboga Arteta, excoordinador Administrativo Financiero; Marco Antonio Bravo, exsubsecretario de Innovación y Nuevos Medios; Galo Pacheco Vásquez, exsubsecretario de Medios Institucionales; Javier Lemos Cordero, excoordinador Administrativo Financiero; Vanessa Salgado Chiliquinga, exdirectora Administrativa del Talento Humano; y contra los ciudadanos: Carlos Bravo Segovia, representante de la Compañía Productora Gota Azul Corpoazgo S.A.; y Elsa Vivanco Hidalgo, Gerente General de la empresa Satré Comunicación Integral Cía. Ltda; por encontrarse indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado.
Esta acusación, presentada a la Jueza Silvia Sánchez Insuasti, la realizó la Procuraduría General del Estado luego de analizar un informe de la Contraloría en donde se determinan Indicios de Responsabilidad Penal luego de analizar los gastos generados y procesos de contratación efectuados por la Secretaría Nacional de Comunicación, en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos realizados en diferentes lugares del país, entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.
El informe de Contraloría fue remitido a la Fiscalía General del Estado, el 6 de febrero de 2018 y puesto en conocimiento de la Procuraduría tres días después.
Luego de un análisis del informe de la Contraloría y la investigación de la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado determinó que existe:
a) Un convenio de pago suscrito entre Javier Lemos Cordero, en calidad de Coordinador Administrativo Financiero de la Secretaría Nacional de Comunicación y Elsa Vivanco Hidalgo, en calidad de Gerente General de la empresa Satré Comunicación Integral Cía. Ltda., por el valor de cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 58.240,00), incluido el IVA.
b) Un contrato suscrito entre Pablo Yánez Saltos, en calidad de Subsecretario Nacional de Comunicación; y el señor Víctor Enrique Sarango, en calidad de Técnico Especializado de Audiovisuales del Enlace Ciudadano; por el valor mensual de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.500,00) más IVA, dando un total de trece mil cuatrocientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 13.440,00), de acuerdo a la Certificación Presupuestaria No. 523
c) Un contrato suscrito entre Pablo Yánez Saltos, en calidad de Subsecretario Nacional de Comunicación; y, Carlos Bravo Segovia, en calidad de Gerente General de la Compañía Productora Gota Azul Corpoazgo S.A.; por el valor de ciento ochenta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 189.000,00) más IVA.
A través de estos tres instrumentos se ha perjudicado al Estado ecuatoriano por un monto total de doscientos ochenta y tres mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 283.360,00).
Con base en las diligencias realizadas dentro de la investigación previa y la instrucción fiscal, la Procuraduría General del Estado, en representación de la Secretaría Nacional de Comunicación por no poseer personería jurídica, acusó a las personas mencionadas por el delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal y en concordancia con el artículo 257 del Código Penal.
Los exfuncionarios públicos de la SECOM menoscabaron la confianza que, como funcionarios públicos les obligaba a la correcta administración de los fondos públicos, tomando en consideración que dicho patrimonio pertenece al Estado y que el abuso o disposición arbitraria del mismo, de manera dolosa, constituye una infracción penal.
Mientras que, Elsa Vivanco Hidalgo y Carlos Bravo Segovia fueron los beneficiarios de los fondos estatales emanados por la SECOM, ya que en sus calidades de Gerentes y Accionistas de las empresas SATRÉ y CORPOAZGO, respectivamente, recibieron los réditos correspondientes derivados del convenio y contratos anteriormente señalados.
Se espera ahora que, la Jueza Silvia Sánchez, de la Corte Nacional de Justicia determine fecha y hora para el reconocimiento de firma del Procurador General del Estado, quien suscribió la acusación.
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