FASE PREVIA

Antecedentes históricos

 El primer pozo petrolero en Ecuador fue descubierto en Ancón, península de Santa Elena, por la empresa inglesa Anglo, aunque solo hasta 1928 se iniciaron las exportaciones de crudo. En esa época, las exportaciones petroleras no superaban el 6 por ciento del total de las exportaciones del país.

Debido a la declinación natural de los primeros pozos, el país dejó de exportar crudo entre 1960 y 1971, aunque se producía para consumo interno. En 1960 el consorcio Texaco-Gulf comenzó la exploración en el área denominada Sacha. En 1961 el Estado ecuatoriano otorgó una concesión a la Compañía Minas y Petróleos del Ecuador pero en1967 ésta traspasó sin autorización del Gobierno parte de sus concesiones al consorcio Texaco–Gulf, razón por la cual el contrato fue caducado.[1]

El 27 de septiembre de 1971, se expidió una nueva ley de Hidrocarburos que, entre otras cosas, dispuso que el Estado debía recibir regalías del 6 al 16 por ciento de la explotación petrolera que aún persistía en el Golfo de Guayaquil, y además normaba la actividad petrolera, lo que marcó el inicio del ‘boom’ petrolero en Ecuador a partir de1972.

Luego de la creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), el 23 de junio de 1972, el consorcio Texaco–Gulf, construyó el Oleoducto Transecuatoriano. La nueva infraestructura permitió que el 17 de agosto de 1972, el Estado ecuatoriano realizara la primera exportación de 308.283 barriles de petróleo desde el puerto de Balao.

El 14 de junio de 1983, el gobierno ecuatoriano inició el proceso de licitación para la exploración petrolera mediante el contrato de prestación de servicios. Así, se licitaron 11 bloques: siete en la región amazónica y cuatro en costas afuera.[2]

Desde ese año, se han realizado 10 nuevas licitaciones o rondas petroleras, producto de las cuales se han firmado contratos con algunas empresas internacionales como: Occidental (Oxy), Belco, Texaco-Pecten, British Petroleum, Conoco, ELF, Braspetrol, YPF, Petrobras, Respol, Mobil, City, Arco, Amoco, Maxus, Triton, Agip, EDC, Burlington, Sinopec, y Cnpc, entre otras. La última de estas rondas tuvo lugar en diciembre de 2013 y se la denominó Ronda Suroriente.

 

1. Cronología de la presencia de Texaco en Ecuador

i. 1964 – 1974: contrato de concesión

El 5 de marzo de 1964, la República del Ecuador otorgó una concesión a la predecesora de Chevron, Texas Petroleum Company (“TexPet”) para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Región Amazónica del Ecuador. Esta concesión, que se conoció como la “Concesión Napo”, posteriormente fue transferida a la Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador, C.A. (CTPE) y a Gulf Ecuatoriana de Petróleos, S.A. (GEP), subsidiarias de Texaco, Inc. y de Gulf, Inc., respectivamente. La transferencia fue registrada en el Ministerio de Minas el 14 de marzo de 1964. El contrato de la Concesión Napo fue posteriormente modificado y las dos subsidiarias firmaron un nuevo contrato complementario el 27 de junio de 1969.

En enero de 1965, TexPet y Ecuadorian Gulf Oil Co. (“Gulf”) obtuvieron de CTPE y de GEP, respectivamente, el derecho a adquirir el 95 por ciento de las acciones que dichas compañías poseían sobre el petróleo, gas y otros hidrocarburos en la Concesión Napo, descontadas las regalías que el Gobierno adquiriría en especie y como consecuencia de la producción utilizada en las operaciones.

El 3 de febrero de 1971, el Gobierno creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), cuyo objetivo era explorar, producir, procesar, transportar y comercializar todos los recursos hidrocarburíferos dentro del territorio ecuatoriano. Ese mismo año, el Gobierno ecuatoriano, también aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos (la Ley de Hidrocarburos de 1971) que, entre otras cosas, introdujo nuevas formas de contratación para las concesiones y le otorgó a CEPE la facultad de explorar y explotar los yacimientos hidrocarburíferos por sí misma; celebrando contratos con otras empresas o constituyendo compañías de economía mixta.

El 14 de junio de 1972, mediante Decreto Supremo N° 430, se estableció que, en virtud de la Ley de Hidrocarburos de 1971, todos los concesionarios que se encontraran operando en el país debían celebrar nuevos contratos.

El 6 de agosto de 1973 la República del Ecuador celebró un nuevo contrato con TexPet y Gulf (el “Contrato de 1973”). El objeto era la ejecución de actividades de exploración y extracción de petróleo. El Contrato de 1973 le otorgaba a CEPE la opción de adquirir en 1977 hasta el 25 por ciento de participación en la Concesión Napo. Adicionalmente, reducía el período de explotación para la Concesión Napo que inicialmente debía durar 40 años, esto es hasta 2004, estableciendo su vigencia hasta el 6 de junio de 1992.

El 10 de enero de 1974, mediante Decreto Supremo N° 9 se estableció que la participación del 25 por ciento de CEPE en la Concesión Napo comenzaría en 1974 y no en 1977 como se estableció originalmente. El 14 de junio de 1974, el Gobierno Ecuatoriano, CEPE, TexPet y Gulf suscribieron un acta donde se registraba que el 25 por ciento de la participación de CEPE y, en consecuencia, la participación de TexPet y de Gulf disminuiría del 50 al 37,5 por ciento para cada una. Esta transacción entro en vigencia el 6 de junio de 1974.

ii. 1977 – 1984: Consorcio CEPE-TexPet

El 27 de mayo de 1977, Ecuador, CEPE, y Gulf hicieron un acuerdo tripartito (el “Contrato Gulf de 1977”), por el cual, a partir del 31 de diciembre 1976, Gulf vendía a CEPE su participación restante en el Consorcio CEPE-TEXACO-GULF. Tras esta venta, CEPE adquirió una participación del 62,5 por ciento en el Consorcio mientras que TexPet mantuvo el 37,5%. TexPet, sin embargo, siguió actuando como operador.

El 16 de diciembre de 1977, el Ministro de Recursos Naturales, el Ministro de Finanzas, CEPE y TexPet suscribieron un Contrato de Exploración y Desarrollo (el “Contrato de 1977”) con el cual TexPet y CEPE asumían una serie de compromisos recíprocos y parámetros económicos que eran parte del Programa de Trabajo anual para 1978, y que estaría vigente durante un año. El contrato conllevaba un compromiso de inversión por parte de TexPet de USD 31 millones.

iii. 1988 – 1992: cambio del operador y extinción del Contrato de Concesión

El 21 de septiembre de 1988, CEPE notificó a TexPet que asumiría el cargo de Operador del Consorcio el primero de julio de 1990.

El 5 de septiembre de 1989 se creó la Empresa Estatal de Petróleos de Ecuador (Petroecuador). Como consecuencia, CEPE se disolvió y sus recursos, derechos y obligaciones fueron transferidos a Petroecuador.

Desde el inicio de la concesión hasta el 1 de julio de 1990, TexPet actuó como operador del Consorcio. Durante este periodo, TexPet, fue el responsable de la determinación de los métodos y la forma de llevar a cabo las operaciones de perforación y explotación, incluyendo la eliminación de los lodos de perforación y otros desechos; suministro de agua; desechos de producción; aguas residuales; vertidos de petróleo crudo; y, la eliminación del petróleo que no podía ser producido y guardado para su venta o refinación

El primero de julio de 1990, Petroecuador asumió el cargo de Operador del Consorcio. Al abandonar Tex Pet su rol de operador, continuó como parte del Consorcio, como socio capitalista, durante los dos años restantes de la Concesión de 1973.

El 25 de marzo de 1991, Petroecuador y TexPet suscribieron un nuevo contrato de operaciones (el “Contrato de Operaciones de 1991”), inscrito en el Registro de Hidrocarburos el 11 de julio de 1991. Los términos y condiciones de este contrato reflejaban que las inversiones de TexPet estaban finalizando, dado que el Contrato de 1973 se extinguiría en el año 1992.

El 6 de junio de 1992 se extinguió la Concesión otorgada por Ecuador a TexPet y Gulf en 1973. La participación en el Consorcio del 37,5 por ciento que pertenecía a TexPet pasó a Petroecuador. TexPet decidió no continuar con nuevas inversiones en el país. Precisamente en ese mismo día, cuando finalizó la Concesión, TexPet publicó un “Editorial de Despedida” en el diario de mayor circulación de Ecuador, mediante el cual anunciaba su partida del país y su gratitud al pueblo ecuatoriano. Adicionalmente, como parte de su salida, TexPet terminó su relación laboral con los empleados que quedaban en Ecuador.

iv. El Litigio de Aguinda en Estados Unidos

En noviembre de 1993, un grupo de pobladores de la Región Amazónica (Aguinda y otros[3]) plantearon una acción ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de Texaco, debido a la contaminación de bosques y ríos en la zona de sus operaciones entre 1964 y 1992.

Durante el juicio, Texaco buscó que se deseche la acción a través de varias teorías, entre ellas la del forum non conveniens, pues a su juicio las Cortes de los Estados Unidos eran un “foro inconveniente” para conocer las demandas planteadas por los habitantes de la Amazonía ecuatoriana. En apoyo de esta teoría afirmó y sometió una cantidad de informes periciales, con los que demostró que las cortes ecuatorianas eran una “foro adecuado” para resolver este tipo de reclamos.

En 1996 la Corte de Nueva York acepto la teoría de Texaco y desechó la demanda.

v. Contratos posteriores a la terminación de la Concesión.

Luego de la terminación de la Concesión en junio de 1992, el 14 de diciembre de 1994, el entonces Ministro de Energía y Minas, PETROECUADOR y Texpet   suscribieron el Memorando de Entendimiento (MOU) para establecer los mecanismos mediante los cuales TexPet sería liberada de los reclamos que dichas instituciones pudieran tener sobre los impactos medioambientales en relación con la Concesión. Los artículos I (d) y VIII del Memorando determinaban con claridad a las partes y su alcance, que no involucraba derechos de terceros, tal como se verifica de los textos a continuación:Art. I (d): Establecer los mecanismos mediante los cuales Texpet ha de ser liberado de todo reclamo que el Ministerio [de Energía y Minas] y PETROECUADOR podrían tener contra Texpet con respecto al impacto medioambiental causado como consecuencia de las operaciones del anterior Consorcio PETROECUADOR-TEXACO.

El art. VIII del Memorando de Entendimiento establecía que:

“Las disposiciones de este Memorando de Entendimiento se aplicarán sin perjuicio de los derechos que posiblemente tengan terceros por efecto negativo causado como consecuencia de las operaciones del anterior Consorcio PETROECUADOR-TEXACO.”

Aunque Chevron y Texaco afirman que el Artículo VIII solo se restringía a los ‘reclamos por lesiones corporales’ alegados por terceros, el texto del artículo es claro en que no se limita a daños personales.

El 4 de mayo de 1995, el Ministerio de Energía y Minas, PetroEcuador, y TexPet celebraron un Contrato de Liquidación, cuyo Anexo A contenía una descripción general del Trabajo de Remediación Medioambiental, que se debía redactar en mayor detalle en un Plan de Acción de Remediación responsabilidad de TexPet.

El párrafo 5.1 del Contrato de Liquidación de 1995 establecía que:

En la fecha de celebración de este Contrato y en consideración del acuerdo de TexPet de realizar el Trabajo de Remediación Medioambiental de acuerdo con el Alcance del Trabajo especificado en el Anexo A, (. ..) el Gobierno y Petroecuador liberarán por el presente contrato, absolverán y eximirán para siempre a Texpet ). ..) Texaco, Inc., y todos sus agentes, servidores, empleados, funcionarios, directores, representantes legales, (…) sucesores, predecesores, principales y subsidiarias de todos los reclamos del Gobierno y Petroecuador contra los beneficiarios de las liberaciones de responsabilidades por los efectos negativos medioambientales originados en las Operaciones del Consorcio, salvo aquellas relacionadas con las obligaciones contraídas bajo el presente contrato para el cumplimiento del Alcance del Trabajo por parte de Texpet.

Desde la primera hasta la última página, el Contrato de Ejecución y Liberación de 1995 establece que dicho contrato es aplicable únicamente a las partes. No solo se especifican con claridad y en detalle las Partes Contratantes y las beneficiarias, sino que la exención incluida en el Artículo 5.1 identifica su alcance de manera expresa e inequívoca. La exención deja en claro que las únicas partes que liberan respecto de sus reclamos son el Gobierno y Petroecuador.

El Gobierno y Petroecuador liberarán, absolverán y exonerarán para siempre por medio del presente documento… a “Las Exoneradas” de “todos los reclamos del Gobierno y Petroecuador contra las Exoneradas por los Efectos Adversos en el Ambiente originados en las Operaciones del Consorcio”[4].

El 17 de noviembre de 1995, Texpet, el Ministerio de Energía y Minas y Petroecuador suscribieron el “Convenio Transaccional y Finiquito”, a través del cual los comparecientes reconocían mutuamente que “por este convenio se extinguen todos los derechos y obligaciones que cada una de las partes tenga con respecto a la otra emanadas del contrato con fecha 6 de agosto de 1973”, es decir, el Contrato de Concesión de 1973.

En mayo de 1996, TexPet celebró contratos de Liquidación y liberación de responsabilidades con cuatro municipalidades de la Región Amazónica que habían interpuesto reclamos en su contra por contaminación medioambiental. Fruto de esta liquidaciones la compañía entregó aproximadamente USD3,8 millones para trabajos de infraestructura, que incluían la instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado. Cada contrato de Liquidación establecía una liberación de los reclamos de la municipalidad respectiva contra TexPet, Texaco, otras compañías filiales o compañías relacionadas, y sus agentes, empleados y directores, entre otros.

Fuera de la esfera de estos contratos, el 11 de mayo de 1997 entró en vigencia el Tratado Bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Ecuador y los Estados Unidos de América, que fuera suscrito el 27 de agosto de 1993.

El 30 de septiembre de 1998, el Ministerio de Energía y Minas, PetroEcuador, y TexPet suscribieron un “Acta Final” que evidenciaba el hecho de que TexPet había cumplido totalmente sus obligaciones contractuales bajo el Contrato de Liquidación de 1995 y el Plan de Acciones de Remediación adoptado en conformidad con dicho documento.

El 27 de agosto de 1993, Ecuador y Estados Unidos suscribieron el Tratado Bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, que entró en vigencia el 11 de mayo de 1997.

vi. El Litigio de Lago Agrio

Luego de la desestimación de la reclamación en EE.UU, los demandantes del caso Aguinda, en 2003 replantearon su reclamo ante la Corte Superior de Nueva Loja, en la provincia ecuatoriana de Lago Agrio.

Previo al inicio de este caso, en 2001, Chevron Corporation, suscribió un contrato de fusión con Texaco para formar la “Chevron Texaco Corporation”. Posteriormente, Chevron Texaco Corporation cambió su nombre para convertirse en la actual “Chevron Corporation”.

El 14 de febrero de 2011, el Presidente de la Corte Superior de Sucumbíos, como juez de primera instancia, emitió su sentencia determinando que Chevron era responsable por los daños ambientales reclamados en la demanda, por lo que la condenó al pago de una indemnización total de USD 18 mil millones.

Tanto Chevron como los Demandantes en Lago Agrio apelaron la sentencia y el 3 de enero de 2012 la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos ratificó la sentencia de primera instancia.

El 12 de noviembre de 2013, la Corte Nacional de Justicia dictó la sentencia por el recurso de Casación interpuesto por la compañía Chevron-Texaco. La Corte Nacional de Justica casó parcialmente la sentencia y estableció que no procede la condena ni el pago de una indemnización por los siguientes conceptos: i) los daños punitivos, pues no se encuentran previstos en la legislación ecuatoriana; y ii) las disculpas públicas. Por lo demás ratificó la sentencia de apelación.

Se encuentra pendiente un recurso extraordinario de protección interpuesto por Chevron ante la Corte Constitucional, el 23 de diciembre de 2013. El 20 de marzo de 2014, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la Acción Extraordinaria de Protección.

[1] HITOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA. PETROECUADOR 1829-2002. Petroecuador. Pág. 10.

[2] Id. Pág. 38

[3] La acción fue así denominada debido a que el primer apellido de los reclamantes era el de María Aguinda.

[4] Contrato de Ejecución y Liberación de 1995, artículo 5.1 (énfasis agregado).