RESPONSABILIDAD: TRACK1A LAUDO PARCIAL

CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY,

Demandantes,

– y –

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Demandada.

 

PRIMER LAUDO PARCIAL SOBRE EL “TRACK I”

17 de septiembre de 2013

 

 

Para efectos del laudo y para resolver los puntos a los que se refiere la fase I de responsabilidad el Tribunal toma tres documentos principales: (i) El acuerdo de Liberalización de 1995 (ii) Las liberalizaciones de 1996 efectuadas por los gobiernos municipales y provinciales; iii) El acta final de liberalización de 1998.

 

i) El Acuerdo de Liberalización de 1995, celebrado el 4 de mayo de 1995 el Tribunal toma como relevantes los siguientes hechos:

 

–       El acuerdo de 1995 fue suscrito en papel membretado del Ministerio y contenía el escudo de armas del Ecuador. Además de ser suscrito por el Ministro de Energía y Minas, participó un alto oficial de Petroecuador y dos representantes de Texpet.

 

–       El Acuerdo de 1995, definió la liberalización de la siguiente forma:

 

1.12 La liberalización, bajo la provisiones del artículo V de este Contrato, de todas las obligaciones legales y contractuales y de la responsabilidad del, frente al Gobierno y PETROECUADOR, por Impacto Ambiental resultante de las Operaciones del Consorcio, incluyendo cualesquiera demandas que tengan o puedan tener tanto el Gobierno como PETROECUADOR contra TEXPET, como resultado de los Convenios del Consorcio

 

5.2 El Gobierno y PETROECUADOR entienden por demandas cualquier y todas las demandas, derechos de demandas, deudas, embargos, acciones y multas por causas de orden común, de derecho civil o de equidad, basadas en contratos o hechos dolosos, causas de acción y penalidad constitucionales, estatutarias, regulatorias (incluyendo, pero no limitándose a causas de acción bajo el Artículo 19-2) de la Constitución Política de la República del Ecuador, Decreto No. 1459 de 1971, Decreto No. 925 de 1973, la Ley de Aguas, R.O. 233 de 1973, ORD No. 530 de 1974, Decreto No. 374 de 1976, Decreto No. 101 de 1982 o Decreto 2144 de 1989, o cualquier otra ley o regulación de la República del Ecuador que sea pertinente), costos, juicios, liquidaciones, y honorarios de abogados (pasados, presentes, futuros, conocidos o desconocidos) que el Gobierno o PETROECUADOR tengan o puedan tener en contra de cada liberalización relacionados de alguna manera con la contaminación, que exista o pueda surgir, directa o indirectamente, de las Operaciones del Consorcio, incluyendo, pero no limitándose, a consecuencias de todos los tipos de daños que el Gobierno o PETROECUADOR pudieran alegar con respecto a las personas, propiedad negocios, reputaciones, y todos los otros tipos de perjuicios que se puedan medir en términos de dinero, incluyendo pero no limitándose a transgresiones, molestias, negligencia, responsabilidad estricta, incumplimiento de garantía, o cualquier teoría o teoría potencial de recuperación

 

Los Decretos mencionados establecen acciones disponibles para el Ecuador para la prevención y control de la contaminación, contaminación de agua, y regulaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos.

 

–       La referencia al artículo 19-2 de la Constitución es relativa a la acción disponible para el Ecuador sobre Los Derechos de las Personas y la garantía que el Estado otorga a cada persona:

Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la persona, el Estado le garantiza:

 

…. El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

 

 

–       El Acuerdo de 1995 no contiene una definición de Leyes o Foro, pero no existe disputa de las partes en que el Acuerdo debe ser interpretado bajo las Leyes ecuatorianas. (Pár. 16 – 29)

 

ii) Los Acuerdos de Liberalización suscrito por Texpet con las municipalidades de Shushufindi, Francisco de Orellana; Lago Agrio y Joya de los Sachas; con la prefectura de Sucumbíos y con el consorcio de Municipalidades de Napo.

 

En estos 6 acuerdos, Texaco fue liberado de responsabilidad respecto su operación. (Pár. 30)

 

iii) El Acta final de liberalización, suscrita el 30 de Septiembre de 1998, como consecuencia del Acuerdo de 1995.

 

–       En esta acta final, el Demandado, (a través del Ministro de Energía y Minas) PetroEcuador, PetroProduccion certificaron que Texpet había cumplido con todas sus obligaciones bajo el Acuerdo de 1995 y se liberó a Texpet de cualquier responsabilidad ambiental producida por las operaciones del Consorcio.

–       El Articulo IV de dicha Acta dice:

 

IV De conformidad a lo convenido en el Contrato para la Ejecución de Trabajos de Reparación medioambiental y Liberalización de Obligaciones, Responsabilidades y Demandas, arriba especificado, el Gobierno y PETROECUADOR proceden a liberar, absolver y descargar para siempre a TEXPET ; Texas Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador S. A. Texaco Inc., y a todos sus respectivos agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, abogados, indemnizados, garantes, herederos, administradores, ejecutores, beneficiarios, sucesores, predecesores, principales y subsidiarias, de cualquier demanda o reclamación del Gobiernos de República del Ecuador, relacionados con las obligaciones adquiridas por TEXPET en el mencionado contrato, que han sido cabal y totalmente ejecutadas por TEXPET, dentro del marco de lo convenido con el Gobierno y PETROECUADOR; por lo cual las partes declaran cumplido y concluido el Contrato del 4 de mayo de 1995 y todos sus documentos alcances, actas, etc., complementarios(p. 31-32)

 

El Tribunal observa que la redacción contractual esencial que se trata en el artículo 5.1 del Convenio del Acuerdo 1995 es sustancialmente la misma en el Artículo IV del Acta final, y, en consecuencia, las cuestiones relativas a la interpretación y el efecto de este último son tratadas de la misma forma en este Laudo. (p. 33)

 

El Tribunal expresamente aclara que en este laudo no decide aquí el pleno efecto legal del Acuerdo del 95 y el Acta final de 1998.

Establece además que los asuntos relativos a las pretensiones concretas de las partes están reservados para la decisión del Track II y no deben ser tomadas por las partes como un pronunciamiento sobre el fondo de la disputa. (p. 33- 36)

 

 

 

En particular el Tribunal concluyó que:

 

1.- Las partes convinieron que el Acuerdo de Liberalización sería interpretado bajo ley ecuatoriana y que la normativa aplicable sería aquella vigente al momento de suscripción del Acuerdo. Los efectos del Acuerdo alcanzan solamente a las partes, se optará por aquellas cláusulas que produzcan efectos, la interpretación se realizará de acuerdo con la naturaleza contractual, y en caso de ambigüedad los artículos se interpretarán a favor del obligado. (p.62-63)

 

2.- La naturaleza del acuerdo es bipartita y no tripartida, a pesar de los tres signatarios concurrentes. De acuerdo con el Tribunal, es claro que el Acuerdo tenía la intención de abordar “para siempre” todos los posibles reclamos medioambientales que pudieran surgir ya sea por parte del Ecuador o de Petroecuador en contra de TexPet, o aquellas que pudieran surgir de las operaciones del Consorcio (contrato de concesión y otros 9 acuerdos).

 

3.- Dada la naturaleza de los reclamos ambientales, estos no podrían estar limitados a pretensiones surgidas del contrato de concesión de TexPet, sino que deben extenderse a toda acción interpuesta. Es más, el artículo 1.12 establece que la liberalización alcanza cualquier reclamo, demanda, pretensión, por lo que no se limita a reclamos meramente contractuales. Sin embargo, El Tribunal considera que no existe ninguna estipulación en el contrato que prohíba que una tercera persona, por sus propios derechos, pueda demandar con una pretensión no-contractual. Hay una clara diferencia entre liberación e impunidad. Es más, el Acuerdo no hace referencia al Proceso de Aguinda y otros, aun cuando a la suscripción del mismo se encontraba sustanciándose en Nueva York. El Tribunal concluye que la liberalización para cualquier reclamo no-contractual era aplicable solamente para el Demandado y no para un tercero con derechos individuales. (p.75-81)

 

4.- De acuerdo al artículo 5 del Acuerdo, en el que se establece que la liberalización aplica para TexPet y su matriz Texaco, se sobreentiende que la intención de la partes era precisamente ser lo más amplios en el concepto. Por lo mismo, la liberalización alcanza tanto a la matriz presente, como a futuras. El Tribunal concuerda con las posiciones de Barros y Coronel, en el sentido de que al establecer “principales y subsidiarias” era innecesario incluir la palabra compañía ya que el sentido era obvio. Es ilógico considerar que la intención era limitar la concepción de “matriz” o “mandante” solamente a Texaco y no a futuras compañías. Por esas razones el Tribunal concluye que Chevron es una liberada bajo el Acuerdo de 1995 y se debe considerar como parte por lo que puede ejercer sus derechos y exigir un cumplimiento del mismo. (p.82-91)

 

5.- Al analizar el artículo 9.4 del Acuerdo, el Tribunal considera que al referirse a terceros, se hace alusión a terceros que no son partes en el mismo. Es absurdo pretender que una compañía considerada liberada bajo la cláusula 5, no se entienda como “parte”, al amparo del artículo 9.4.

 

6.- No resuelve en este Laudo Parcial respecto de:

– el incumplimiento o no del artículo 5;

– si el proceso de Lago Agrio trata sobre derechos individuales;

– sobre si las pretensiones en el proceso de Lago Agrio son similares aquellas del proceso de Nueva York;

– sobre el efecto específico de las reformas a la normativa ecuatoriana después de la suscripción del Acuerdo de 1995 y el Acta Final de Liberación de 1998, incluyendo la interpretación y Aplicación de la Ley de Gestión Ambiental. (p. 93)

 

7.- La liberalización ampara cualquier demanda realizada por el Demandado a Chevron, pero no las demandas planteadas por terceros respecto de derechos individuales, por lo mismo, no existe cosa juzgada sobre estas pretensiones o procesos ya que el Estado no puede transar sobre derechos que no le pertenecen.

 

8.- Los derechos difusos son aquellos derechos indivisibles tales como el derecho colectivo de la comunidad a un ambiente no contaminado. El Tribunal considera que esta definición era apropiada al momento de la firma del Acuerdo del 95 al que se incorporaban las leyes vigentes de la época. Igualmente, el derecho difuso e indivisible establecido en el artículo 19.2 de la Constitución, era el mismo antes y después de la suscripción del Acuerdo de 1995. Las partes no han controvertido que este artículo establece la obligación del Estado de garantizar un ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, al momento de la firma del Acuerdo en 1995, solamente el Demandado y nadie más, podía ejercer un derecho difuso al amparo del artículo 19.2 de la Constitución. Así las cosas, el Estado, siendo el único que podía ejercer derechos difusos, es el único que podía transar sobre los mismos y así lo hizo. Lo que cambió después de 1995 fue el derecho de un particular a presentar una acción bajo el art. 19.2 lo cual fue confirmado por la ley de Gestión Ambiental de 1999. Sin embargo, el derecho de los individuos a presentar reclamos por derechos difusos no reviven los derechos transados por el acuerdo del 95 (p.94-107).

 

Por lo tanto el Tribunal considera que al amparo del Acuerdo de 1995 y del Acuerdo Final de Liberalización, cualquier pretensión o demanda invocando derechos difusos en contra de los “liberados” por parte del Estado, precluyó. Por lo mismo, también precluyó el derecho de terceros de plantear reclamos por derechos difusos.

 

El Tribunal afirmó de manera expresa que no se pronuncia sobre la naturaleza y alcance de las acciones populares establecidas en el Código Civil. De acuerdo a lo establecido por los testigos de las partes, parece ser que un Demandante no podría pretender una acción ambiental de carácter popular sin alegar un daño personal. Sin embargo, el tribunal prefiere tratar este tema más adelante. (p. 108- 109)